“Es difícil de entender que México condene públicamente la movilización de la Guardia Nacional a la frontera sur estadounidense y días después, movilice a la Gendarmería Nacional para reforzar su frontera sur, lo que generará el riesgo potencial de violaciones a los derechos humanos”, advierte.
CIUDAD DE MÉXICO, 20 de abril del 2018.- La ausencia de leyes que reconozcan los derechos de las personas desplazadas o una política dirigida a su protección en México y países centroamericanos, demanda establecer normas a nivel regional para atender a esa población vulnerable y expuesta a constante violación de sus derechos humanos, aseguró el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humalnos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, quien llamó a esas naciones a conformar un frente común para promover la protección y asistencia en su favor, como un primer paso para la regulación específica interamericana sobre desplazamiento forzado interno.
Destacó que, ante el incremento exponencial de la migración y el desplazamiento forzado de personas en México y Centroamérica, los gobiernos de estas naciones no han garantizado los derechos humanos de quienes cruzan las fronteras de sus países o están obligados a desplazarse internamente, debido a situaciones de violencia y desastres vinculados con fenómenos naturales, por lo que se pronunció por afinar mecanismos de integración e intercambio de información sobre dichos fenómenos y establecer marcos normativos con contenidos comunes.
Al inaugurar el Foro Taller Regional “Desafíos y relaciones frente al desplazamiento interno y la migración en México y Centroamérica”, invitó a los países participantes a suscribir la Declaración de México Sobre Desplazamiento Forzado Interno, del 24 de agosto de 2017, “Articulando los esfuerzos de la Comunidad Internacional y la Sociedad Civil para la atención de las personas desplazadas internamente y la reducción del desplazamiento forzado interno en el Mundo”.
Tras mencionar que la migración no se detendrá por la construcción de obstáculos reales o metafóricos, González Pérez señaló que las políticas migratorias estadounidenses inciden en las dinámicas de migración, generan nuevas demandas y evidencian otros problemas en los países que forman la ruta para llegar a Estados Unidos, por lo cual en México sin existir una política deliberada de rechazo o xenofobia, se advierten casos de discriminación hacia los extranjeros, a quienes se criminaliza.
“La xenofobia –enfatizó— es tan nociva y peligrosa como la violencia armada, y solo contribuye a que las personas migrantes se sientan como habitantes no gratos en un país extraño, aumentando las brechas sociales y geográficas ya existentes entre todos nosotros”.
Luego de mencionar que las comunidades migrantes mexicana y centroamericana en Estados Unidos enfrentan zozobra, miedo e incertidumbre ante el racismo, discriminación y xenofobia, demandó coherencia en las políticas migratorias mexicanas para que el trato y respeto que se exigen a la Unión Americana para nuestros connacionales sea el mismo que se brinde a quienes llegan a nuestro territorio.
A este respecto, el ombudsman nacional destacó que es difícil de entender que México condene públicamente la movilización de la Guardia Nacional a la frontera sur estadounidense y días después nuestro país movilice a la Gendarmería Nacional para reforzar su frontera sur, emulando una acción que no resolverá el problema migratorio y generará el riesgo potencial de violaciones a los derechos humanos.
Enfatizó que el fenómeno migratorio no debe, ni puede ser visto como amenaza a la seguridad nacional de los países, y una migración segura solo será posible con enfoque de respeto a los derechos humanos, corresponsabilidad, respeto recíproco a la soberanía nacional y sin amenazas de la fuerza como instrumento de negociación, y reprochó los agravios que padecen los migrantes centroamericanos durante su paso por nuestro país, y llamó la atención especialmente por el caso de niñas, niños y adolescentes no acompañados en contexto de migración internacional.
Refirió que ante la falta de registros adecuados sobre infancia y adolescencia migrantes no acompañadas, se dificulta identificar, ayudar y proteger a esas poblaciones, lo que genera un entorno propicio para que se violen sus derechos humanos y sean víctimas de violencia y abusos.