Organizaciones civiles chiapaneceas y de la Red TDT responsabilizan directamente a los gobiernos federal, de Chiapas y de Chalchihuitán, por su inacción, al permitir “este retorno al matadero”. CNDH confirma riesgos a salud, vida e integridad personal y urge a gobiernos a proteger a los indígenas.

Por Daniel Sánchez

CHALCHIHUITÁN, Chis. 4 de enero del 2017.- Luego de que organizaciones civiles emitieran una “acción urgente” por estar en riesgo centenares de familias desplazadas-retornadas en Chalclhihuitán, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que identificó estos riesgos a la salud, la vida y la integridad personal de los desplazados de Chalchihuitán, que sobreviven en campamentos y comunidades de Chelmut, Bolchojón, Bejeltón, Canalumtic, Pom, Tulantic, Cruz Kakanam y Tzomolton.

Dadas las precarias condiciones en que sobrevive esa población, el organismo nacional urgió a los gobiernos federal, estatal y municipal, la implementación integral de las medidas cautelares solicitadas por la CNDH desde el 27 de noviembre pasado.

Las organizaciones chiapanecas y las agrupadas en la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos: Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) manifestaron que desde hace varios meses, han recibido información sobre la situación de desplazamiento forzado en el que se encuentra el pueblo tsotsil de Chalchihuitán, y de que de ellos, el grupo que recién retornó a sus comunidades –Pom, Ch’enmut, Cruzkakalnam, Tzomolton, Cruzton, Bejeltón y Bololchojon– son tres mil 858 personas (niños, niñas, mujeres, hombres).

“Según testimonios, nos reportan que bajo una persistente presión de funcionarios del gobierno -sobre todo de Protección Civil-, y ante el hecho de ver perder sus cosechas, animales, posesiones y viviendas, sin que los gobiernos federal y estatal cumplieran el desarme y desarticulación de los grupos armados, desde alguna instancia se tomó la decisión de retornar a sus comunidades de origen, sin condiciones, ni medidas de seguridad”, denunciaron.

“Del total de personas desplazadas, otras mil 165 personas no retornaron por el temor constatado, causado por las acciones armadas que continúa haciendo el grupo armado de corte paramilitar”, indicaron.

“Es grave que, como diversos testimonios confirman, continúan los disparos de armas de alto poder y la tensión en toda la región, lo que da como consecuencia, el alto riesgo a la vida e integridad de las familias que retornaron a sus comunidades a partir del pasado dos de enero, siendo de nuevo, las mujeres, los niños, niñas, las ancianas y ancianos, las más afectadas y vulnerables en este retorno y quienes además, no participan en la toma de este tipo de graves y delicadas decisiones”, puntualizaron.

Señalaron que en estas condiciones, el riesgo de una masacre es claro. De ocurrir, la responsabilidad directa es de los tres niveles de gobiernos: el federal, el del estado de Chiapas y el municipal de Chalchihuitán, quienes con su inacción, han permitido este retorno al matadero, ya que van sin alimentos, con la cosecha perdida por la violencia generalizada, varios de ellas y ellos enfermos y bajo los impactos psicológicos de la violencia, todo lo cual da evidencia que en ningún momento están aplicando los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de Las Naciones Unidas, lo cual implica que no se están respetado, garantizando y protegiendo los derechos humanos de las desplazadas/os y desplazadas/os, ahora retornadas/os.

“Siendo entonces un retorno de altísimo riesgo en vidas e integridad física de centenares de familias indígenas, lo que demuestra el desprecio hacia los pueblos originarios, ya que constituye un hecho criminal que es contemplado y consentido por los gobiernos federal, estatal y municipal”, agregaron.

“No obstante que se instaló una mesa de seguridad con los gobiernos federal y estatal para atender la demanda de desarticulación, desmantelamiento y castigo al grupo armado de Chenalhó, al momento no hay ninguna respuesta y ningún avance, pues –reiteramos–, el grupo armado de corte paramilitar sigue actuando en impunidad”, aseveraron.

“Ante esta situación grave y crítica, como colectivo de organizaciones que envía esta Acción Urgente, exigimos Alto a las acciones armadas en la región, reiteramos la exigencia de su desarticulación, castigo y que se garantice de manera inmediata y urgente la vida e integridad de las familias desplazadas retornadas, así como de aquellas que han decidido no retornar a sus comunidades”, concluyeron.

La versión de la CNDH

Por su parte, la CNDH expresó que en seguimiento del cumplimiento de las medidas cautelares solicitadas, personal de la Quinta Visitaduría General visitó estos campamentos y comunidades, y encontró que en general, a las personas desplazadas les son insuficientes los alimentos y que éstos, muchos de ellos enlatados, no son adecuados para su salud, considerando su dieta alimenticia tradicional; beben agua insalubre y contaminada de pozos y escurrideros; su situación de salud es mala, debido a las condiciones extremas del medio ambiente, y a que carecen de ropa y zapatos adecuados para soportar el frío, lo que ha provocado enfermedades de vías respiratorias; la calidad del agua predispone la presencia de enfermedades gastrointestinales; duermen en el suelo bajo la carpa, y las cobijas con que se cubren son escasas.

Por ello, la CNDH pidió la implementación urgente de las siguientes acciones en beneficio de las personas que habitan esas comunidades y campamentos:

“Proporcionar de manera constante y suficiente, insumos básicos de su dieta como frijol, maíz y arroz en grano, azúcar, café, leche y agua embotellada, evitando alimentos enlatados o instantáneos. Proporcionarles utensilios básicos para preparar su comida, tales como cazuelas, ollas, comales, molinos manuales, así como mesas y sillas.

“Realizar las acciones que sean necesarias para garantizar las adecuadas condiciones de saneamiento y salud de esas personas, que incluyan brigadas de atención médica y vacunación, desparasitación, cloración de agua, recolección de basura; insumos básicos de higiene y baños públicos. Habilitar sitios adecuados de alojamiento cerrado que los resguarde de las condiciones climáticas; colchonetas y mantas suficientes.

“Que se lleven a cabo constantes y permanentes recorridos de vigilancia por parte de las autoridades de seguridad pública de los tres niveles de gobierno hasta que se garantice el retorno seguro de las familias a su comunidad de origen, para evitar robos, saqueos, daños en propiedad y otro tipo de delitos. Asimismo, realizar las acciones necesarias para que niñas, niños y adolescentes puedan reanudar las actividades educativas de manera regular en sus comunidades.

Por otro lado, la Comisión reveló que visitadores adjuntos de la Quinta Visitaduría encontraron versiones diferentes del número de personas desplazadas que han vuelto a sus hogares. Se entrevistaron con autoridades y representantes de las comunidades de Chalchihuitán, quienes informaron que de las cinco mil 23 personas que se encontraban en situación de desplazamiento, al dos de enero de 2018, habían retornado a sus viviendas tres mil 858, y los mil 165 restantes, aún permanecían en los campamentos que habilitaron para su alojamiento.

“Esta negativa a retornar, explicaron, se dio principalmente de manera total con habitantes de las comunidades de Canalumtic y Tulantic, y en forma parcial con los habitantes de Pom, Bejeltón, Cruzton y Tzomoltón, quienes decidieron no regresar a sus casas ante la inseguridad que aún persiste en esas localidades”, confirmó.

“En contrario, el presidente del Consejo de Vigilancia de los Bienes Comunales del municipio de Chalchihuitán, David Pérez Gómez, dijo al personal de la CNDH que el retorno a las comunidades de origen ha sido parcial; informó que sólo dos mil 890 personas habían regresado”, mencionó.

“Indicó que a los poblados de Pom, retornaron mil 328 personas y 298 permanecen desplazadas; a Chenmut, regresó la totalidad de los 460 desplazados; a Bejeltón, volvieron 138 y quedaron 21 en los campamentos; a Bololchojón, regresó el total, 103 personas; lo mismo ocurrió en Cruz Kakanam, donde volvió el total de 140 desplazados; a Cruzton retornaron 315 y se quedaron 709, y en Tzomoltón, 406 y siguen desplazadas 70. Señaló que a Canalumtic y a Tulantic, no ha regresado ninguna de las personas desplazadas, 488 y 186, respectivamente, quienes permanecen en los campamentos”, detalló.

“Para certificar el regreso de esa población a sus hogares, personal de la CNDH recorrió las comunidades de Chalchihuitán, donde se pudo observar que varias familias se encontraban al interior de sus viviendas en Canalumtic y Pom. Sin embargo, al entrevistarlos sobre su estancia en las mismas, varios lugareños coincidieron en señalar que se encontraban verificando el estado de sus propiedades y que por la inseguridad que se vive en el lugar, de nueva cuenta se incorporarían a los campamentos que tienen asignados. Durante el trayecto en las comunidades de Canalumtic y Pom, se observó la insuficiente presencia de la Policía Estatal Preventiva sin las condiciones para prever la seguridad; toda vez que viven en zozobra pues en varias ocasiones han escuchado disparos de armas de fuego”, concluyó.