En 2018, la administración de Alejandro Moreno privilegia renta de cámaras de videovigilancia y red de radiocomunicación; minimiza recursos para prevención del delito, justicia a mujeres y evaluación, y se olvida de los desaparecidos, las asesorías a víctimas y el modelo de policía de seguridad procesal.
Por Daniel Sánchez
CAMPECHE, Cam. 29 de enero del 2019.- Durante el 2018, la administración de Alejandro Moreno Cárdenas recibió 136.8 millones del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), a los que sumó recursos estatales por 34.2 millones, pero los destinó principalmente a infraestructura y equipamiento.
Para la renta de cámaras de videovigilancia y adquisición de armas, materiales y vehículos, Moreno Cárdenas ejerció y comprometió 86.8 millones de pesos hasta diciembre del año pasado, el 50.8 por ciento, porcentaje superior al promedio nacional de poco más del 40 por ciento.
En contraste, no destinó ningún peso a la búsqueda de personas desaparecidas; en Prevención Social, gastó un millón de pesos; en ciencias forenses, 5.2 millones; en el Sistema Nacional de Información, 5.7 millones, y en seguimiento y evaluación, 5.9 millones de pesos.
Los otros rubros recibieron: 20.6 millones para Desarrollo y Certificación Policial, 17.3 millones al sistema de atención 911, 11.4 millones a prevención del delito de alto impacto, 7.3 millones al Sistema Penitenciario y de Justicia para Adolescentes y 7.5 millones al Sistema de Justicia Penal.
Los 11.4 millones destinados a delitos de alto impacto representan el 6.6 por ciento del total del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, insuficientes en un estado donde este tipo de ilícitos han presentado un comportamiento al alza en los últimos tres años.
El avance presupuestario del Mecanismo de Evaluación y Transparencia del FASP del Sistema Nacional de Seguridad Pública revela también que en total, Alejandro Moreno ya ejerció, pagó y devengó 162.2 millones, ya comprometió 7.8 millones y le quedaron pendientes de aplicar 1.06 millones de pesos.
En el desglose de los subprogramas, destaca que al acceso de las mujeres a la justicia sólo se destinaron 670 mil pesos, en una entidad a la que se declaró en Alerta de Violencia de Género en 2018 y que registró cifras históricas en delitos violentos contra las féminas.
Incluso, hay subprogramas importantes en los que no se aplicaron recursos, como el del modelo de policía de seguridad procesal, asesorías jurídicas de víctimas y órganos especializados en mecanismos alternativos de solución de conflictos.
Al contrario, en el arrendamiento de las cámaras de videovigilancia, “Alito” erogó 28 millones de pesos y 12.7 millones en la red de radiocomunicación.
Consulta aquí el balance anual del FASP:
http://www.mes-sjp.com.mx/met/
