Ampliar catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa no reduciría impunidad, señala la investigadora del CIDE, Estefanía Vela.

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de enero del 2019 (Notilegis).- Estefanía Vela Barba, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), afirmó que la reforma al artículo 19 para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, podría legitimar la violación de múltiples derechos, y no reduciría la impunidad en el país.

Con esta medida, puntualizó la especialista, “no necesariamente se va a reducir el número de víctimas en el país, sino que tiene el potencial de multiplicarlo, habilitando un mecanismo de arbitrariedad estatal”.

Invitada por la Comisión de Igualdad de Género, Vela Barba, responsable del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del Programa de Derecho a la Salud del CIDE, habló del tema en el marco de la mesa de análisis sobre el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales a la minuta del Senado que reforma el artículo 19 constitucional, para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Expuso que es necesario “rechazar esta reforma, y, en su lugar, trabajar para garantizar efectivamente el Estado de derecho de nuestro país, reducir la impunidad y la violencia, atendiendo sus causas estructurales e institucionales”.

Actualmente, para todos los delitos, conforme a la Constitución y al Código Nacional de Procedimientos Penales, ya se puede solicitar la prisión preventiva. Por lo tanto, afirmó, si esta reforma no se aprueba, no perderíamos nada”.

Expuso que el mismo Senado de la República reconoció que esta medida “no resuelve per se el problema de inseguridad ni es en sí una medida dilatoria de la comisión de delitos”.

“Lo único que va a reducir la impunidad es trabajar, a fondo, en las capacidades institucionales de las autoridades encargadas de operar los sistemas en nuestro país”, indicó.

De aprobar esta iniciativa, apuntó, “no sólo creo que no vamos a ganar nada, sino se pueden generar costos perversos en distintas poblaciones”. Se va a legitimar la violación de múltiples derechos, incluidos el de la presunción de inocencia y a la libertad persona, precisó.

También enfatizó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), existe una desproporción y gran parte de las mujeres recluidas están sin condena, ni sentencia.

Entonces, abundó, con la ampliación de la prisión preventiva automática, “no solo vamos a garantizar que más personas, hombres y mujeres, vayan a la cárcel siendo inocentes, sino que también vamos a impactar a sus familias. Y, en concreto, a las mujeres, marginándolas aún más”.