El diputado Daniel Sánchez detalla que también falta actualizar la Constitución estatal, con una nueva visión sobre los derechos humanos, descriminalizar el aborto y las drogas, así como garantizar un medio ambiente sano, entre otros temas.

Aún hay muchos temas pendientes. Hace falta modernizar y actualizar la Constitución estatal, a través de un Congreso Constituyente, al persistir referencias obsoletas, como a la Guardia Nacional, inexistente desde hace 100 años en México.

Hace falta un nuevo documento rector que recoja una nueva visión sobre los derechos humanos, que descriminalice el aborto, que respete el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, que legalice las drogas, principalmente la marihuana, para impedir que nos llegue y nos apabulle la tanta violencia e inseguridad que prevalece en el país, por esta causa.

Es indispensable garantizar el derecho a un medio ambiente sano, no que ahora se ciernen amenazas contra el Área de Protección de Flora y Fauna “Laguna de Términos”, con los megaproyectos de un puerto petrolero en Nuevo Campechito y un complejo industrial para la Zona Económica Especial en la Isla del Carmen, y los ciudadanos nos sentimos indefensos.

Falta también aprobar a tiempo las cuentas públicas, no que ahora se incumple la Constitución estatal que, en su artículo 54, establece como facultad del Congreso “revisar y calificar la Cuenta Pública del Estado y las cuentas públicas de los municipios, del año anterior”. Ya estamos a mitad del 2018 y se mantiene sin aprobación la cuenta pública del 2016, cuyo dictamen de la Auditoría Superior del Estado fue entregado al Congreso desde diciembre del 2017.

En este documento sin aprobar, la Comisión de Vigilancia tendría que revisar por qué la administración estatal reclasificó 339.2 millones de pesos de ingresos propios en el 2016, como ingresos federales, como reporta en la cuenta pública del 2017.

En varias leyes, como en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, existen instituciones que solo quedaron en el papel, como el Centro de Estudios Legislativos, que debería existir para hacer estudios que apoyen el trabajo de los legisladores.

Está pendiente, igualmente, desde febrero del 2017, el cumplimiento total de la Recomendación 63/2016 de la CNDH, para sancionar administrativamente, por omisión, al alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, en el bloqueo al Palacio Municipal e incomunicación de al menos un centenar de burócratas y ciudadanos el 20 y 21 de octubre del 2015.