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4 abril, 2020 Comentarios desactivados en Recomiendan más déficit y más deuda para reactivación económica Ideas

Recomiendan más déficit y más deuda para reactivación económica

El Imco señala que México necesita urgentemente un verdadero plan de reactivación económica/Incrementar el déficit público y contratar deuda para financiar apoyos directos y reducción de carga fiscal/Hay que pasar de un plan de responsabilidad fiscal inflexible a uno de responsabilidad social urgente, y de la austeridad a la solidaridad.

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de abril del 2020.- El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) señaló que es urgente tomar medidas inmediatas y drásticas de reactivación económica, para lo que propone “incrementar déficit público y contratar deuda para financiar apoyos directos y reducción de la carga fiscal”.

“Urge un plan económico de corto plazo que mitigue los efectos de la crisis sanitaria que se vive en el país. México debe estar preparado para un escenario catastrófico que podría destruir los prospectos de desarrollo y transformación de cualquier proyecto político y económico de mediano y largo plazo”, alertó.

El organismo civil manifestó que “la pandemia de Covid-19 es el mayor reto sanitario y económico de las últimas décadas para todos los países del mundo. México entra a este panorama con una economía débil y finanzas públicas insuficientes”.

“Es urgente tomar medidas inmediatas y drásticas de reactivación económica. En el caso contrario, nuestro país se encontrará en el peor escenario posible: una economía deprimida y sin solvencia para atender una agenda social transformadora”, advirtió.

El Imco expuso que este domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará un plan de reactivación económica para enfrentar la crisis, el cual “debe contemplar acciones de corto plazo que mitiguen los efectos de la crisis sanitaria y de mediano plazo para comenzar la recuperación del dinamismo económico hacia el final de 2020”.

El Instituto Mexicano para la Competitividad propuso acciones de corto plazo, que retoman aprendizajes de políticas públicas implementadas en otros países e insiste en adoptar ideas planteadas por expertos en materia económica.

“¿Cuáles son las propuestas mínimas que los mexicanos necesitamos escuchar del presidente? Primero los trabajadores más pobres: proteger salarios y empleo. Los primeros afectados por esta recesión económica serán las personas asalariadas de menores ingresos. Los programas de apoyo emergentes deben estar dirigidos principalmente a la población económicamente activa en riesgo de perder su empleo o con disminuciones importantes de ingreso”, indicó.

“Pequeños negocios: defensa de las fuentes de empleo. Primero hay que atender a los trabajadores más vulnerables, pero inmediatamente después a las empresas más pequeñas que los emplean. Apoyar a los negocios, especialmente a los más pequeños, también es ayudar a las personas que viven de un salario”, agregó.

“El sector de pequeñas y medianas empresas depende de su flujo de efectivo diario para cumplir con sus obligaciones laborales. Necesitan estímulos fiscales, impuestos diferidos y reducción de la carga tributaria para hacer frente a la falta de ingresos durante la contingencia”, abundó.

Además de los mecanismos tradicionales de subsidio a pymes, la agrupación civil propuso “impulsar un programa de financiamiento a través bolsas alternativas de valores administradas por la banca de desarrollo con el objetivo de poder invertir en acciones de empresas medianas que den liquidez para operaciones. Esta medida debe ser acompañada de una reforma para facilitar la transición de empresas medianas a tipos de sociedades mercantiles con facultades para levantar capital en mercados bursátiles”.

También planteó “mejora regulatoria que suprima trámites y pagos para la apertura de empresas. Acelerar el desarrollo del sector fintech y abrir las restricciones al crowdfunding empresarial para generar opciones de financiamiento a negocios con estrés de liquidez”.

Igualmente, sugirió que “más allá de bajar la tasa de interés de referencia, el Banco de México debe tener facultades temporales otorgadas por el Poder Legislativo para comprar deuda pública y del sector privado no financiero. Ello requiere una reforma constitucional, y será necesario acotar este mecanismo a la emergencia para que no sea permanente. Así se podría complementar el financiamiento de una política federal de estímulos sociales y productivos en este año”.

“Además, el resultado práctico de este tipo de políticas sería la apertura de líneas de crédito al sector productivo. También el uso de los remanentes del banco central puede incluirse en el portafolio de opciones que necesita México para frenar la caída del dinamismo económico”, añadió.

Asimismo, dijo que es necesario que “la familia mexicana promedio tenga acceso limitado a créditos para sortear tiempos difíciles. Es momento de que el Estado use su acceso al sector financiero para ponerlo al servicio de las familias. El gobierno federal debe pasar de un plan de responsabilidad fiscal inflexible a uno de responsabilidad social urgente y de la austeridad a la solidaridad”.

“Incrementar el déficit público y contratar deuda. No hay, ni habrá pronto recursos disponibles por ingresos fiscales. Hay poco espacio fiscal para destinar recursos a un programa de rescate de corto plazo. El Estado puede financiar sus programas de apoyo con gasto, a partir de las siguientes fuentes: La línea de crédito por 60 mil millones de dólares que México tiene con el Fondo Monetario Internacional. Utilizar los remanentes del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios: 160 mil millones de pesos”, detalló.

“Definir un plan para solventar los pagos de la deuda. El proyecto político y económico actual eventualmente tendrá que regresar a sus compromisos iniciales en términos de tributación: no endeudamiento y no elevar o crear impuestos. Atender eficientemente estos objetivos de política pública no será fácil. México requiere de una reforma fiscal profunda. Una alternativa para elevar prospectos de recaudación en el mediano plazo involucra intervenciones que incentiven el uso de medios de pago electrónicos para incrementar los ingresos fiscales”, aseveró.

“Reducir el uso de efectivo podría incrementar los ingresos fiscales entre un 2 y 4 por ciento del PIB debido a una mejor fiscalización de los sistemas de pagos electrónicos y la reducción de la economía informal dependiente del dinero en efectivo”, mencionó.

Expuso que se tiene que “trabajar con lo que se tiene: gestión pública en tiempos de crisis. Ante el desempleo, una familia mexicana preferiría posponer proyectos de inversión como la remodelación y acondicionamiento de la vivienda para redirigir sus pocos recursos hacia necesidades urgentes, como comprar alimentos y medicinas”.

“El gasto público adecuadamente dirigido puede cambiar estas decisiones: Luz verde al presupuesto de salud y apoyos económicos, pausa a proyectos de inversión de largo plazo. El gobierno mexicano debe suspender temporalmente las obras que requieren un monto elevado de recursos de inversión pública, que podría ser destinada a mantener puestos de trabajo, especialmente en los pequeños negocios”, citó.

“Reenfocar los recursos de inversión pública comprometidos en las obras emblemáticas del sexenio permitirá hacer inversiones en investigación, desarrollo, medidas profilácticas y tecnología biomédica y hospitalaria que pueda ayudar a controlar la crisis. Estas inversiones pueden hacerse en conjunto con otros países para asegurar un impacto económico positivo de las mismas”, recomendó.

“Coordinación, colaboración y uso de infraestructura institucional. Todas las dependencias, entidades y niveles de gobierno tendrán que aportar a la bolsa, no solo de recursos monetarios sino también institucionales”, propuso.

“Usar los procesos ya establecidos para la entrega de programas sociales. Consolidar padrones de beneficiarios de programas sociales dispersos por toda la administración pública para identificar y generar un vínculo con familias y trabajadores informales que no cuenten con registro oficial ante las autoridades tributarias o de seguridad social”, especificó.

 

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