La CNDH reconoce la trascendencia de derogar la calumnia en Colima, pero insiste en que en Campeche y otros 7 estados del país se elimine este tipo de delitos de los códigos penales estatales, porque son una amenaza para la libertad de expresión.

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de agosto del 2018.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció la trascendencia de la determinación del Congreso del Estado de Colima, al derogar el delito de calumnia del Código Penal de esa entidad, al considerar que limitaba la libertad de expresión y predisponía una amenaza para quienes ejercen el periodismo. Dicha reforma aún deberá publicarse en el Periódico Oficial de ese estado.

La Comisión Nacional llamó de nueva cuenta a los gobiernos y Congresos de los estados de Campeche, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Yucatán y Zacatecas para que se promuevan las adiciones y reformas necesarias para que lleven a cabo la despenalización de los denominados delitos contra el honor –calumnia, injurias y difamación, entre otros— y sean eliminados de los correspondientes Códigos Penales.

El organismo nacional recordó que dicha despenalización ha sido solicitada de manera reiterada por la CNDH y diversos organismos regionales e internacionales de derechos humanos, y citó que “en la Recomendación General 24 de esta Comisión Nacional, se incluyó un punto recomendatorio, con el fin de que aquellas entidades que contemplan ese tipo de delitos emprendan las acciones correspondientes para su derogación”.

Para esta Comisión Nacional, las agresiones contra periodistas y medios de comunicación deben ser vistas como patrones de conducta que requieren del compromiso permanente y decidido de todas las autoridades del país para erradicarlas lo antes posible. Armonizar la legislación con los criterios más avanzados de derechos humanos debe ser vista como parte de esa urgente tarea.

Aseguró que tanto la Comisión Interamericana, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han destacado en diversos informes y jurisprudencia que la permanencia de esos delitos en la legislación penal constituye por sí misma una amenaza para la libertad de expresión, y que de ninguna manera el derecho penal debe ser utilizado para perseguir a periodistas o cualquier persona por ejercer un derecho humano

“Asimismo, en la reciente resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU en que se determinó la responsabilidad por las agresiones contra la periodista Lydia Cacho, dicho organismo internacional solicitó al Estado mexicano, entre otros puntos, despenalizar esos delitos en todas las entidades federativas que aún los conservan”, puntualizó.