Denuncias contra hostigadores sexuales derivan en delitos al honor, donde los responsables de estas acciones quieren criminalizar a las activistas/Hacen petición en Change.org dirigida al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán.

Por Sara Lovera/SemMéxico

MORELIA, Mich. 11 de febrero de 2018.- Hasta la tarde de este sábado, 152 personas, integrantes de la Coordinación de Feministas de Michoacán firmaron una petición en change.org para protestar contra esta vinculación a proceso penal de la activista Lucero Circe López Ríofrio, pidiendo que actúe el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.

Advierten que es en la práctica las denuncias contra hostigadores sexuales se derivan a un asunto denominado delitos al honor, donde los responsables de estas acciones quieren criminalizar a las activistas que se suman a las víctimas que los señalan. Buscan silenciar hechos que son delitos y restringir las denuncias contra los acosadores. Estas mujeres de Michoacán, y otras muchas, han expresado su indignación por este proceso contra la directora de la organización Humanas contra la Violencia, AC, y promotora de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Michoacán.

La promoción en change.org busca alertar a otras mujeres contra posibles acosadores u otro tipo de victimarios, desde abusadores sexuales hasta violadores o feminicidas, que se ”defienden” con la figura de “honor”, en complicidad con los jueces.

Los hechos

La activista Lucero Circe López Riofrío fue vinculada a proceso por “delitos contra el honor” en Michoacán por señalar a un presunto acosador sexual y pedir que no se le añadiera a un grupo de trabajo para solicitar la Alerta de Violencia de Género en Michoacán.

Los hechos por los cuales la vinculan a proceso por ataque al honor ocurrieron en enero de 2015, cuando se buscaba, mediante un grupo de trabajo, sustentar si había elementos para hacer la declaratoria de la alerta antes mencionada.

Cabe recordar que en Michoacán, sólo en 2017, ocurrieron más de 60 feminicidios, en un ambiente de violencia generalizado, pues existen en la capital únicamente 290 casos de posible desaparición forzada.

En aquella ocasión la activista manifestó su rechazo a que se incluyera en el grupo de trabajo a un profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana, por haber al menos dos denuncias en su contra por acoso sexual.

Igualmente, durante esa reunión manifestó que las organizaciones que participaban en el grupo de trabajo pedirían en un oficio que lo removieran del cargo.

El haber mencionado en este grupo de trabajo las acusaciones contra ese profesor fue el motivo por el cual López Riofrío fue denunciada por delitos al honor.

Esto ocurrió a pesar de que al menos una de las denuncias ya era una denuncia formal, realizada por la vía administrativa por una mujer que realizaba su servicio social en la Universidad Michoacana.

Sin embargo, por no contar la universidad con un protocolo para proteger a mujeres de la violencia, únicamente se señaló que existía un ambiente enrarecido en la facultad, sin que hubiera una reprimenda o acusación formal contra el profesor.

Ahora, la activista fue vinculada a proceso por el juez de oralidad Ariel Montoya Romero, que al revisar la causa 28/201 presentada en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, consideró que existían los elementos para presumir la probable comisión del delito de ataque al honor.

La Fiscalía logró esta vinculación a proceso al argumentar que la activista debió acompañar a la presunta víctima a presentar la denuncia ante instancias correspondientes y no exponer públicamente en el grupo de trabajo las acusaciones contra el profesor.

Esto a pesar de que la defensa de la activista explicó que lo que López Riofrío buscaba era que se tomaran medidas sobre quiénes participaban en el grupo de trabajo de la Alerta de Violencia de Género.

Incluso, afirmaron, estos señalamientos sirvieron de criterio para que las autoridades federales establecieran que quienes forman parte de este tipo de grupos de trabajo presenten un documento que pruebe que no existen denuncias por violaciones a los derechos de las mujeres.