Llaman a dirigir los esfuerzos gubernamentales hacia políticas públicas interculturales/Buscan sumar esfuerzos para garantizar el derecho de acceso a la justicia de niñas y mujeres indígenas mayas.

Por Redacción/SemMéxico

MÉRIDA, Yuc. 5 de septiembre de 2018.- El sistema de justicia ha fallado en garantizar plenamente los derechos de las mujeres mayas en Yucatán, así lo da a conocer un pronunciamiento firmado por 30 promotoras mayas de seis municipios de Yucatán (Chikindzonot, Tekom, Tixcacalcupul, Chemax, Kinchil y Halachó), el Centro Alternativo para el Desarrollo Integral Indígena (CADIN), Apis Sureste Fundación para la Equidad, y EQUIS Justicia para las Mujeres, A.C.

En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, las firmantes señalan que esta situación ha sido evidente luego del trabajo que han realizado en a través del estudio de los derechos de acceso a la justicia, la realización de visitas institucionales, y el acompañamiento a mujeres y análisis de sentencias.

Frente a estas circunstancias, indican, “llamamos al nuevo gobierno a tender puentes de diálogo entre autoridades de procuración e impartición de justicia y mujeres y organizaciones indígenas, que permitan fortalecer el acceso de las mujeres mayas a la justicia y hacia una vida libre de violencias”.

Este colectivo identifica las siguientes áreas de oportunidad que consideran que pueden ser puntos de partida para dicho diálogo constructivo:

Dirigir los esfuerzos gubernamentales hacia políticas públicas interculturales que prevengan y atiendan la violencia contra las mujeres mayas.

Las autoridades deben tener en cuenta para el desarrollo de políticas públicas factores como la identidad étnica, lengua, territorialidad y diversidad de las mujeres indígenas para garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

Así como, reconocer el papel que juegan las autoridades comunitarias: Jueces de Paz y Comisarios Municipales en el desarrollo de programas de prevención, atención, protección, coordinación y canalización de los casos de violencia que se presenten en las comunidades.

Fortalecer al Ministerio Público para que cumpla con investigar y proteger a las mujeres mayas de manera diligente.

Mediante la capacitación a las personas servidoras públicas en derechos humanos, género e interculturalidad; el desarrollo e implementación de protocolos de actuación para la emisión, seguimiento y coordinación sobre las órdenes de protección; y el establecimiento de mecanismos periódicos de supervisión y vigilancia a su labor.

Se requiere dar mayor difusión de los servicios que presta la Fiscalía General del Estado e implementar Fiscalías itinerantes para acercar el servicio público a los municipios y comunidades mayas -tal como lo señaló en sus observaciones al Estado mexicano el Comité de la CEDAW-.

Incorporar defensores de oficio victimales para las mujeres en situaciones de violencia.

Dar prioridad en el presupuesto al fortalecimiento de las instituciones de procuración e impartición de justicia estatal y comunitaria.

Garantizar la igualdad y no discriminación en el acceso a la justicia de mujeres mayas.

Esto implica incorporar intérpretes y traductores en las instituciones de procuración e impartición de justicia, así como asegurarse de que dichos servicios estén disponibles en las dependencias y/o departamentos regionales.