El Imco señala que el Poder Legislativo campechano se olvida de cumplir cabalmente con sus funciones de control, fiscalización y contrapeso, ya que no cuenta con un centro de estudios de finanzas públicas y destina 59% menos a la Asecam que a “ayudas sociales”.

Por Daniel Sánchez

CAMPECHE, Cam. 31 de agosto del 2018.- Además de invadir funciones propias del Poder Ejecutivo estatal, con la excesiva entrega de “ayudas sociales”, en lo cual derrocha 70 millones de pesos, el Congreso del Estado de Campeche -al servicio de Alejandro Moreno Cárdenas- se olvida de cumplir cabalmente con sus funciones de control, fiscalización y contrapeso para vigilar a los otros poderes.

El Poder Legislativo campechano no cuenta con “la debida capacidad técnica para detectar con oportunidad variaciones injustificadas de gasto y llamar a la rendición de cuentas a los funcionarios responsables”, al carecer de un centro de estudios de finanzas públicas en su Ley Orgánica, ni en los hechos, como revela el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) en su estudio Informe Legislativo 2018.

El mismo documento señala que el Congreso destina en 2018, 43 millones 947 mil pesos para la Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam), su entidad de fiscalización superior -representando solamente 19 por ciento del presupuesto total del Poder Legislativo-, cantidad que equivale a 59.3 por ciento menos que lo destinado en 2017 para las “ayudas sociales”.

En la base de datos del Informe Legislativo 2018, el Imco precisó también que en el año 2017, el Congreso campechano erogó 75 millones 686 mil pesos a servicios personales (el 40 por ciento del total, que fue de 191 millones 984 mil pesos), que incluyen salarios y prestaciones de los diputados locales y el personal adscrito.

Para materiales y suministros, el Congreso destinó el año pasado siete millones 631 mil pesos (el cuatro por ciento del total); para servicios generales, 37 millones 265 mil (el 19 por ciento) y para transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, 70 millones 27 mil pesos (el 37 por ciento).

“Asimetría presupuestal” y “serias deficiencias”

En sus conclusiones, la organización civil aseguró que “existe una asimetría presupuestal indicativa de serias ineficiencias en la función legislativa”.

“Las legislaturas realizan las mismas funciones, sin embargo, las disparidades en el presupuesto y gasto son relevantes. Esto significa que hay margen para hacer lo mismo con menos recursos financieros y sin comprometer el logro de sus metas”, indicó.

Afirmó que hay “mala planeación del gasto”, porque “los diputados locales se asignan un presupuesto, cuyo monto original varía significativamente en algunos congresos lo que, a menos que ocurra una situación extraordinaria, no tiene justificación pues el trabajo parlamentario sigue siendo el mismo en un ejercicio fiscal”. En el caso de Campeche, en el 2017, la diferencia entre lo presupuestado y lo gastado fue de 12 por ciento.

Hizo hincapié en que hay “invasión de funciones del Ejecutivo y uso indebido de recursos públicos”, porque los congresos ejercen un monto importante de su gasto para ejecutar funciones que no son propias de un legislativo y “mantener esta práctica contribuye a fortalecer el clientelismo político de los legisladores locales”.

Propuestas del Imco

Ante ello, el Imco propone “apegarse al presupuesto de egresos aprobado. Los legisladores locales no deben gastar más de lo que se aprueban originalmente, pues sus funciones no son variables. Incluir en la ley de presupuesto de los estados candados que restrinjan esta mala práctica generará ahorros presupuestarios para los estados”.

También sugiere “evitar el aumento desproporcionado del presupuesto. Año con año, algunos órganos legislativos aumentan el tamaño de su presupuesto a niveles que no corresponden a las tareas de una legislatura. Por ello, los diputados estatales deben ajustar el presupuesto del próximo ejercicio fiscal acorde a la inflación”.

Igualmente, pide “restringir el gasto en ayudas sociales que impliquen el ejercicio de funciones que no son propias de las legislaturas. Las legislaturas locales deben iniciar procesos de austeridad al interior de su administración que reduzca significativamente gastos superfluos y funciones que nos les corresponden”.