Con la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, ya publicada en el Diario Oficial de la Federación, ningún poder, oficina u órgano gubernamental va a poder eludir la Constitución: Pablo Gómez.

CIUDAD DE MÉXICO, 5 de noviembre del 2018 (Notilegis).– El diputado Pablo Gómez Álvarez aseguró que con la entrada en vigor de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, a partir de este martes, ningún poder, oficina u órgano gubernamental podrá eludir lo establecido en la Constitución Política.

El artículo 127 de la Carta Magna ya estipula que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República, pero “con el argumento muy penoso de que como no había sanciones”, se violaban las reglas constitucionales, dijo en rueda de prensa el también coordinador de Procesos Parlamentarios de Morena.

Gómez Álvarez estuvo acompañado del coordinador de su grupo parlamentario y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mario Delgado Carrillo.

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó este lunes el decreto que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política, sobre el salario de los servidores públicos.

El documento, que se aprobó en la Cámara de Diputados el pasado 13 de septiembre, establece, en el Código Penal Federal, sanciones de prisión e inhabilitación de hasta 14 años, por el delito de “remuneración ilícita”.

Gómez Álvarez, quien fue impulsor de la iniciativa hace siete años cuando fue senador, subrayó que la nueva legislación “no tiene ningún problema para ser aplicada”.

Reconoció que contiene algunas disonancias, pero aclaró que “son cosas sin importancia”, como los términos Distrito Federal y salario mínimo, en lugar de Ciudad de México y Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Anunció que “en estos días”, su bancada elaborará una iniciativa para eliminar esas disonancias y, eventualmente, adicionar “alguna otra cosa nueva que se nos pueda ocurrir, que beneficie la aplicación de la ley; pero errores conceptuales no tiene”.

El diputado indicó que, a partir de ahora, existen sanciones penales, por lo que las violaciones a la Constitución en esta materia podrán ser denunciadas ante el Ministerio Público y éste estará obligado a abrir investigaciones.

Apuntó que la nueva ley también establece que no se concederán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro que no estén asignadas en la propia ley, en un decreto legislativo, en un contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, por lo cual ya no se otorgarán las pensiones a los ex presidentes de la República.

A pregunta expresa, indicó que el pago de las pensiones a los ex presidentes, durante los meses de noviembre y diciembre de 2018, dependerá de la decisión del presidente Enrique Peña Nieto, pero para 2019, ya no habrá dichas prerrogativas.

Delgado Carrillo dijo que la prioridad para su grupo parlamentario, durante noviembre, será la dictaminación de las iniciativas que reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para contar con una Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana.

Comentó que, en próximos días, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, presentará su plan de seguridad, el cual no tendrá una visión de fuego contra fuego, sino de invertir en los jóvenes; por ello, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se buscará destinar recursos para brindarles oportunidades y “no queden a merced de la delincuencia organizada”.

“No es una visión de fuego contra fuego, es una visión diferente, mucho más amplia, incluso ahora la Suprema Corte (de Justicia de la Nación) acaba de poner sobre la mesa la regularización de la marihuana (con fines recreativos), tema que seguramente también formará parte de esta estrategia de construcción de paz”, externó.

El líder parlamentario sostuvo que a Morena también le urge expedir la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, porque “queremos llegar al 1 de diciembre ya con un fiscal general autónomo nombrado”.

“Pensamos que la estrategia es tener una Ley Orgánica de la Fiscalía General y esto da más posibilidades de generar un cambio y no nada más estar en el debate de quién propone al fiscal”, puntualizó.

Aseguró que continuarán trabajando de la mano de las organizaciones de la sociedad civil y junto con el Senado de la República, con quien realizarán un trabajo en conferencia entre ambas comisiones de Justicia.

Delgado Carrillo señaló que también se dictaminará la iniciativa de reforma constitucional en materia de revocación de mandato y consultas populares, para que éstas puedan realizarse cada año, el primer domingo de julio, a petición del 2.0 por ciento de la lista nominal, de un tercio de las cámaras o del propio presidente de la República.

Publicación en el DOF

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó este lunes el decreto que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que establece que ninguno de éstos puede ganar más que el presidente de la República.

Esta ley, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política, está conformada por 17 artículos divididos en cinco capítulos, y entrará en vigor a partir de mañana martes.

El decreto publicado este lunes también reforma el Código Penal Federal, adicionando un capítulo V Bis al Título Décimo, Libro Segundo, denominado “Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos”, con sanciones de prisión e inhabilitación de hasta 14 años.

El documento surgió de una minuta del Senado que la Cámara de Diputados recibió en noviembre de 2011 y que aprobó el pasado 13 de septiembre.

La ley tiene por objeto regular las remuneraciones que perciben los servidores públicos de los poderes de la Unión y todos los demás entes públicos federales, incluidos aquellos dotados de autonomía constitucional.

Señala que no se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.

Por el delito de “remuneración ilícita”, la ley considera sanciones hasta por 14 años de prisión y multa de tres mil veces “el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal”, así como la destitución y la inhabilitación para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos de seis meses a 14 años.