Morena propone modificar la Ley de Asociaciones Público Privadas, por irregularidades en la asignación de los contratos y porque generan deuda pública, y ejemplifica con que Peña Nieto adjudicó el proyecto del Hospital de Zumpango a Hinojosa Cantú, donante de la “Casa Blanca”.
CIUDAD DE MÉXICO, 11 de enero del 2018.- Para acabar con la corrupción del presidente Enrique Peña Nieto en la asignación de contratos público–privados en el sector sanitario y la generación de deuda pública que los acompaña, debido a su insostenibilidad financiera, la diputada federal por Morena, Araceli Damián González, propuso una reforma integral a la Ley de Asociaciones Público Privadas, mejor conocidas como APP’s.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha emitido diversos reportes sobre la opacidad e irregularidades en la operación y funcionalidad de los contratos de APP, y de ahí la relevancia de la mencionada iniciativa.
Ayer, ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presidenta de la Comisión de Seguridad Social presentó una iniciativa que modifica, adiciona y deroga diversas disposiciones de dicha legislación, con el fin de actualizar y fortalecer su marco jurídico.
La legisladora morenista denunció que desde que fue actualizada la citada ley en 2012, no ha beneficiado a toda la sociedad, porque las adjudicaciones de los contratos por parte del titular del Ejecutivo Federal a sus amigos y aliados se realizan de forma directa o disfrazada.
“Un caso es la APP del Hospital de Alta Especialidad de Zumpango, entregado por Peña Nieto a Hinojosa Cantú, el donante de la ‘Casa Blanca’. El gobierno estatal pagó un claro sobreprecio por este hospital, y los médicos y trabajadores han denunciado desabasto y subutilización de las instalaciones”, aseguró.
Damián González resaltó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha emitido diversos reportes sobre la opacidad e irregularidades en la operación y funcionalidad de los contratos de APP, y de ahí la relevancia de la mencionada iniciativa.
Explicó que la propuesta es que en la Ley de Asociaciones Público Privadas se indique que los proyectos tendrán una duración máxima de 20 años, con posibilidad de renovación, mediante la autorización expresa de la entidad convocante, de hasta 10 años adicionales.
También resaltar que la erogación máxima prevista en proyectos a cargo del gobierno federal será de uno por ciento del total del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado anualmente por los diputados federales.
Asimismo, que en los concursos para el desarrollo de los proyectos se configuren las bases que promuevan la máxima participación posible y la libre concurrencia de aspirantes, y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cree un fondo presupuestario de contingencias, destinado a financiar u operar los proyectos intervenidos o expropiados.
“En ningún caso, el sector público será responsable por el funcionamiento ineficiente de esquemas privados de negocio implementados en el marco de asociaciones público privadas, y deberán fortalecerse las penas por el incumplimiento de obligaciones del contrato de asociación”, recalcó.
Araceli Damián mencionó que otro caso de corrupción del mandatario del país es la asignación del contrato para el Hospital Regional de Mérida –del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)– a un familiar cercano a Carlos Salinas de Gortari, ex presidente de México, esto bajo el esquema de propuesta no solicitada.
“Lo señalado demuestra que los proyectos de APP, sobre todo en el sector sanitario, es la norma más que la excepción. Tienen además un impacto decisivo en las condiciones de vida la sociedad y afectan el derecho humano a la salud”, lamentó.
Por último, propuso reforzar la posición del Estado mexicano y del sector público durante las diferentes fases de la ejecución de recursos públicos-privados, así como garantizar la sostenibilidad financiera de los proyectos, para no comprometer aún más los recursos públicos.
“México enfrenta el desafío de erradicar la corrupción y de fortalecer los servicios públicos y garantizar un uso productivo y social del presupuesto de la nación”, enfatizó.
Los artículos a reformar y adicionar son el 2, 2 Bis, 10, 14, 22, 38, 42, 47, 55, 57, 58, 63, 67- 69, 71, 73, 75, 76, 76 Bis, 87, 92, 95, 97- 99, 101-105, 107-109, 111, 114, 117 – 119, 121, 122, 123, 123 Bis, 125, 126, 128, 129, 134 y 140 de la Ley de Asociaciones Público Privadas. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Economía de Cámara de Diputados.
