En 2018, la organización Artículo 19 documentó 22 agresiones a la prensa, ocupando Campeche el noveno lugar nacional. Fueron amenazas, ataques físicos, ataques a bienes materiales, intimidaciones y hostigamientos, así como bloqueo, alteración o remoción de información y una privación ilegal de la libertad.
Por Daniel Sánchez
CAMPECHE, Cam. 5 de abril del 2019.- En el estado de Campeche, bajo la administración de Alejandro Moreno Cárdenas, aumentaron las agresiones a quienes ejercieron el periodismo en el año 2018, para alcanzar la cifra de 22 -ocho de las cuales fueron contra mujeres periodistas-, lo que lo colocó en el noveno lugar entre las 32 entidades federativas del país.
De acuerdo con el Informe Anual 2018: Ante el silencio, ni borrón, ni cuenta nueva, de la organización Artículo 19, 17 de las agresiones documentadas contra la prensa campechana fueron realizadas en contexto electoral (7 el día de la jornada electoral), ocupando el tercer lugar nacional en este rubro, solo detrás de Coahuila y Puebla, con 37 y 25.
Entre los tipos de agresiones, se contabilizaron seis amenazas, tres ataques a bienes materiales, cuatro ataques físicos, un bloqueo, alteración o remoción de información, siete intimidaciones y hostigamientos y una privación de la libertad, siendo los agresores principalmente los servidores públicos.
Este último caso es el del comunicador Miguel Ángel Villarino Arnábar, mejor conocido como Bestiómetro, quien fue mantenido preso durante casi dos meses por órdenes de Moreno Cárdenas y su secretario de Gobierno, Carlos Miguel Aysa González, acusado de rapto de su propio hijo y no pagar la pensión alimenticia. Villarino Arnábar es el periodista más crítico del gobierno estatal.
En el apartado “El asedio a la verdad”, que es el tercer capítulo del Informe, la agrupación civil relata una serie de historias y datos que permiten reconocer a México como el país más violento para ejercer el periodismo en América, al registrar 544 agresiones contra la prensa en 2018.
A lo largo de las páginas de este capítulo, se puede identificar la manera en que la violencia ha penetrado las redacciones y se ha convertido en una forma de vida de las y los periodistas, ocasionando miedo y autocensura. También hacemos una reflexión respecto a la eficiencia de las instituciones que se supone garantizan la libertad de expresión y los retos ante la transformación de la nueva Fiscalía General de la República
Artículo 19 manifestó que “durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, documentó la continuidad de una ola de violencia contra periodistas que se mantuvo al alza, sumando dos mil 502 agresiones del primero de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018, incluyendo el homicidio de 47 periodistas”.
“En paralelo, durante este periodo, las formas de agredir se fueron complejizando cada vez más en contra de quienes ejercen la labor informativa. Además, la recurrencia de los asesinatos y la gran cantidad de agresiones perpetradas contra quienes ejercen la libertad de investigar, recopilar y difundir información sobre los asuntos públicos denotaron la incapacidad de la administración saliente para detener y revertir este fenómeno”, expresó.
“Se suma a este escenario la generación de políticas públicas que contribuyen a la intensificación de la violencia, como es el caso de insistencia en la militarización del país. Esto es evidente con iniciativas como la Ley de Seguridad Interior (LSI) o la creación de una Guardia Nacional por vía de una reforma constitucional con el presidente Andrés Manuel López Obrador”, citó.
“Medidas de este orden, aplicadas de facto en los últimos 12 años, pueden profundizar y prolongar el impacto negativo en el ejercicio de las libertades y derechos civiles, al otorgar a las fuerzas militares la facultad para realizar tareas de seguridad pública”, advirtió.
Aseguró que “la experiencia de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, declarada por Felipe Calderón en 2006, ilustra cómo estrategias como ésta, lejos de disminuir los índices delictivos, terminan generando mayores violaciones a derechos humanos, de modo que, de manera sintomática, las agresiones contra la prensa se siguen acumulando vertiginosamente”.
“En este panorama, sin embargo, no se debe caer en la tentación de considerar la violencia contra la prensa en México como un mero efecto colateral de la violencia estatal y social desatadas en los últimos 12 años. A este respecto, señalamos que la recopilación y difusión de información sobre temas de interés público, sobre todo vinculada a cuestiones de seguridad y justicia, derechos humanos o corrupción, generan una violencia específica, intencionada y dirigida a censurar e inhibir la labor informativa del gremio”, puntualizó.
Afirmó que en ese contexto, Artículo 19 documentó 544 agresiones a periodistas vinculadas con su labor durante 2018. Resaltan de éstas, nueve homicidios contra periodistas y dos más contra voceadores de distintos medios. Asimismo, de éstas, 28 ocurrieron en el primer mes del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, incluyendo el asesinato del periodista Alejandro Márquez en Nayarit.
La organización civil encontró que “las entidades federativas con mayor número de agresiones fueron Veracruz, con 57 agresiones; Coahuila, 47; Puebla, 45; Ciudad de México, 40, y Oaxaca, con 39”.
“Si bien muchas de estas entidades encabezaron la lista de los estados más violentos para la prensa entre 2012 y 2017, a lo largo de 2018 la violencia contra la prensa se desató en regiones en los que no se había presentado con tanta intensidad en años anteriores, como Quintana Roo, con 26; Guanajuato, con 25; Campeche, con 22; Baja California, con 20 y Jalisco, también con 20”, agregó.
“Por otro lado, durante este año, el aumento a agresiones a mujeres periodistas siguió al alza. Mientras que en 2012 —el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto— se documentaron 32 agresiones contra ellas, para 2017 se documentaron 130 y en 2018, 164”, detalló.
“De estas 164, se documentaron 13 ataques con connotación de género y 10 con un componente sexual. Es decir, de 2012 a 2018, hubo un incremento de 512 por ciento en los casos que Artículo 19 registró sobre violencia ejercida contra mujeres periodistas durante ese sexenio”, abundó.
La agrupación insistió en que “los principales agresores contra la prensa continúan siendo los servidores públicos. De la totalidad de 544 agresiones, 230 fueron cometidas por funcionarios, lo cual representa el 42.2 por ciento del total. De éstas, el mayor número de agresiones estuvo encabezado por autoridades estatales, con un total de 95, seguidas por autoridades municipales, de quienes se registraron 92 agresiones y, finalmente, las federales, con un total de 43 agresiones documentadas”.
“Asimismo, en 116 casos, el agresor no pudo ser identificado; en 86 agresiones sabemos que el perpetrador era integrante de un partido político. Los ciudadanos particulares que agredieron a la prensa sumaron 84 y sólo en 28 ataques sabemos que el agresor era miembro de la delincuencia organizada”, apuntó.
Consulta aquí el Informe Anual de Artículo 19:
https://articulo19.org/niborronnicuentanueva/
https://articulo19.org/wp-content/uploads/2019/04/Ante-el-silencio-Informe-A19-2018_PUB.pdf
