Diputada presenta una iniciativa de reforma a diversos artículos de la Constitución Política y es apoyada por 70 de sus compañeros.

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de febrero del 2020 (Notilegis).- La diputada Claudia Yáñez Cabrera presentó una iniciativa de reforma constitucional para establecer restricciones a los 32 delegados estatales de Programas para el Desarrollo, adscritos a la Secretaría de Bienestar, que busquen ser candidatos a puestos de elección popular, tales como gobernador, senador o diputado local o federal.

En tribuna, la legisladora señaló que se debe establecer que tanto los delegados estatales como el coordinador general de Programas para el Desarrollo deben de separarse de su cargo, si buscan contender en un proceso electoral, con un periodo de antelación específico.

Si buscan participar como candidatos a gubernaturas de los estados, se debe establecer en el artículo 116 constitucional que estos funcionarios federales tienen que separarse de sus funciones tres años antes del día de la elección, certificando que no se malversarán electoralmente los recursos humanos, financieros e informativos.

Si quieren ser candidatos a diputados locales o federales y senadurías, se debe reformar el artículo 55 de la Carta Magna para estipular que deben separarse de sus cargos un año antes del día de las elecciones, certificando que no se malversarán electoralmente los recursos.

Subrayó que los cargos de coordinador general y de delegados estatales tienen acceso directo a recursos públicos, información privilegiada y a bases de datos o padrones de beneficiarios de los programas sociales que están bajo su responsabilidad.

“Con el tiempo las designaciones a estos cargos públicos, y por el manejo de los padrones de beneficiarios, pueden ser piezas políticas manipuladas por los partidos políticos para favorecer e influir en posibles candidaturas, como aspirantes a gubernaturas, senadurías, diputaciones locales y federales, debido a que no existen en la actualidad mecanismos de control y restricción legal”, apuntó.

Refirió que el artículo 41 constitucional establece que se deben garantizar los criterios para que los partidos políticos cuenten de manera equitativa con elementos suficientes para llevar a cabo sus actividades, sin ventaja sobre los demás candidatos.

“En este contexto, es necesario que tanto el coordinador general de Programas para el Desarrollo, como los delegados de programas, cuenten con mecanismos legales para contender con alguna gubernatura, senaduría, diputación local o federal, tomando en cuenta que se encuentra ventajosamente favorecido ante sus adversarios políticos por el posible uso indiscriminado de los padrones de beneficiarios de los programas sociales”, destacó.

Se adhieren 70 diputados a iniciativa

La diputada Claudia Yáñez informó que 70 legisladores, de todos los grupos parlamentarios, se adhirieron a su iniciativa de reforma constitucional que plantea establecer restricciones a los 32 delegados estatales de Programas para el Desarrollo, adscritos a la Secretaría de Bienestar, que busquen candidaturas a puestos de elección popular.

Comentó que su propuesta plantea que estos 32 funcionarios federales, así como el coordinador general de Programas para el Desarrollo, Gabriel García Hernández, deben estar restringidos de participar como candidatos a gobernadores, senadores o diputados, a menos que se separen de su cargo con un periodo de antelación específico.

“(Estos funcionarios) pueden ser piezas políticas manipuladas por los partidos políticos para favorecer e influir en posibles candidaturas, como aspirantes a gubernaturas, senadurías, diputaciones locales y federales, debido a que no existen en la actualidad mecanismos de control y restricción legal”, apuntó.

La diputada María de los Ángeles Huerta del Río respaldó la iniciativa y manifestó que “en esta Legislatura vamos a garantizar que sea imposible que ningún funcionario adscrito al manejo de los programas sociales pueda participar en las elecciones, a menos de que renuncien en los plazos que se estipulan”.

“Todos los diputados que impulsamos esta iniciativa estamos absolutamente convencidos de que este proyecto va a pasar sin ningún problema a las comisiones porque es la única manera que tenemos de garantizar que las elecciones se van a ejercer con transparencia y que de ninguna manera nadie podrá hacer uso, en su beneficio, de los programas sociales”, agregó.

El diputado Armando Javier Zertuche Zuani manifestó que “la adhesión a la iniciativa no es cosa menor, sino un asunto que debe interesarnos a todos. Más allá de la congruencia moral y política, se trata de darle la dimensión justa a la importancia de la democracia social y participativa.

Resaltó que “la oscuridad con que se han manejado este tipo de programas exige necesariamente congruencia y dejar de lado la simulación ante los funcionarios públicos”.

En tanto, la diputada Melba Nelia Farías Zambrano aseveró que está molesta con los delegados estatales porque no han cumplido con sus funciones, por lo menos en Coahuila, de donde es originaria.

La propuesta plantea reformas los artículos 55, 69, 74, 78, 89, 108 y 116 de la Carta Magna y se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación.