Debaten sobre derechos humanos en el Senado y el presidente de la CNDH señala que está a favor de más y mejor seguridad, “pero no a cualquier costo”. “No deseamos gente que esté delinquiendo en las calles, no queremos que sigan haciéndolo, pero no queremos que haya gente inocente en las cárceles”.

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de diciembre del 2018.- La creación de una Guarda Nacional y la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, significan un retroceso en la protección de los derechos humanos, señalaron durante el conversatorio “Derechos Humanos”.

Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que no se debe militarizar la seguridad, porque significa un retroceso. Además, lo aprobado en relación con la prisión preventiva oficiosa, “nos parece lamentable”.

Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, también criticó la aprobación del artículo 19 constitucional la semana pasada, en el Senado.

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, afirmó que la Comisión a su cargo está a favor de más y mejor seguridad, “pero no a cualquier costo”. Esto, en alusión a la aprobación de la modificación al artículo 19 de la Constitución, la semana pasada en este recinto legislativo.

El ombudsman nacional afirmó que el eje trasversal debe orientarse en la defensa de los derechos humanos. No deseamos gente que está delinquiendo en las calles, no queremos que sigan haciéndolo, pero no queremos que haya gente inocente en las cárceles.

En su opinión, en estos momentos vivimos una peligrosa regresión de las conquistas por la igualdad, la justicia y libertad alcanzadas en un alto precio para la humanidad, en el mundo.

González Pérez señaló que en México, preocupa la coyuntura crítica permeada por la corrupción y la impunidad, donde la violencia que se hace presente en el territorio y en donde la falta de acceso a la justicia es tal vez el más desalentador mensaje para una sociedad muy lastimada, que sufre inequidad y discriminación. Debemos ceñirnos a los estándares internacionales en la materia, es una urgencia que debe atenderse.

El senador Emilio Álvarez Icaza dijo que el dilema es cómo resolvemos los reclamos de seguridad y justicia, como el caso de la aplicación de la Guardia Nacional y la prisión preventiva oficiosa, porque todavía no estamos en la construcción de acuerdos entre todas las fuerzas políticas.

Aseguró que la Declaración Universal tiene “letra viva reflejada en política pública”. Las leyes que se aprueben con perspectiva de derechos humanos deben servir para orientar la política pública, la acción gubernamental y la acción legislativa, de acuerdo con los compromisos del Estado mexicano.

“No podemos apostar a una realidad extraordinariamente loca, de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, esa realidad no se acepta; se acepta la realidad que transforma y construye la esperanza”, puntualizó.

Kenia López, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, recordó que el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos refiere la presunción de inocencia, y en contrasentido, la semana pasada en el Senado fue incrementado el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, lo que no va a disminuir la delincuencia o a generar paz, dijo.

“Una cosa dicen los artículos de la Declaración que hoy conmemoramos, y otra lo que el Estado y los mexicanos estamos viviendo o sufriendo”, agregó.

Xóchitl Gálvez, secretaria de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, comentó que para combatir a la delincuencia organizada y la inseguridad, el país necesita una policía científica y capacitar a la que ya existe. No una Guardia Nacional.