Por María Colin, campañista legal de Greenpeace México

El pasado 9 de abril, gracias a la presión ciudadana de muchas personas, académicos, comunidades y representantes de la sociedad civil organizada, junto con la Coalición Ciudadana ante la Ley General de Bioseguridad (LGB), se logró evitar la aprobación en “fast track” de esta iniciativa, que esperaba ser devuelta al Senado.

En sesión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esa Cámara (Comarnat), diputado Arturo Álvarez Angli, no tuvo más remedio que abrir la Iniciativa de la LGB a consulta, antes de que sea discutida en el pleno de los Diputados.

En dicha sesión, fueron invitados representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de la Red Indígena; del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de Greenpeace para conocer puntos de vista a favor y en contra de la iniciativa, donde quedó claro que no se había realizado consulta a los pueblos indígenas, incumpliendo con los estándares de: previa, libre, informada y culturalmente adecuada.

La iniciativa está marcada por la privatización de los recursos genéticos y su conocimiento tradicional asociado, la ausencia de consulta pública e indígena, pasando por el intento de albazo legislativo cuando en la sesión del 22 de marzo pasado, el presidente de la Comarnat trató de aprobar la minuta sin que se cumpliera con la mayoría de diputados  integrantes de esa comisión, ya que solo logró juntarse 15 firmas de 30 de sus miembros, violando las disposiciones del reglamento de la Cámara de Diputados que exige la mitad más uno; e ignorando el mandato de la mesa directiva de la Cámara que requirió opinión de las Comisiones de Asuntos Indígenas y de Cambio Climático.

Resulta lamentable que la Iniciativa dedique solo dos artículos (30-31) para hablar de la conservación de la diversidad genética; que más allá de referir a un uso sustentable, pacta su mercantilización (art. 34); y abre la puerta a actividades extractivas como la minería y el fracking aún en áreas naturales protegidas (ANP).

Los legisladores tienen la oportunidad histórica de detener y rectificar el desaseado proceso legislativo que conllevó desde un inicio la Iniciativa de LGB al no consultar previamente a las comunidades o pueblos indígenas y equiparables, requisito indispensable para sanear este proceso al violar el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales y el artículo 2º de nuestra Constitución federal dado que es un proyecto de ley que conlleva impactos significativos para las comunidades y pueblos indígenas y la sociedad en general. Esperamos que actúen en aras del interés público.