Durante la pandemia del coronavirus, Reporteros Sin Fronteras detecta censura de los Estados, difusión deliberada de noticias falsas y consecuencias en el derecho de los ciudadanos a contar con información fiable, y expresa su temor de que la lucha contra la desinformación sirva para acallar críticas.

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de abril del 2020.- El director regional para América Latina, Emmanuel Colmbie, informó que Reporteros sin Fronteras (RSF) denunció ante el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud, Dainius Pūras, y su homólogo sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, David Kaye, para que denuncien formalmente a los Estados que, al violar el derecho a la información durante la pandemia del coronavirus, ponen en peligro la salud de la población.

RSF manifestó que el 13 de abril de 2020, RSF presentó una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidad (ONU) para pedirle que intervenga y denuncie a los Estados que violan el derecho a la información durante la crisis sanitaria del coronavirus –a pesar de la pandemia o tomándola como excusa–, poniendo así en peligro la salud de las personas, tanto en su territorio, como en el resto del mundo.

Con este propósito, RSF dio a conocer que envió una carta de denuncia a los Relatores Especiales de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud, el lituano Dainius Pūras, y sobre la libertad de opinión y de expresión, el estadounidense David Kaye.

La agrupación internacional señaló también que puso en marcha el proyecto Tracker 19, una herramienta adaptada a la crisis sanitaria mundial que tiene el objetivo de evaluar el impacto de la pandemia en el periodismo.

“La información que se dio a conocer a la ONU fue recabada a través del Tracker 19, cuyo nombre hace referencia al Covid-19, pero también al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, indicó.

“El proyecto documenta la censura de los Estados, la difusión deliberada de noticias falsas y las consecuencias que esto tiene en el derecho de los ciudadanos a contar con información fiable”, agregó.

De esta manera, abundó, “se trata de hacer recomendaciones que favorezcan el ejercicio del periodismo. En la carta enviada a los relatores se denuncian casos de censura, detención arbitraria, acoso y violencia contra periodistas, así como el preocupante desarrollo de leyes represivas en 38 países. La lista no es exhaustiva”.

Detalló que tanto el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, como el de Estados Unidos, Donald Trump, increpan de forma violenta a los periodistas.

“Los gobiernos de Argelia, Jordania y Zimbabue han detenido a reporteros. En Hungría, una ley orwelliana ha instaurado un “Estado policial de la información”, mientras que en Camboya, el primer ministro se ha valido de la crisis generada por el Covid-19 para reforzar su poder. Por no hablar de China, donde la represión del periodismo permitió que la epidemia se propagara, primero en Wuhan y, después, por el resto del mundo”, citó.

RSF también expresó su gran preocupación por la vulnerabilidad de los periodistas que siguen encarcelados en Turquía y Arabia Saudí, a pesar de la epidemia.

En su misiva, RSF también pidió a los relatores de la ONU que pasen de las advertencias a la acción y hagan un “llamamiento urgente” a cada uno de los gobiernos de los países donde se han registrado violaciones a la libertad de prensa, que atentan contra el derecho a la salud. El objetivo es que se emprendan medidas concretas, por ejemplo, que se ponga en libertad a los periodistas encarcelados.

“La figura del Relator Especial forma parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Se da el nombre de Procedimientos Especiales a los mecanismos independientes de investigación y seguimiento que abordan tanto situaciones específicas de países como temas puntuales en todo el mundo”, explicó.

“Los Procedimientos Especiales dependen del Alto Comisionado de Derechos Humanos, que tiene su sede en Ginebra. Si las infracciones se confirman, los Relatores Especiales deben denunciar los hechos y pedir a los Estados que resuelvan los problemas. Los siguientes informes públicos que los relatores presenten al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de las Naciones Unidas permitirán calificar las situaciones observadas”, mencionó.

Lucha contra desinformación no debe ser para acallar críticas

La agrupación civil reveló que el 16 de marzo de 2020, David Kaye, junto con el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, y el Representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para la Libertad de los Medios de Comunicación, Harlem Désir, señalaron con firmeza la importancia de que los gobiernos proporcionen información fidedigna, de que protejan a los periodistas y de que luchen contra la desinformación.

“El nueve de abril, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por las medidas adoptadas por ciertos países para restringir la libertad de prensa y la libertad de expresión, así como su temor de que la “supuesta lucha contra la desinformación” pueda ser utilizada para acallar las críticas”, añadió.

En su carta, RSF solicitó también a los relatores especiales que recuerden públicamente que el derecho a la información es “inherente” al derecho a la salud.

“No sólo es un elemento esencial, sino que está necesaria e íntimamente ligado a él, y no se puede disociar. Reconocer que el derecho a la información es consustancial al derecho a la salud es un aspecto clave –sobre todo cuando lo que está en juego es la salvaguardia de la salud pública–, pues permite luchar de forma más eficaz contra las restricciones arbitrarias y la desinformación”, comentó.

“El reconocimiento de este vínculo intrínseco permitiría condenar las restricciones abusivas del derecho a la información y las violaciones del derecho a la salud. De esta manera, se garantizarían ambos derechos y se impediría que la protección de la salud pública sirva de pretexto para censurar la información”, asentó.

Recordó que la Declaración sobre la Información y la Democracia, aprobada en noviembre 2018 por una Comisión conformada por 25 personalidades internacionales, señala en su preámbulo que “el conocimiento es necesario para que los seres humanos desarrollen sus capacidades biológicas, psicológicas, sociales, políticas y económicas”.

“Basándose en esta declaración, 35 Estados firmaron el Pacto por la Información y la Democracia que reconoce el derecho a una información fidedigna. Este señala que “la información puede considerarse fiable cuando se recaba, procesa y difunde de manera libre, independiente y fundada […] cuando se elabora empleando diferentes fuentes […] en un paisaje mediático pluralista en el que los hechos pueden dar lugar a diferentes interpretaciones y puntos de vista”, aseveró.

“La pandemia del coronavirus obliga a luchar por el respeto a los principios de la libertad de prensa y del derecho a la información”, expuso Christophe Deloire, secretario general de Reporteros sin Fronteras.

“Tal como dice la Declaración sobre la Información y la Democracia, ‘el derecho a la información consiste en la libertad de buscar y recibir información fiable, así como de acceder a ella’. Violar este derecho significa poner en peligro la salud, e incluso la vida, de seres humanos. Esperamos que los Estados que violen este derecho sean denunciados públicamente por los órganos de las Naciones Unidas”, concluyó.