La diputada Adela Piña señala que la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados federal tiene entre sus objetivos principales erradicar la evaluación punitiva y laboral a los maestros y garantizar el derecho a la educación en todos los niveles.

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de octubre del 2018 (Notilegis).- La diputada Adela Piña Bernal, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados federal, aseguró que este órgano legislativo tendrá entre sus objetivos principales erradicar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa con fines punitivos y laborales, para sustituirla por formas y procesos verdaderamente pedagógicos, que se acoplen a las necesidades de cada región del país.

Al instalar la Comisión, la legisladora enfatizó: otro aspecto fundamental es garantizar un adecuado financiamiento de educación superior, que atienda necesidades de infraestructura de escuelas siniestradas por los sismos, así como regiones rurales e indígenas, entre otras.

Es necesario un cambio radical en las prioridades del Estado para restituir y garantizar el derecho de la educación en todos los niveles, y que exista una revisión a fondo del financiamiento de la educación para que los recursos lleguen a donde se requiere.

“Los objetivos de la Comisión será hacer valer el espíritu del artículo 3 de la Constitución para que la educación que imparta el Estado sea un derecho y no un privilegio, sea plenamente laica, gratuita, científica, nacional, democrática y contribuya al mejoramiento de la sociedad”.

“Si se desea realmente transformar el Sistema Nacional de Educación, se tendrán que escuchar todas las voces de los profesores, ellos ven las verdaderas necesidades de los niños”.

Desafortunadamente, agregó, la educación enfrenta abandono y crisis por falta de recursos, ejemplo de ello las escuelas de todo el país que no cuentan con condiciones mínimas de infraestructura para su funcionamiento. En zonas rurales y urbanas encontramos planteles sin agua o energía eléctrica, sin baños, ni mobiliario, escasez de recursos didácticos y materiales; además, de precariedad laboral.

“Es un hecho innegable que la educación básica presenta niveles de aprovechamiento por debajo de lo deseado, situación que pone en desventaja a niños y jóvenes en su preparación para enfrentar el mercado laboral; sin embargo, creemos que el procedimiento para mejorar estos niveles debe ser visto bajo un enfoque integral que contemple a todas las características de las regiones del país”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado Carrillo, consideró que la Comisión de Educación será una de las más importantes de la Legislatura, buscará pasar de la confrontación al consenso porque lo más importante para la nación, es la enseñanza de calidad.

Indicó que si hay una reforma que puede cambiar el destino de millones de niños y jóvenes, sin duda, es la educativa, por lo que pidió a sus homólogos “no ponerse limites, actuar sin ideología o quererse imponer sobre nadie y actuar con responsabilidad”.

Comentó que es momento de aterrizar propuestas para construir un futuro diferente, y la composición plural de la comisión con interés en materia educativa, arrojarán grandes resultados para el país.

El diputado Rogelio Rayo Martínez (PVEM) mencionó que México requiere una educación de calidad, con programas de vanguardia y apegados a la exigencia de un mundo en constante cambio. El concepto aprender a aprender, es clave en la formación de estudiantes en el siglo XXI, y el vehículo más efectivo para la transformación y movilidad social.

La legisladora perredista, Abril Alcalá Padilla, expresó que para llegar a donde el país se merece en materia educativa es necesario no limitarse a los temas tradicionales, pues de acuerdo con el estudio “Panorama de la Educación 2017, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sólo dos de cada diez mexicanos, mayores de 25 años tienen estudios universitarios y sólo el 52 por ciento no cuenta con bachillerato.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Kehila Abigail Ku Escalante, dijo que para enfrentar la desigualdad, la carencia y la falta de oportunidades, la educación es fundamental; por ello, se debe fomentar su acceso universal, la calidad, el respeto irrestricto a los derechos laborales de los maestros, y exigir una evaluación para garantizar una enseñanza digna. “Hoy existen 5.6 millones de personas que no saben leer ni escribir y más de cuatro millones de menores y adolescentes que no asisten a la escuela”.

El diputado Alfredo Femat Bañuelos (PT) apuntó que el problema de la educación no es una falta de recursos, sino de una política de Estado. Añadió que es necesario realizar un marco de revalidación de materias para libre tránsito de los estudiantes de media superior y se apoye a universidades estatales, las cuales fueron abandonadas.

La diputada Claudia Báez Ruiz (PES) dijo que esta Comisión tiene el trabajo más delicado, el provenir de la ciudadanía, ya que la educación de calidad, acceso al empleo y promoción de la actividad física, son derechos que deben hacerse efectivos para lograr el bienestar de las familias.

En tanto, la diputada priista, Martha Hortencia Garay Cadena, reafirmó su compromiso con la educación y dijo que la Reforma Educativa ha sido clave para la profesionalización de los docentes y brindar las herramientas necesarias para integrarse al mercado laboral. “No podemos permitir que los acuerdos políticos pongan en riesgo el aprendizaje de los alumnos, como toda ley es viable para modificarse”

La legisladora panista, María Marcela Torres Peimbert se pronunció por revisar la Reforma Educativa para que se respete el interés superior de la niñez, se dignifique a los docentes y se les evalúe de manera formativa, los sindicatos sean transparentes y rindan cuentas, se erradiquen las prácticas clientelares y conductas corruptas que promueven la baja calidad educativa.

La diputada Flora Tania Cruz Santos (Morena) enfatizó que la Comisión deberá trabajar en una transformación de la enseñanza, donde se escuche a todos, a fin de realizar una política que haga valer lo estipulado en la Constitución, poniendo especial énfasis a las regiones rurales e indígenas.