La dependencia confirma que Cruz Alberto Uc -quien ahora busca ser candidato a gobernador- mal manejó apoyos a productores en Chiapas, cuando fue delegado de Sagarpa. En Campeche, también fue delegado durante 237 días, con la anuencia de “Alito”.

Por Daniel Sánchez

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de febrero del 2021.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) confirmó que Cruz Alberto Uc Hernández -quien ahora busca la candidatura a gobernador de Campeche- fue sancionado por malos manejos de apoyos a productores, cuando fungió como delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (Sagarpa) en Chiapas.

La dependencia federal, encabezada por la secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, informó que “consiguió confirmar la sanción que impuso a un ex delegado federal en Chiapas de la entonces Sagarpa, por irregularidades detectadas en la operación del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) en el año 2016”.

Antes, el 13 de noviembre del 2015, bajo la anuencia de la administración de Alejandro Moreno Cárdenas, Cruz Alberto Uc -quien también ha coqueteado con los nuevos partidos Encuentro Solidario (PES) y Fuerza por México para ser candidato a la gubernatura- fue nombrado como delegado de la Sagarpa en Campeche, cargo en el que estuvo 237 días.

La SFP precisó que “las irregularidades fueron detectadas en una auditoría realizada por el Órgano Interno de Control (OIC) en la hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), que tras la correspondiente investigación, determinó que se había realizado una dispersión indebida de recursos a beneficiarios del PIMAF, cuyo objetivo era otorgar apoyos a pequeños productores de maíz y frijol, ya que no se contaba con los expedientes correctamente integrados y no se cumplía con los requisitos establecidos en la reglas de operación del programa”.

“Las irregularidades constituyen un uso indebido de funciones, de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, toda vez que no se cumple con el servicio que le fue encomendado a los servidores públicos”, indicó.

Por tal razón, agregó, el OIC en Sader le impuso al exfuncionario, en diciembre de 2019, una inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un plazo de 10 años y una multa resarcitoria por 57 millones 192 mil pesos.

En 2020, abundó, la persona sancionada inició un juicio de nulidad ante la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA); sin embargo, dicha instancia concedió la razón a la Secretaría de la Función Pública, al reconocer la validez de la sanción y emitir la sentencia definitiva.