Fue planeado desde 2015, afirma Grupo de Expertos/CIMACFoto: César Martínez López
Por la Redacción/Cimacnoticias
CIUDAD DE MÉXICO, 4 de marzo del 2018.- A dos años del asesinato de la defensora de Derechos Humanos hondureña, Berta Cáceres, el Ministerio Público de aquel país sigue impidiendo el acceso a documentos, diligencias y pruebas que acreditan la participación de cuatro personas más, además de las ocho ya procesadas por el crimen.
Berta Cáceres, quien era víctima de persecución, intimidación y criminalización por actores estatales y no estatales debido a su labor de defensa del pueblo Lenca, era Coordinadora General del Consejo Indígena hondureño (Copinh). Dedicó su vida a la defensa de los derechos territoriales y culturales, de los pueblos indígenas, de las mujeres, los pueblos garífunas y el campesinado. Además, fue reconocida por su lucha en defensa de los territorios y los bienes naturales con el Premio Goldman en 2015.
El dos de marzo de 2016, fue asesinada en su casa en la Ciudad de Esperanza, y desde entonces sus familiares y compañeros defensores de Derechos Humanos esperan justicia por su crimen.
El informe presentado en 2017 por el Grupo Asesor Internacional de Personas (GAIPE) -creado a partir de las demandas de familiares de la defensora y organizaciones ante la ineficiencia de las investigaciones realizadas por el MP- confirmó que éste sí ha cometido irregularidades en el caso de Berta Cáceres al concluir hipótesis sin fundamento como que se trató de un “crimen pasional”.
En el informe, consultado por Cimacnoticias, el GAIPE afirmó que pese a las pruebas que ha presentado que acreditan ataques contra integrantes del Copinh, y de las comunidades indígenas por parte de empleados de la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA) quien tiene a su cargo el proyecto hidroeléctrico contra el que Berta Cáceres luchaba, éstas no han sido investigadas como un móvil del asesinato.
El GAIPE documentó que la empresa DESA, estableció estrategias como campañas de desprestigio, infiltración, amenazas, seguimiento y sabotaje al equipo de comunicaciones del Cophin con el fin de controlar y eliminar cualquier resistencia hacia su proyecto.
Desde el 2009, Berta Cáceres era beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin embargo, en el informe se evidenció que la Secretaría de Seguridad de la entidad sólo protegió al personal de las instalaciones del Proyecto Agua Zarca y omitió a la lideresa, pese a conocer el riesgo que corría.
Según el GAIPE, de acuerdo con la información recabada el asesinato de la defensora fue planeado desde 2015 durante las movilizaciones de las comunidades indígenas y del Copinh que se oponían al Proyecto Agua Zarca.
El informe “Agresiones contra Defensoras de Derechos Humanos en Mesoamérica 2012-2014”, registró un aumento en las agresiones a mujeres defensoras de DH, donde Honduras ocupó el tercer lugar con más defensoras agredidas, después de Guatemala, con un total de 318 agresiones.