La agresión fue primero minimizada y luego ocultada por autoridades escolares/Las amenazas de muerte de padres de responsables y maestros continúan hacia la familia que ha sufrido un exilio forzoso de su comunidad tras denunciar los hechos.

Por Kara Castillo/SemMéxico

PUEBLA, Pue. 1 de mayo de 2018.- Sonia Escobar calificó como “un infierno” el proceso de búsqueda de justicia en Puebla para su hija, Guadalupe N, de 13 años, quien fue torturada y violada sexualmente por tres de sus compañeros en el salón de clases de la Telesecundaria Jaime Torres Bodet en Calatepec, en el municipio de Tlatlauquitepec.

Las amenazas de muerte de padres de responsables y maestros continúan hacia la familia, que ha sufrido un exilio forzoso de su comunidad, tras denunciar los hechos.

Al salir de la Audiencia Inicial de Formulación de Imputación en el proceso 6/2018/JEJA en el Centro de Justicia Penal, la madre de la adolescente confirmó que los responsables faltaron a la primera audiencia que se realizó a un año de los hechos, por lo que fue diferida a una fecha que no se precisó.

Sonia Escobar reveló que el proceso por el delito de violación finalmente llegó a las autoridades luego de muchos intentos para que la Fiscalía General del Estado (FGE), abriera una carpeta de investigación por el delito de violación que este día se expondría ante la jueza Teresa Osorio Cuéllar, en el tribunal especializado en Justicia para Adolescentes.

El largo y tortuoso proceso legal emprendido por la familia de Guadalupe, que se ha visto forzada a salir de su comunidad, corre sin medidas cautelares de parte de la Fiscalía General de Justicia, pese a que la familia ha sufrido acoso y amenazas de muerte de parte de padres de los responsables y maestros que buscan frenar la denuncia.

“Vivimos con mucho miedo, temo que se cumplan las amenazas de quienes agredieron a mi hija. Un padre de los responsables me llamó y dijo que los maestros se están poniendo de acuerdo para vengarse de nosotras, que mejor le paremos a la acusación”, dijo a este medio Sonia Escobar.

A pesar de notificar a las autoridades esta y otras amenazas, autoridades no le han otorgado medidas de protección, aunque el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales que en el Título Sexto en el capítulo I establece las medidas y providencias precautorias para las víctimas que van desde la separación inmediata del domicilio, traslado a albergues de la víctimas y familia hasta vigilancia policial.

Agresión, primero minimizada y luego ocultada por autoridades escolares

El 3 de mayo del 2017, Guadalupe N fue agredida sexualmente por tres de sus compañeros al interior de un salón de clases, maestros y directivos de la Telesecundaria, incluso el director de sección, obstruyeron cualquier intento de denuncia de parte de las víctimas, primero negaron y minimizaron los hechos ante los padres de la niña de 13 años, luego trataron de convencerles para no llegar a tribunales.

Ante el DIF, maestras atestiguaron que habían visto “fotografías” que los adolescentes habrían difundido de la agresión y que “sólo se trataba de agresiones menores como que un alumno levantó la falda de Guadalupe.

Las docentes de la Telesecundaria se negaron a mostrar dichas fotografías bajo las consignas de que “era material privado” de los alumnos. Testimonios no comprobados citan que incluso los alumnos implicados habrían grabado un video donde se exhibe el hecho.

A esta violación tumultaria, se sumó un largo proceso de búsqueda de justicia. Guadalupe fue sometida a tres exámenes de médicos legistas para acreditar pruebas de la violación.

En el proceso destaca que a un mes de los hechos, uno de los galenos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) tras realizar las pruebas y análisis correspondientes, acreditó el desgarre vaginal, sin embargo se negó a certificar el delito de violación. Sonia confirmó que fue vuelta a citar, pues se atravesaba un período vacacional. Un nuevo diagnóstico finalmente se hizo oficial.

La madre de Guadalupe se dijo desesperada, pues a partir del día de la agresión su salud de la chica ha mermado, sus pies se han hinchado y con sus uñas se ha provocado daños en su cara.

“No puede dormir, no quiere comer… su cabello que llegaba a la cintura lo hemos tenido que cortar pues ella se lo mochó. Se agrede, sufre. Yo creo que siente que tiene la culpa. Esto ha sido lo más difícil. Yo seguiré exigiendo justicia, siempre, esto tiene que tener un fin”, insistió Sonia.

Pese a que el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales también establece que las víctimas u ofendidos deben tener la atención médica y psicológica, ésta ha corrido por cuenta de los padres que se dedican al campo y ahora auto-empleándose en cualquier actividad, estirando los ingresos con el que también pagan la renta de un cuarto en otra comunidad que tras el acoso y amenazas de sus agresores ocupan en situación de exilio.

Abogadas de senadora le pidieron parar el proceso

La familia de Guadalupe N denunció que dos abogadas del equipo de la senadora priísta, Lucero Saldaña, se acercaron a ella ofreciéndole ayuda legal, luego “revisar el proceso” le trataron de disuadir para que no se presentara a la audiencia que se realizó hoy.

“Aunque hay pruebas físicas de la violación sexual a mi hija que se asientan en la carpeta de investigación, estas personas me dijeron que la carpeta estaba hecha a favor de los agresores, que yo no iba a conseguir nada, que mejor lo dejara así pues estaba acusando a menores de edad y los iba a hacer llorar. Me aconsejaron que hablara con mi hija pues lo que ella necesitaba era atención”, narró.

Guadalupe y su familia, revictimizadas

Natalí Arias, presidenta del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social AC (CAFIS) y Gabriela Cortez directora de El Taller, se manifestaron previo a la audiencia exigiendo a autoridades se aplique justicia con perspectiva de género.

“Estamos aquí para recordarle a este juzgado que tiene en sus manos la posibilidad de generar un precedente respecto del acceso a los Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes y para demandar que este caso se encuadre en el Protocolo para juzgar con Perspectiva de Género, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un compromiso nacional e internacional para quienes imparten justicia”, dijo Hernández.

Arias reconoció que en esta exigencia de justicia, la víctimas han sido revictimizadas por autoridades de distintos niveles, acosadas por autoridades educativas, amenazadas por quienes abusaron de la menor, desprestigiadas frente a su comunidad y han vivido con la angustia esperando que alguien “por fin” de respuesta a la dimensión de lo sucedido.

Directoras de las organizaciones aseguraron que vigilarán de cerca el cumplimiento de Protocolo para juzgar con Perspectiva de Género que recomienda que la impartición de justicia se base en identificar si existen situaciones de poder que, por cuestiones de género, expliquen un desequilibrio entre las partes de la controversia.

Pide a las autoridades implicadas cuestionar estos hechos y valorar las pruebas desechando estereotipos o prejuicios de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género.

Así como ordenar las pruebas necesarias para visibilizar situaciones de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclararlas.

Las defensoras de los derechos humanos exhortaron a las autoridades poblanas a no desestimar la violencia sexual de la que fue víctima esta adolescente y exigieron garantizar el acceso a la justicia de la víctima y a su familia, en pleno cumplimiento de las leyes que promueven la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres.