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14 septiembre, 2021 Comentarios desactivados en Yo acuso a “Alito” y a Aysa de crimen social Campeche

Yo acuso a “Alito” y a Aysa de crimen social

Por Daniel Sánchez

Yo acuso a Alejandro Moreno Cárdenas y a su sustituto Carlos Miguel Aysa González de cometer un crimen social contra los campechanos, por no firmar el convenio con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Yo acuso a Moreno Cárdenas y a Aysa González de conculcar el derecho a una salud digna de la población en general, pero con mayor énfasis a los más vulnerables, al no permitir que se recibieran medicamentos suficientes en 2020 y 2021.

Yo acuso a “Alito” y al sustituto Aysa de mantener en ruinas los hospitales públicos, sin materiales, ni medicamentos, ni equipos necesarios.

Yo acuso a estos políticos priístas de exponer a los habitantes de Campeche a una mala atención médica, por recortar más del 30 por ciento el presupuesto anual para la Secretaría estatal de Salud.

 

*

Yo los acuso y narro mi experiencia:

A finales del 2020, en plena pandemia, mi paciente comenzó a tener molestias más fuertes en la boca del estómago. Siempre la habían diagnosticado con colitis nerviosa.

Como no había disponibilidad en los centros de salud y hospitales públicos, acudimos varias veces al médico del Simi, y luego pudimos consultar con un amigo médico internista particular.

Tras un tratamiento que resultó un paliativo nada más, a mediados de marzo, el doctor aventuró que podría tratarse de piedras en la vesícula.

Los estudios volvieron a hacerse de manera privada, porque los hospitales seguían saturados y ofrecían consultas o turnos en laboratorio hasta para fin de año.

Esta vez, un estudio de ultrasonido confirmó que se trataba de seis “piedras” en la vesícula.

Ante ello, el médico expuso que la única solución era extirpar la vesícula, que si se intentaba deshacer las “piedras”, se corría el riesgo de que se taparan los conductos y se agravara el problema.

Averiguamos cuánto costaría de manera particular una cirugía de este tipo y encontramos que ascendía entre 50,000 y 60,000 pesos.

Las crisis económica y sanitaria nos habían dejado sin tantos recursos y optamos por la medicina pública, por el Hospital General de Especialidades de la capital campechana.

Ya con el médico cirujano, más bien con sus residentes, se confirmó que era necesario realizar estudios más recientes para la operación y conseguir dos donadores de sangre, y nos dijeron que para realizar la laparoscopia, habría que conseguir un kit, que costó casi 5,000 pesos, porque el hospital no contaba con ello.

Otra vez los análisis y estudios preoperatorios fueron realizados de manera particular, al no haber fecha reciente, ni equipos, para realizarlos en el hospital.

Llegó la fecha en que fijarían el día de la cirugía, pero no se contó con un donador de sangre y la cita fue pospuesta una semana.

Al llegar a la consulta, con la unidad de sangre restante, los residentes informaron que ya no podrían realizar la operación, porque había órdenes superiores de suspender todas las cirugías que no fueran urgentes, ante el avance del Covid-19, pero que se acudiera la próxima semana, para ver si “por debajo del agua” se podría realizar.

Ante esta respuesta y el riesgo de que los estudios y análisis perdieran vigencia, así como las donaciones de sangre, acudimos con el director, quien dijo que nos daría un “trato especial” y programaría la intervención quirúrgica para la semana siguiente.

La versión oficial fue que como estábamos a final de sexenio, no había materiales, ni medicamentos, se carecía de lo más básico, además de que desde la gubernatura, se habían negado a firmar el convenio con el Insabi, lo que ha atrasado la llegada de medicinas durante casi dos años.

Luego, esta vez sí nos atendió el médico cirujano, quien insistió en que se habían suspendido las intervenciones por el cambio de gobierno y que si era necesario, además del kit para la laparoscopia, nos solicitarían materiales, porque no había en el nosocomio.

Llegó el día, ingresaron a mi paciente, la mantuvieron tres horas en el área de admisión hospitalaria, le pusieron el primer suero, pero finalmente le dijeron que no podrían operarla, porque habían llegado tres casos más urgentes y la pospusieron para la semana siguiente.

El día de la cirugía, a las 11:00 horas se dio acceso a mi paciente y no volvimos a saber de ella -pese a que insistimos en que nos proporcionaran información-, hasta la madrugada del día siguiente, cuando una trabajadora social informó que había salido bien de la operación, y que luego nos darían acceso.

En tanto, en el interior del hospital, las enfermeras preguntaban a cada rato a mi paciente -con batas como sábanas, porque no había suficientes-, cuándo llegarían sus familiares a acompañarla, porque necesitaban materiales y medicamentos.

No fue sino hasta la mañana siguiente, cuando se dio acceso a mi hijo, cuando pudimos saber que había habido “complicaciones” en la cirugía, sin mayores explicaciones.

Este primer día, mantuvieron a mi paciente en ayunas. Le dieron un desayuno frugal, pero a la enfermera de la mañana se la olvidó programar su comida. Así que volvió a comer hasta la noche.

Antes del mediodía, acudí al hospital y pedí hablar con el director, quien lamentó que hubiera problemas de comunicación y confirmó que hubo “complicaciones”, pero no en la salud de la paciente, sino en el uso del kit para la laparocospia y tuvo que hacérsele la cirugía invasiva normal para extraer la vesícula dañada.

Finalmente, la doctora encargada de la operación brindó la información sobre el caso y afirmó que los instrumentos no funcionaron correctamente y se hizo el corte a una arteria, que provocó sangrado abundante. Me queda la impresión de que no supieron manejar o hubo una falla en el manejo del kit para la laparacospia.

Durante los tres días que tuvo que estar internada mi paciente en el hospital. El material de curación escaseó, incluso no la vendaron como se debía, porque no había vendas. La ropa, toda ensangrentada por la cirugía, se la cambiaron más de 24 horas después.

La médica recetó medicamentos, tan básicos como el Ketorolaco, pero tuvieron que adquirirse en farmacias cercanas, porque no había en existencia.

*

La población en México cubre por cuenta propia 42 por ciento de su gasto en salud. Esto que señalan organismos civiles es cierto, pese a que le pese al púlpito mañanero, desde donde se pretende imponer el discurso sobre la realidad.

En Campeche, es peor la situación. Aquí se llega hasta el 90 por ciento, por la insensibilidad de sus gobernantes.

Durante la estancia en el hospital, fue común ver deambular familiares de pacientes consiguiendo dinero para hacer estudios, comprar medicamentos y materiales médicos, de los cuales se carecen en el sistema de salud pública.

Ahora, hay un atisbo de esperanza. Esperamos que se concrete, por fin, la firma del convenio con el Insabi y se destinen mayores recursos a la atención de la salud de los campechanos, para no seguir cometiendo el mismo crimen contra la población campechana, que en un 80 por ciento es pobre o vulnerable.

 

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