El coordinador de la bancada de Morena, Virgilio Caballero, señal que con las reformas a la Carta Magna se cumple una demanda social y se hace a un lado la posibilidad de que los funcionarios evadan la acción de la justicia.

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de abril del 2018.- El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados federal, Virgilio Caballero Pedraza, señaló que con la supresión del fuero o inmunidad constitucional a los funcionarios, incluido el presidente de la República, aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados, por fin se hace a un lado la posibilidad de evadir la acción de la justicia al amparo de un cargo público y se atiende una demanda social que acaba con ese privilegio.

Al presentar el posicionamiento de Morena en torno a las reformas a diversos artículos de la Constitución Mexicana para eliminar el fuero a los servidores públicos, Caballero Pedraza expresó que con ello la izquierda en este país ve el cumplimiento de una demanda histórica.

“Esta Legislatura pasará a la historia al atender una demanda social que pone fin a estos privilegios. Con este dictamen se pone un alto a la protección de quienes han abusado de un puesto público para malversar los fondos públicos desde hace décadas”, puntualizó.

Desde la máxima tribuna del país, explicó que la idea del Constituyente de 1917 cambió de manera sustantiva, pues en un inicio era proteger a los legisladores, que a partir de la expresión de sus ideas o manifestaciones ideológicas para la formulación de leyes en el Congreso de la Unión herían la susceptibilidad del presidente de la República o de sus afines.

“No obstante la protección constitucional, se dieron casos de legisladores que fueron sujetos a procesos penales bajo criterios de juzgadores que consideraban una amenaza la manifestación de las ideas en contra del gobierno”, enfatizó el también integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Recordó que el presidente Plutarco Elías Calles promulgó una reforma al artículo 111 de la Carta Magna para amparar también al Poder Judicial, bajo el argumento que la decisión de un juez podría oponerse a las opiniones del Poder Ejecutivo, por lo cual fue necesario otorgarles la protección constitucional.

Sin embargo, agregó, en 1982, el entonces presidente priista Miguel de la Madrid amplió la inmunidad constitucional a los altos funcionarios, medida que se tradujo en impunidad, protegiendo a los ladrones del erario de la acción de la justicia.

En ese contexto, Virgilio Caballero hizo un llamado para que el Poder Legislativo fortalezca el sistema penal y que el Senado de la República saque adelante los nombramientos en la Fiscalía General y para que el Sistema Nacional Anticorrupción opere a plenitud.

Por su parte, durante la discusión en lo general del dictamen, el diputado Emiliano Álvarez López coincidió en que la supresión del fuero constitucional responde a una demanda legítima de la ciudadanía, porque abona herramientas legales para el combate de la corrupción.

“Es muy claro y objetivo el argumento: si existe inmunidad, la corrupción seguirá porque los delitos que no se castigan, tienden a repetirse”, subrayó el también integrante de la Comisión de Justicia.

Tras hacer un recuento histórico del establecimiento del fuero en México, expuso que el fuero constitucional no sólo protegía a diputados y senadores, sino también a funcionarios del Poder Judicial, así como al presidente de la República, gobernadores y hasta regidores, así como secretarios de Estado.

“El fuero pasó de ser una garantía de libertad de expresión, a ser un camino libre para abusar del poder y cometer actos ilícitos, sin consecuencias penales. Mantener el fuero no abona en nada en aumentar la confianza ciudadana en las instituciones de justicia”, subrayó.

A respecto, Álvarez López resaltó que desde el inicio de la actual Legislatura, la bancada de Morena pugnó por eliminar el fuero, debido a que la clase política está acostumbrada a asumir los costos de los escándalos mediáticos, pero no las consecuencias penales de los delitos que cometen.

Señaló que el panorama no era alentador si no se tomaba la decisión de modificar la Carta Magna en ese sentido, porque no se puede proteger a las personas que ocupan cargos públicos y trasgreden la ley.