Organizaciones civiles alertan que las propuestas de Ley Nacional de Salud Mental y Ley General del Sistema Nacional contra las Adicciones, en análisis en la Cámara de Diputados federal, no respetan derechos humanos. De izquierda a derechaLey : Diana Sheinbaum (Documenta), Víctor Lizama (Documenta), Ángel M. Salvador (Documenta) y Víctor Gutiérrez (México Unido Contra la Delincuencia) | Foto: Cencos

Por Marcela Méndez/Cencos

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de enero del 2018.- Más de 50 personas y organizaciones de la sociedad civil expresaron esta mañana su rechazo a las iniciativas de la Ley Nacional de Salud Mental y de la Ley General del Sistema Nacional contra las Adicciones, presentadas ante la Cámara de Diputados el año pasado.

Mediante un comunicado, representantes de las agrupaciones civiles explicaron que estas iniciativas “reproducen un paradigma médico que invisibiliza y aísla a las personas con discapacidad y a los usuarios de sustancias psicoactivas”.

Diana Sheinbaum, investigadora de Documenta (una de las organizaciones firmantes), aseguró en conferencia de prensa que dichas iniciativas constituyen una violación a derechos fundamentales, como el derecho al consentimiento informado y a la capacidad jurídica.

Para las organizaciones, las iniciativas no promueven un modelo adecuado de atención a la salud, ya que privilegian la institucionalización de las personas –muchas veces sin su consentimiento, ya que son privadas de su libertad o detenidas arbitrariamente– en hospitales psiquiátricos y otras instituciones públicas o privadas que no son monitoreados regularmente y en las que los usuarios son víctimas de abusos.

El modelo de atención que los textos plantean tiene un enfoque biomédico y deja de lado aspectos como el empleo y la educación para los usuarios, además de que “propone plazos de privación de la libertad que no deben estar relacionados con el ámbito de la salud”.

Ley de Salud Mental contraviene convención internacional

Sobre la iniciativa de la Ley Nacional de Salud Mental, Víctor Lizama, también de Documenta, aseguró que la principal preocupación es que ésta contraviene lo estipulado por la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Por ejemplo, advirtió que en los textos se sigue viendo a las personas con discapacidad psicosocial como enfermos que deben recibir un tratamiento, para lo cual muchas veces se hacen a un lado sus derechos humanos y se limita su capacidad jurídica. Este último derecho es el que más se vulnera, aseguró, ya que otros son los que toman decisiones por las personas, otros son los que deciden qué debe hacerse para que tengan bienestar.

Sheinbaum explicó que actualmente no existe una legislación de salud mental, pero que la iniciativa no representa un avance, ya que no propone instituciones que monitoreen resultados, ni propone salvaguardas necesarias para evitar abusos y violaciones de derechos humanos.

“La salud mental en nuestro país se sigue atendiendo con base en ciertos prejuicios… las personas con discapacidad psicosocial que se encuentran en instituciones de salud públicas o privadas son objeto de innumerables abusos y violaciones a sus derechos humanos; es necesario cuestionar estos modelos de atención”, planteó.

Iniciativa tiene “lente criminalizador”

Víctor Gutiérrez, de México Unido Contra la Delincuencia, expresó que la iniciativa de la Ley General del Sistema Nacional contra las Adicciones “retoma un lente criminalizador” en contra de las personas que tienen un problema con el uso de sustancias, ya que el sistema establece que pueden ser internados de forma involuntaria y sin una evaluación médica propia.

“Nos preocupa la similitud del sistema con lo que actualmente se lleva a cabo en el sistema penal: tiene una similitud impresionante en la privación de la libertad”, expresó.

En la iniciativa, el hecho que no esté contemplada la vigilancia a los centros de tratamiento, significaría que quedarían sin castigo las violaciones, tortura y malos tratos que sufren los pacientes dentro de las instalaciones.

Según Gutiérrez, la experiencia internacional ha demostrado que un sistema de adicciones violento e invasivo a la libertad inhibe que las personas busquen ayuda, porque se encuentran con que las instituciones tienen potestad para castigarlo y colocarlo en una situación aún más vulnerable.

Según las organizaciones, además de no respetar en su totalidad los derechos humanos, las iniciativas no toman en cuenta a las poblaciones a las que están dirigidas.

Finalmente, Sheinbaum hizo énfasis en que no se está pensando en la salud mental como algo a lo que toda la población tiene derecho, y se centra únicamente en un colectivo, lo que implica continuar señalándolo.

Los integrantes de las organizaciones hicieron un llamado a la Cámara de Diputados para suspender el avance de estas iniciativas, y a abrir espacios de diálogo para que académicos, sociedad civil, personas usuarias y con discapacidad psicosocial puedan plantear un modelo de atención adecuado que respete los derechos de la población.