Hay que proteger el derecho a la salud y a la alimentación de los pueblos y comunidades indias y afrodescendientes de México, con atención integral e información clara y oportuna en sus lenguas maternas e indígenas.

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de abril del 2020.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a los tres niveles de gobierno a proteger el derecho a la salud de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, cuya mayoría se encuentran alejados de los centros urbanos del país, con escasa o nula cobertura de infraestructura médica y marginados de la información que los concientice sobre sus derechos, y los prevenga sobre las medidas de salud pública que se deben adoptar.

Ante la emergencia que se vive en el país y el mundo como consecuencia de la pandemia del coronavirus Covid-19, el organismo nacional urgió a las autoridades a otorgar atención integral a esos grupos sociales.

Pidió “tomar medidas de políticas económicas interculturales con base en las particularidades étnicas, culturales y lingüísticas de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes. Considerar políticas económicas con perspectiva de género para hacer posible una economía comunitaria de cuidado colectivo, incluyente y de apoyo solidario humanitario”.

Hay que, agregó, “fortalecer el mensaje de “quédate en casa” por “quédate en tu comunidad”, el cual debe acompañarse de una política social de seguridad alimentaria que garantice el acceso a suministros indispensables de alimentos y medicamentos de manera focalizada, con el apoyo de personal de salud y parteras, el traslado de enfermos en ambulancias debidamente acondicionadas o la creación de clínicas médicas móviles con comisiones de salud comunitarias”.

También se debe, abundó, “vigilar y garantizar el precio justo de los alimentos y productos de primera necesidad; garantizar el acceso a la justicia a mujeres víctimas de violencia familiar con perspectiva intercultural de género, y que el Sistema Educativo Nacional garantice la continuidad formativa de las niñas, niños y adolescentes indígenas en comunidades rurales marginadas, migrantes en ciudades, migrantes jornaleros agrícolas, y afromexicanos, mediante el uso de plataformas digitales con enfoque plurilingüe e intercultural como se establece en el artículo 3º constitucional”.

Planteó, igualmente, “garantizar el tránsito de mujeres y hombres que, por situaciones laborales fuera de la comunidad o por razones indispensables se ven en la necesidad de movilizarse de un lugar a otro, y asegurar la permanencia y acceso a los derechos laborales, y evitar todo tipo de discriminación, racismo social e institucional. Revisar y garantizar la condición laboral de profesionistas, obreras y obreros, artesanas y artesanos, migrantes locales e internacionales y jornaleros agrícolas, que debido al empobrecimiento estructural han tenido que abandonar sus pueblos y comunidades de origen”.

Ante la inminente entrada a la Fase 3 del Covid-19, propuso “revisar y garantizar la no invasión de los territorios por la realización de actividades ilegales de terceros (narcotráfico, minería, madereros, entre otros). Ello porque una política social de no acceso a los territorios indígenas y afrodescendientes, significa creer en el cuidado ético colectivo de sus propias formas de control ejerciendo su autonomía y libre autodeterminación”.

Solicitó, asimismo, “que las medidas preventivas de salud pública implementadas para combatir la propagación de esta enfermedad, sean producidas y difundidas en mensajes claros y oportunos en las lenguas maternas e indígenas, mediante una campaña nacional de información en los medios de comunicación impresos, electrónicos y redes sociales”.

Recomendó que “la campaña de información y alertamiento se lleve a cabo en coordinación con el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), con la participación de los Sistemas Estatales de Radio y Televisión de la República Mexicana, así como con todos los medios públicos y privados del país”.