El pleno del Senado de la República avala en lo general la Ley de Ingresos de la Federación.
CIUDAD DE MÉXICO, 23 de diciembre del 2018.- El pleno del Senado de la República avaló en lo general, con 70 votos a favor, 49 en contra y cuatro abstenciones, el dictamen de la minuta que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, que estima recaudar 5 billones 838 mil 59.7 millones de pesos (mdp).
De esos ingresos, tres billones 311 mil 373.4 mdp corresponden a impuestos; 343 mil 133.4 mdp a cuotas y aportaciones de seguridad social; 38.3 mdp a contribuciones de mejoras; 46 mil 273.6 mdp a derechos; seis mil 778.1 mdp a productos; 67 mil 228.8 mdp a aprovechamientos; un billón 2 mil 697.5 mdp a ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos.
Se obtendrán 520 mil 665.2 mdp transferencias, asignaciones, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones; 539 mil 871.4 mdp de ingresos derivados de financiamientos. Asimismo, se estima una recaudación federal participable de tres billones 288 mil 590.4 mdp.
La minuta enviada por la Cámara de Diputados no contempla nuevas contribuciones, ni aumentos a las vigentes. Estima que el Producto Interno Bruto (PIB) registre un crecimiento económico anual del 2.0 por ciento.
Pronostica un tipo de cambio de 20.0 pesos por dólar, y fija la plataforma de producción de petróleo crudo en un millón 847 mil barriles diarios con un precio de 55 dólares por barril.
El documento no establece dividendos estatales a las empresas productivas del Estado o a sus empresas productivas subsidiarias.
Autoriza al Ejecutivo Federal un monto de endeudamiento neto interno, hasta por 490 mil mdp, y uno externo de cinco mil 400 millones de dólares. Incluye endeudamiento para la contratación de financiamientos con organismos financieros internacionales.
Faculta al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda, a emitir valores y contratar empréstitos para canjear o refinanciar obligaciones del erario federal, de acuerdo con lo que establece la Ley Federal de Deuda Pública.
Permite un monto de endeudamiento neto interno de hasta cuatro mil 350 mdp y uno externo de hasta cinco mil 422.5 millones de dólares a Pemex y subsidiarias. Para CFE y subsidiarias se autorizan nueve mil 750 mdp de deuda interna y 497.5 millones de dólares de externa.
A la Ciudad de México le fue autorizada una contratación de deuda de cinco mil 500 mdp para el financiamiento de obras contempladas en su Presupuesto de 2019.
Por otra parte, señala que los ingresos provenientes de la enajenación de bienes decomisados en procedimientos penales federales y de sus frutos, se destinarán a la compensación y reparación del daño, de acuerdo con lo establecido en los artículos 66, 67 y 69 de la Ley General de Víctimas.
Prevé un estímulo fiscal a quien adquiera combustibles fósiles y los utilice en sus procesos productivos para la elaboración de otros bienes. Exime el pago de derecho de trámite aduanero por la importación de gas natural.
Incorpora la posibilidad de que la Comisión Reguladora de Energía regule precios en las actividades de expendio al público de gas licuado de petróleo, cuando la Comisión Federal de Competencia Económica determine que no existen condiciones de competencia efectiva.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, senador Alejandro Armenta Mier, señaló que el mismo garantiza la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento de las finanzas públicas. Se basa en el principio de austeridad y reorientación del gasto a programas para el bienestar e inversión para el desarrollo a largo plazo.
El dictamen prevé que, después de un desastre, las organizaciones civiles y fideicomisos que realicen labores de rescate en emergencias y contribuyan en la reconstrucción y restablecimiento de las actividades económicas, reciban recursos de donatarias autorizadas cuando cuenten con buen historial de obligaciones fiscales.
A su vez, la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, senadora Ana Lilia Rivero Rivero, dijo que es una ley construida con prudencia, transparencia, responsabilidad y objetividad. Refleja el balance de riesgos la economía en la actualidad, y un mayor incentivo a la inversión por el acuerdo comercial alcanzado.
La Ley de Ingresos muestra el compromiso del Gobierno para hacer de los recursos públicos una herramienta para el desarrollo económico, la reducción de la pobreza y de las brechas de desigualdad.