Experta internacional en informe sobre México asegura que la autopista Toluca-Naucalpan, la siembra de soya transgénico en Campeche y el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México están marcados por la desprotección y la injusticia hacia las comunidades afectadas.
Por Daniel Sánchez
CAMPECHE, Cam. 8 de enero del 2018.- La chilena Isabel Madariaga, una experta, visitó tres zonas indígenas afectadas por megaproyectos, entre ellas la de Los Chenes, con la soya transgénica, y concluyó que a los pueblos mayas no se les reconoce el derecho a la libre determinación consagrado en la Constitución y en el derecho internacional y no existe una consulta libre, previa e informada.
“El gobierno mexicano está a tiempo de tomar medidas simples, pero cruciales, para atender y reparar la situación en estos tres pueblos, a la vez que debería considerar medidas de fondo para prevenir nuevas injusticias contra tantas otras comunidades amenazadas por la imposición de megaproyectos”
En el informe “Mecanismos del despojo. Tres pueblos indígenas y campesinos ante la injusticia”, encargado por organizaciones civiles, Madariaga señaló que las autoridades mexicanas avanzan con megaproyectos, como autopistas, aeropuertos y monocultivos transgénicos, sin considerar las afectaciones a las personas que viven en sus alrededores.
La también ex funcionaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras dos meses de investigación sobre tres megaproyectos en el país, manifestó que “hay un uso abusivo del poder, tanto desde el punto de vista del derecho internacional, que México se ha comprometido a respetar, como desde la perspectiva de resoluciones judiciales que disponen proteger a los pueblos, pero que son ignoradas por las autoridades, en un abierto desprecio hacia el Estado de derecho y la justicia”.
Las observaciones fueron formuladas, luego del estudio de los impactos de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan sobre la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México; la siembra de grandes extensiones de soya transgénica en los alrededores de las comunidades mayas de Los Chenes, en Campeche; y la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el ejido de San Salvador Atenco y pueblos vecinos.
“El gobierno mexicano está a tiempo de tomar medidas simples, pero cruciales, para atender y reparar la situación en estos tres pueblos, a la vez que debería considerar medidas de fondo para prevenir nuevas injusticias contra tantas otras comunidades amenazadas por la imposición de megaproyectos”, resaltó la especialista.
Entre ellas menciona fortalecer la legislación agraria, que actualmente desprotege a los pueblos indígenas; respetar su derecho al consentimiento y a definir sus prioridades de desarrollo; y obligar a los funcionarios públicos y a las empresas a respetar los fallos judiciales cuando éstos no les convienen.
El informe fue entregado a la Relatora de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, quien tuvo una visita oficial en el país, en noviembre; al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, y a otras autoridades nacionales e internacionales.
“El estudio detallado de tres megaproyectos empresariales en México, ubicados en los territorios tradicionales de comunidades indígenas y campesinas, arroja como resultados principales que: fueron decididos por la autoridad sin consultar a las personas afectadas, en definitiva, impuestos”, concluye.
“Continúan provocando graves impactos en el territorio y los recursos naturales de las comunidades, así como en su tejido comunitario; se han utilizado prácticas de hostigamiento y criminalización contra quienes decidieron defender el territorio”, indica.
“Por ello, se recomienda al gobierno mexicano: realizar adecuaciones legislativas para garantizar el derecho a la libre determinación y la auto identificación indígena; asegurar que las decisiones judiciales y administrativas otorguen protección efectiva a los derechos colectivos de pueblos indígenas, garantizar su cumplimiento y sancionar a quienes las incumplan; y asegurar que las empresas respeten el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y a definir sus propias prioridades de desarrollo, así como los derechos de las comunidades campesinas”, expone.
Consulta el informe aquí
http://serapaz.org.mx/wp-content/uploads/2017/11/COM_VERSIONFINAL_MECANISMOS_INFORME.compressed.pdf
