En un estado en recesión económica desde hace 15 años, la administración de Alejandro Moreno y Carlos Miguel Aysa gastó solamente 1,068 millones en impulsar actividades agropecuarias, de pesca y turísticas, entre otras, el año pasado, pero en 2018 fueron 2,049 millones de pesos.
Por Daniel Sánchez
CAMPECHE, Cam. 8 de mayo del 2020.- La Cuenta Pública estatal 2019 reveló que la administración de Alejandro Moreno Cárdenas y su sustituto Carlos Miguel Aysa González recortó casi mil millones al gasto destinado a impulsar el desarrollo económico, cuando es muy indispensable, porque la entidad está en recesión económica desde hace 15 años.
El año pasado, según el documento en manos del Congreso del Estado, Moreno Cárdenas y Aysa González erogaron mil 68 millones de pesos en Desarrollo Económico, una reducción de cerca del 50 por ciento, ya que en 2018, los recursos destinados a este rubro ascendieron a dos mil 49 millones de pesos.
“La finalidad de Desarrollo Económico comprende los programas, actividades y proyectos relacionados con la promoción del desarrollo económico y fomento a la producción y comercialización agropecuaria, agroindustrial, acuacultura, pesca, desarrollo hidroagrícola y fomento forestal, así como la producción y prestación de bienes y servicios públicos, en forma complementaria a los bienes y servicios que ofrecen los particulares”, detalla.
Puntualiza que “esta finalidad se sitúa con apenas el cinco por ciento del gasto público” y representa una caída del 49.66 por ciento en términos reales, respecto a lo ejercido en 2018.
Las funciones más afectadas fueron Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza, con un total de 313 millones 949 mil pesos, lo que significa que es inferior en términos reales en 19.37 por ciento con respecto al 2018; y el Turismo, con 105 millones 64 mil pesos, monto inferior en 51.06 por ciento, en términos reales, con respecto al año anterior.
En la clasificación funcional del gasto de la Cuenta Pública estatal, se precisa que de los 23 mil 198 millones de pesos ejercidos en 2019, tres mil 582 millones fueron para la finalidad o función Gobierno; 13 mil 571 millones en Desarrollo Social, mil 68 millones a Desarrollo Económico, y cuatro mil 976 millones a Otras no clasificadas en funciones anteriores.
La finalidad Gobierno “comprende las acciones propias de la gestión gubernamental, tales como la administración de asuntos de carácter legislativo, procuración e impartición de justicia, asuntos militares y seguridad nacional, asuntos con el exterior, asuntos hacendarios, política interior, organización de los procesos electorales, regulación y normatividad aplicable a los particulares y al propio sector público y la administración interna del sector público”.
“Esta finalidad se sitúa con el 15 por ciento del gasto público y presenta un crecimiento de 1.06 por ciento respecto a lo programado ejercer en 2019; sin embargo, resulta inferior en términos reales en 16.25 por ciento respecto a lo erogado en el ejercicio anterior”, expresa.
Señala también que “el 59 por ciento del gasto público corresponde a la finalidad Desarrollo Social, al erogarse en el 2019 un total de 13 mil 571 millones 132 mil pesos; cantidad que expresa un incremento de 8.57 por ciento de lo estimado ejercer en el año y un decremento real de 7.07 por ciento respecto a lo registrado en el ejercicio previo”.
“La finalidad de Desarrollo Social concentra las funciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de la población campechana, a través de la educación, salud, recreación, cultura, protección social y ambiental, así como la vivienda y servicios a la comunidad, entre otros asuntos sociales”, indica.
Expone que el gasto en “la finalidad de Otras No clasificadas en Funciones Anteriores, de enero a diciembre de 2019, ascendió a cuatro mil 976 millones 381 mil pesos, cifra que presenta un incremento de 7.89 por ciento de la asignación original para el ejercicio y en términos reales es inferior en 1.55 por ciento en relación a lo erogado en igual período del ejercicio anterior”.
“Esta finalidad representa el 21 por ciento del gasto público y comprende los pagos de compromisos inherentes a la contratación de deuda; las transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno que no se pueden registrar en clasificaciones anteriores, así como aquellas actividades no susceptibles de etiquetar en las funciones existentes”, explica.
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