La Fundación para el Debido Proceso lamenta y rechaza declaraciones de AMLO, con las que pretende “echar una sombra de sospecha sobre la labor que realizamos y el financiamiento que recibimos” y afirmar que “respondería a intereses económicos y no a convicciones democráticas”.

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de agosto del 2020.- La Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés), una organización regional con sede en Washington D.C., lamentó las recientes declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en las que la acusa de recibir dinero de fundaciones extranjeras para oponerse al megaproyecto del Tren Maya, pretendiendo “echar una sombra de sospecha sobre la labor que realizamos”.

La DPLF, que fue fundada en 1996 e integrada por profesionales de diversas nacionalidades, afirmó que su mandato es promover el Estado de derecho en América Latina, a través de la cooperación técnica con organizaciones e instituciones públicas y privadas y desde el derecho internacional de los derechos humanos.

En ese marco, precisó, desde hace casi dos décadas venimos realizando actividades de formación, investigación e incidencia pública en diversos estados mexicanos, en estrecha colaboración con organizaciones de sociedad civil e instituciones federales y estatales, contribuyendo a la promoción y defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas, el acceso a la justicia, la independencia judicial y autonomía fiscal, la prevención y el combate a la impunidad y la corrupción y, en general, al fortalecimiento del Estado de derecho.

“Para desplegar este trabajo, contamos con el apoyo y confianza de reconocidas fundaciones privadas y agencias públicas de cooperación internacional”, indicó.

En ese sentido, la Fundación para el Debido Proceso deploró “profundamente las recientes declaraciones del señor presidente del gobierno federal, Andrés Manuel López Obrador, en la mañanera del pasado 28 de agosto del presente año, que pretenden echar una sombra de sospecha sobre la labor que realizamos y al financiamiento que recibimos, llegando a afirmar que nuestra actuación respondería a intereses económicos y no a convicciones democráticas, algo que rechazamos tajantemente”.

DPLF aseguró que “trabaja a favor de los derechos humanos y el estado de derecho en México y América Latina, muchos años antes que se comenzara a hablar del megaproyecto denominado Tren Maya, no sólo en cooperación con organizaciones de sociedad civil mexicanas, sino también con entidades federales y estatales, como el reciente Programa de Formación en Derechos Humanos dirigido a funcionarios y funcionarias de la Procuraduría Agraria (PA) que llevamos a cabo en alianza con esta oficina federal, el convenio de cooperación con el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o la colaboración activa que tenemos con diversas universidades”.

“Lamentamos que el señor presidente, en vez de responder y absolver los razonables cuestionamientos y preocupaciones formulados en relación con el Tren Maya y utilizando las vías legales, propias de toda sociedad libre y democrática, pretenda desacreditar a algunas de las organizaciones nacionales e internacionales que han formulado o respaldado tales cuestionamientos”, reiteró.

“En América Latina, sólo gobiernos autócratas -de diversa orientación ideológica- han recurrido a este tipo de prácticas”, recordó.

En ese sentido, exhortó al señor presidente a responder y no a desacreditar las voces críticas al Tren Maya.

“Para comenzar, debería disponer que se permita el acceso a la información pública sobre este megaproyecto y debería atender las diversas recomendaciones ya formuladas por organismos internacionales de protección de derechos humanos en torno, entre otros temas, al derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas y a la protección del ambiente”, lo emplazó.