Durante 2019, unos meses antes del surgimiento de la pandemia del Covid-19, la administración de Alejandro Moreno y Carlos Miguel Aysa malgastó 26.8 millones del Seguro Popular y 8.2 millones del Fondeo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
Por Daniel Sánchez
CAMPECHE, Cam. 31 de octubre del 2020.- Meses antes de la pandemia del Covid-19, la administración de Alejandro Moreno Cárdenas y su sustituto Carlos Miguel Aysa González desviaron al menos 35 millones de pesos de los recursos federales destinados en 2019 a proteger la salud de los campechanos y cometieron múltiples irregularidades administrativas en su manejo.
En los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro Popular), la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 26 millones 869 mil 770 pesos, de los cuales sólo se recuperaron 20 mil 102 pesos en el transcurso de la revisión y se generaron cargas financieras por 425 pesos, por lo que hay pendientes de aclarar 26 millones 849 mil 667 pesos.
En el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), el organismo fiscalizador federal encontró que ocho millones 372 mil 514 pesos fueron mal ejercidos, y que en el transcurso de la revisión, se recuperaron 174 mil 173 pesos, pero siete mil 852 pesos se generaron por cargas financieras, por lo que quedan por justificar o devolver ocho millones 198 mil 341 pesos.
En el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, la ASF determinó que la administración estatal “incumplió con las obligaciones de transparencia” y “no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los informes del tercero y cuarto trimestres del formato Gestión de Proyectos; además, la información reportada en el cuarto trimestre del formato Nivel Financiero difiere del monto reflejado en los registros contables y presupuestarios”.
El organismo fiscalizador aclaró que “los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y realice las consideraciones que estime pertinentes”.
“En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en el informe individual de auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse”, puntualizó.
Otra vez, irregularidades en Seguro Popular
En la revisión realizada al FASSA, la Auditoría manifestó que “revisó una muestra de 224 millones 502.4 mil pesos, que representó el 58 por ciento de los 386 millones 873.5 mil pesos transferidos al gobierno del estado de Campeche, mediante los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, que Celebran la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Campeche”.
“La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa había devengado el 73.6 por ciento de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2020, el 100 por ciento”, indicó.
Afirmó que en el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de registro e información financiera de las operaciones, destino de los recursos y servicios personales, así como de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley General de Salud y de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud.
Estas inobservancias, agregó, “generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 26 millones 869.8 mil pesos, por realizar pagos de pasivos que corresponden al ejercicio fiscal 2018; por realizar pagos de tres trabajadores que no acreditaron el perfil por el cual se les pago durante el ejercicio fiscal 2019; por el pago a siete trabajadores de los que no se justificó, ni se presentó documentación que avale su ausencia en el centro de trabajo, y por el pago en exceso al importe convenido de un trabajador y por pagos no considerados en el contrato de dos trabajadores, el cual representó el 12 por ciento de la muestra auditada”.
Además, abundó, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que la información reportada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio del Sistema del Formato Nivel Financiero en el cuarto trimestre, no coincidió con el informe de avance presupuestal a la misma fecha, lo cual limitó a la entidad federativa para conocer sus debilidades y áreas de mejora.
Ejercicio de recursos fuera de las leyes
En el caso del FASSA, la ASF revisó una muestra de mil 372 millones 508 mil pesos, que representó el 84.3 por ciento de los mil 628 millones 648.9 mil pesos transferidos al gobierno del estado de Campeche, y mencionó que al 31 de diciembre de 2019, ya se había devengado el 100 por ciento de los recursos transferidos.
Aseguró que en el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado de Campeche registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de destino de los recursos, servicios personales y adquisiciones, control y entrega de bienes y servicios, así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Coordinación Fiscal.
Estas irregularidades, destacó, “generaron recuperaciones operadas por un importe de 174.2 mil pesos y un monto por aclarar de ocho millones 198.3 mil pesos, los cuales representan el 0.6 por ciento de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes”.
Específicamente, cinco millones cuatro mil 900 pesos, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación, fueron “por los pagos por concepto de las percepciones denominadas “Compensación Comunidades de Bajo Desarrollo” a 56 trabajadores, de los que no se proporcionó la autorización y validación de 53 trabajadores, ni de las unidades médicas por parte de la Secretaría de Salud; asimismo, no se comprobaron los mecanismos para determinar que los centros de trabajo se localizan en comunidades geográficamente dispersas o de bajo desarrollo, ni se proporcionó la documentación que acredite que el personal cumplió con los compromisos establecidos en los lineamientos del programa de estímulos”.
Otros 256 mil 250.60 pesos fueron observados “por los pagos con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019 a dos proveedores, de los que no se acreditó la prestación de servicios de limpieza y servicios de mantenimiento de automóviles”.
Dos millones 283 mil 111.61 pesos fueron señalados porque se hicieron “pagos con recursos del FASSA 2019, que excedieron los montos estipulados en los contratos INDESALUD FASSA-LP-RM-E062-2019 y INDESALUD FASSA-LP-RM-E025-2019 y de los que no se proporcionó el convenio modificatorio o la formalización de un contrato o pedido por los pagos excedentes, así como por los pagos previos a la formalización del contrato número 003/DA/INDESALUD/2019, de los que no se presentó el convenio modificatorio o la justificación correspondiente y por los pagos en exceso debido a que el precio unitario facturado de los bienes no correspondió con el contratado”.
“Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, ya que la entidad federativa reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un monto que no coincide con lo reportado como devengado al 31 de diciembre de 2019 por el organismo ejecutor de los recursos del fondo”, añadió.
El mal manejo del Programa
Finalmente, la Auditoría Superior de la Federación expuso que revisó una muestra de 28 millones 35.9 mil pesos, que representaron el 70.7 por ciento de los 39 millones 679.2 mil pesos transferidos al gobierno del estado de Campeche, mediante el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral 2019.
Comentó que al 31 de diciembre de 2019, la entidad federativa no había comprometido ni devengado el 4.9 por ciento de los recursos del programa, por un millón 954.3 mil pesos, ni pagado el 18.4 por ciento, por siete millones 302 mil pesos, de los recursos transferidos, y al 31 de marzo de 2020, aun no pagaba el 6.3 por ciento, por dos millones 504.9 mil pesos.
“En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la normativa del programa, principalmente en materia de destino de los recursos, adquisiciones, control y entrega de medicamentos e insumos médicos y transparencia, así como de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de los Criterios de Operación del Programa y del Convenio Específico de Colaboración; las observaciones determinadas originaron la promoción de las acciones correspondientes”, aseveró.
“Se incumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa, ya que la entidad federativa no publicó en su página de Internet, ni en otro medio de difusión local, los informes del tercer y cuarto trimestres sobre el ejercicio, el destino, los subejercicios y los reintegros que se generaron, los resultados obtenidos y la evaluación de los recursos del programa por medio del formato Nivel Financiero”, expresó.
Asimismo, subrayó, “no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los informes del tercero y cuarto trimestres del formato Gestión de Proyectos; además, la información reportada en el cuarto trimestre del formato Nivel Financiero difiere del monto reflejado en los registros contables y presupuestarios, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora”.
Consulta aquí los informes individuales del Seguro Popular, el FASSA y el Programa de Atención a Salud: