La Universidad Tecnológica del Usumacinta, con sede en Emiliano Zapata, aún tiene “un saldo pendiente por operar o justificar” de 50.9 millones de pesos de convenios suscritos por Mari Carmen Bravo con subsidiaria de Pemex en 2018. La Auditoría Superior de la Federación lo detectó en 2020.
Por Daniel Sánchez
BALANCÁN, Tab. 8 de mayo del 2025.- Mari Carmen Bravo Guzmán, la directora general interina del Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos (ITSR), dejó sin justificar 50.9 millones de pesos, cuando fue rectora de la Universidad Tecnológica del Usumacinta (UTU), ubicada en el vecino Emiliano Zapata.
En 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló a la UTU, bajo el rectorado de Bravo Guzmán, por no ejercer efectivamente los recursos de convenios con la subsidiaria de Petróleos Mexicanos, Pemex Exploración Producción (PEP), durante el año 2018.
Ahora, la ex responsable de la Universidad Tecnológica del Usumacinta “fue nombrada en este puesto para garantizar la continuidad operativa del instituto, mientras se lleva a cabo una auditoría interna”, según la información oficial.
De acuerdo con el Sistema Público de Consultas a Auditorías de la ASF, hasta el 10 de abril del 2025, la UTU tiene un “saldo pendiente de operar o justificar” de 50.9 millones de pesos y el caso está en manos de una de las Direcciones Generales de Investigación del organismo fiscalizador federal.
“Como resultado de los actos realizados por la Dirección General de Investigación competente, cuando proceda, se presentan los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa a la autoridad substanciadora”, indica el Sistema Público de la ASF.
El siete de marzo del 2020, Página 66 publicó que la ASF había detectado una operación estilo la “Estafa Maestra” en la subsidiaria PEP, en complicidad con las universidades tecnológicas de Tabasco (Uttab) y del Usumacinta (UTU), en el 2018. Los rectores eran Fernando Calzada y Maricarmen Bravo.
Aquella vez, se dio a conocer que PEP habría desviado 70.2 millones de pesos en 2018, en convenios firmados con dos universidades de Tabasco.
La ASF revisó las erogaciones por servicios contratados con instituciones educativas y dictaminó que se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por 70 millones 345 mil 555.58 pesos, pero en el transcurso de la revisión, se recuperaron recursos por 111 mil 374.56 pesos, con motivo de la intervención de la ASF, “quedando pendientes de aclaración 70 millones 234 mil 181.02 pesos”.
“En el transcurso de la auditoría, se emitieron oficios para solicitar la intervención del Órgano Interno de Control y de las autoridades recaudatorias, con motivo de cinco irregularidades detectadas”, detalló.
El dictamen de la ASF, emitido el 27 de enero de 2020, señaló que el “objetivo fue fiscalizar la gestión financiera por concepto de adquisiciones y servicios contratados con instituciones educativas, para verificar que el proceso de adjudicación se realizó conforme a la normativa; que las instituciones educativas cuentan con capacidad técnica, material y humana para ejecutar los trabajos; que los bienes y servicios se entregaron conforme a lo pactado; que los pagos se sustentaron con la documentación justificativa y comprobatoria, y que el registro contable y presupuestal cumplió con las disposiciones normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance”.
La Auditoría concluyó que “en términos generales, Pemex Exploración y Producción, la Universidad Tecnológica del Usumacinta y la Universidad Tecnológica de Tabasco no cumplieron con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”.
Enlistó las anomalías encontradas: “PEP adjudicó 17 convenios específicos, con lo cual se limitó la participación de universidades, al no justificar su selección; además, de seis convenios no se proporcionaron los estudios de mercado, ni se acreditó la capacidad técnica, material y humana e infraestructura por las instituciones educativas”.
“La UTU y la Uttab realizaron subcontrataciones con pagos en 2018 por 60 millones 634.8 mil pesos, mediante adjudicación directa por excepción a la licitación pública y por invitación a cuando menos tres personas, sin contar con la documentación que acredite que los procesos de adjudicación garantizaron que se contrató en las mejores condiciones para dichas universidades”, expresó.
“De seis convenios que PEP celebró con el Instituto Tecnológico Superior de Centla (Itsce), la UTU y la Uttab, se observó que el porcentaje máximo de subcontratación en cuatro convenios se excedió de 0.1 a 63.5 por ciento; en cinco convenios, la UTU y la Uttab no solicitaron autorización de PEP; la subcontratación del Itsce fue autorizada por PEP; sin embargo, los trabajos realizados rebasaron el porcentaje límite permitido”, agregó.
“Al no contar con la capacidad técnica y humana las instituciones educativas contrataron personal eventual; además, en las nóminas de la UTU, no se identificaron 56 especialistas que realizaron entregables, por dos millones 731.5 mil pesos; de dos convenios de la Uttab, no se localizaron en las nóminas uno y tres especialistas que realizaron entregables por 52.6 mil y 619.4 mil pesos, respectivamente”, abundó.
“La UTU y la Uttab celebraron contratos de prestación de servicios con nueve subcontratistas para cumplir con los convenios específicos celebrados con PEP; al respecto, en 2018, las universidades pagaron 66 millones 538.6 mil pesos, sin que las subcontratistas acreditaran la realización de los servicios”, añadió.
De los subcontratistas, se identificaron Comunicación Estratégica SAMAR, S.A. de C.V., OIL Comunication Company, S.C., y Grupo VAPE 360, S.A. de C.V., y de la Uttab, dos personas físicas y Petroservicios del Sur S.A. de C.V., así como Suministro y Servicios de Especialidades Petroleras, S.A. de C.V., Consorcio Zeigte, S.A. de C.V., Emabus Operación y Logística, S.A. de C.V., y PSL Mantenimiento y Servicios, S.A. de C.V.
“Se realizaron registros presupuestales en posiciones financieras relativas a investigaciones, honorarios, reparaciones, mantenimientos y capacitación, por 149 millones 242.5 mil pesos sin que la naturaleza de los servicios que proporcionaron las instituciones educativas se corresponda con dichas posiciones”, indicó.
“La UTU y nueve contribuyentes, presentaron omisiones o inconsistencias en sus obligaciones fiscales”, puntualizó.
Los daños a la hacienda pública
En el primer pliego de observaciones, la ASF manifestó que “se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de Pemex Exploración y Producción por un monto de 292 mil 110.10 pesos, por penas convencionales no aplicadas por servicios no realizados por la Universidad Tecnológica del Usumacinta, en incumplimiento del Contrato Específico 648815815, cláusulas Tercera, Décima Segunda y Décima Séptima; Convenio Modificatorio 3 del Contrato Específico 648815815, Cláusula Segunda”.
En el quinto pliego de observaciones, “se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 50 millones 940 mil 865.79 pesos, por servicios que subcontrató la Universidad Tecnológica del Usumacinta con tres personas morales, los cuales no fueron realizados por dichas empresas, ya que los entregables que proporcionaron las subcontratistas son los que la universidad realizó con el personal eventual que contrató para cumplir con las obligaciones del contrato específico 648815815, suscrito con Pemex Exploración y Producción, en incumplimiento de los Contratos de Prestación de Servicios UTU-SAMAR, UTU-OIL COMUNICATION y UTU-GRUPO VAPE 360, cláusulas Primera, Segunda, Tercera, Quinta y Séptima”. Esto lo que queda pendiente por justificar.
En el sexto pliego de observaciones, “se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de Pemex Exploración y Producción por un monto de dos millones 731 mil 513.30 pesos, por no acreditar la realización de los servicios por la Universidad Tecnológica del Usumacinta, respecto del Contrato Específico 648815815, al proporcionar entregables de 56 especialistas que realizaron 589 entregables, en 17 estimaciones, que no se localizaron en la nómina, en incumplimiento del Contrato Específico 648815815, cláusulas Quinta, Séptima y Décima Quinta; Convenio Modificatorio 3 del Contrato Específico 648815815, cláusula Segunda”.
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https://www.pagina66.mx/desaparecen-70-2-millones-pep-y-2-universidades-tabasquenas/
