Las mujeres aportan nuevas formas de relación, más horizontales, tiempo, conocimientos ancestrales/IM-Defensoras presenta un informe en la mesa “Miradas feministas frente a las agresiones a activistas y defensoras de los derechos humanos y del medioambiente”
Por Gloria López/SemMéxico/AmecoPress
MADRID, Esp. 24 de mayo de 2018.- Defender los derechos humanos con una mirada feminista es complicado. Las defensoras se enfrentan a presiones, agresiones y ofensas de todo tipo. Por lo que hacen y también por hacerlo siendo mujeres. Las agresiones a las defensoras de derechos humanos se han disparado en los últimos años en México y Centroamérica, según el informe ‘Cuerpos, Territorios y Movimientos en resistencia en Mesoamérica’, de IM-Defensoras, presentado esta semana en Madrid.
En la presentación, compartida entre varias organizaciones que dieron a conocer estudios, informes y puntos de vista, testimonios como el de Sonia Jannete Sánchez, defensora del medio ambiente que se opone a un proyecto urbanístico por sus consecuencias para los bosques en Santo Tomás, en San Salvador, ponen en evidencia la crueldad de quienes “no les importa destruir la vida por llenarse los bolsillos”. El pasado 3 de octubre, la hija de Sonia fue secuestrada durante 4 horas y violada por hombres que le recordaron que lo hacían por culpa de la lucha que estaba llevando a cabo su madre.
El registro elaborado por IM-Defensoras demuestra que en los años 2015 y 2016, el último periodo analizado, hubo un total de 2.197 agresiones a defensoras, un incremento del 30 por ciento respecto al periodo anterior (1.688). De 2015 a 2016 estas agresiones se duplicaron. De acuerdo con el informe, la mayoría se concentran en Honduras, Guatemala y México. En Nicaragua se triplican. En El Salvador disminuyen levemente.
“El aumento de agresiones responde al agravamiento del contexto en la región, marcado por la debilidad del sistema democrático, el aumento de los feminicidios, la impunidad y la criminalización, porque los Estados están protegiendo intereses privados de la industria extractiva”, explica Verónica Vidal Degiorgis, coordinadora del Registro de Agresiones a Mujeres Defensoras de Derechos Humanos de la IM-Defensoras, en entrevista con AmecoPress.
En América Latina la situación es particularmente crítica para las defensoras del medio ambiente y la tierra y para las que promueven los derechos sexuales y reproductivos y de la diversidad sexual. Muchas de ellas realizan su labor en contextos hostiles donde los actores no estatales, como empresas o ciertos grupos religiosos, se alían con gobiernos para silenciar el disenso. La criminalización creciente del trabajo de las defensoras y la carencia de entendimiento de su rol por parte de la opinión pública han contribuido a agravar su situación y a precarizarla.
La presentación del informe de la IM-Defensoras en Madrid se celebró en el evento “Miradas feministas frente a las agresiones a activistas y defensoras de los derechos humanos y del medioambiente”. Y es que es evidente que el trabajo de las defensoras está estrechamente vinculado y afectado por la discriminación de género. “Al comienzo, fuimos muchas organizaciones y personas quienes nos opusimos al proyecto urbanístico del Grupo Roble”, explicaba Sonia en la primera mesa de la jornada, “pero ahora solo nos hemos quedado dos organizaciones, de mujeres”. Para la activista es claro que “defender los derechos humanos y el territorio es defender la vida” y que “la lucha pasa por nuestros cuerpos”.
Mujeres enfrentan un conjunto de relaciones entretejidas por el patriarcado y el machismo
Las defensoras están encabezando las luchas por el territorio, denuncian la violencia, el feminicidio y las desapariciones forzadas. Pero, además, son quienes señalan también la impunidad y la corrupción. Por eso, son cada día más agredidas. La mayoría de las agresiones, más de un 60 por ciento de las registradas, se dieron en forma de intimidación y hostigamiento psicológico, seguido por las campañas de desprestigio y las amenazas. A menudo, según el informe, estos se dan de forma conjunta y se ataca directamente a la vida privada de las activistas, para lo que también se utiliza a sus familiares, sobre todo a sus hijos e hijas, que a veces presencian las agresiones o son usadas para enviarles mensajes con amenazas. Otras agresiones recibidas tuvieron que ver con el uso excesivo de la fuerza, la criminalización, la tortura y las restricciones a su labor.
“El capitalismo por despojo, que está funcionando en nuestros territorios, tiene un planteamiento global”, argumentaba Rocío Silva Santisteban, periodista e investigadora peruana que intervino en la mesa mediante videoconferencia, quien alertaba de la “peligrosa situación que viven las mujeres que enfrentan los intereses de las empresas, que tienen mucho poder”.
Ellas sufren la discriminación y la violencia por el hecho de ser activistas y mujeres: insultos machistas, referencias a su sexualidad, violencia física, acoso y agresiones sexuales, el cuestionamiento de labor permanente al ser culpadas de “desintegrar familias” o no asumir los roles sexistas y el escaso reconocimiento a su activismo. Un 37% de las agresiones registradas tenían que ver con su condición de mujer, según la investigación. “A un hombre no se le juzga como a nosotras, hay una discriminación total de la labor que hacemos”, denuncia Sánchez.
La activista sostiene que es vital estar al frente de las luchas, pero, además, “protegernos” y para ello es vital “el apoyo internacional”. “Las luchas también deben ser globalizadas”, dijo el jueves.
Gobiernos y empresas entre los principales agresores
Esta necesidad de protección y de que la situación que viven las defensoras sea conocida más allá de las fronteras de sus países viene dada entre otras cosas, porque es tal vez la única medida de presión ante sus Gobiernos. Y es que de acuerdo con la investigación de IM-Defensoras, los principales responsables de las agresiones registradas son, en su mayoría, quienes deberían protegerles: los Estados. En el 54 por ciento de los casos, fueron perpetradas por policías, militares o autoridades, tanto a nivel estatal como local. Las empresas y los agentes de seguridad privada estuvieron detrás del 10 por ciento de las agresiones, según el documento.
Es un entramado complejo. En la mesa, presentando el informe ‘El IBEX 35 en guerra contra la vida’ se encontraba Miriam García-Torres, de Ecologistas en Acción, quien explicaba que las transnacionales tienen un poder económico y político mayor que los mismos Estados y que por tanto, “influyen en los marcos normativos”, además de tener “mucha capacidad de construir un imaginario colectivo que les interese” a través de los medios de comunicación, la publicidad y la educación. Es lo que Yayo Herrero, moderadora del intercambio, llamó “sacralización del dinero”, que conduce a un “sacrificio” de los recursos naturales y de la vida de las personas. Es una paradoja: llamar desarrollo a una civilización que se destruye a sí misma.
En ese contexto, las mujeres continúan siendo las más empobrecidas, las que tienen las mayores cargas de trabajo y las que asumen cada vez más responsabilidades para el mantenimiento del hogar frente al fenómeno de la migración de sus convivientes varones en busca de oportunidades. Y muchas veces, a causa de las violencias a la que esta situación las expone, son ellas las que se ven obligadas a migrar junto a sus hijos e hijas.
¿Qué aportan las mujeres?
“En este marco, la lucha de las mujeres tiene un papel fundamental”, dijo Yayo Herrero. Por un lado, a veces su cuerpo se convierte en “campo de batalla”. A la vez, representan “la fuerza más potente y necesaria para la vida”. “Las mujeres están luchando por todas y todos”, concluyó la que es uno de los referentes más importantes del ecofeminismo.
Frente a los ataques, desde IM-Defensoras apuestan por una Protección Integral Feminista, que implica contribuir a incrementar el poder colectivo y territorial de las defensoras para la protección y transformación de sus contextos de defensa de derechos. Esta propuesta utiliza la perspectiva feminista como una herramienta clave para comprender la realidad de la discriminación, las violencias y represión contra las defensoras, sus organizaciones, sus movimientos y sus luchas. Además, incorpora al análisis crítico de estas realidades el ámbito de los derechos que defienden y los actores con quienes interactúan con el objetivo de definir medidas de protección integral para las defensoras, en su diversidad. Este enfoque posiciona la articulación territorial, el autocuidado y el empoderamiento como la base del proceso de protección.
Para ello, apuestan por organizarse en redes para que las mujeres –y sus familias- puedan encontrar apoyo a la hora de denunciar y seguir su proceso. Construyen espacios seguros y de confianza para afrontar el aislamiento y para aprovechar recursos, herramientas y saberes colectivos. Casas de refugio y sanación, explica Verónica Vidal Degiorgis, necesarios para continuar. “La reiteración de las agresiones es del 77 por ciento”, advierte.
Según Sonia Sánchez, las mujeres aportan nuevas formas de relación, más horizontales, tiempo, conocimientos ancestrales, “ponemos la vida y mucha valentía”. “La esperanza está en el poder del pueblo y hay que despertarlo”, dijo.
La mirada del feminismo en los conflictos ecoterritoriales es fundamental, explica Rocío Silva, pues estos conflictos son la expresión de un conjunto de relaciones entretejidas por el patriarcado y el machismo.
“El feminismo aporta mucho a la hora de entender hacia dónde apuntar en la creación de un nuevo modelo”, expuso Miriam García-Torres. Y es que las alternativas solo serán posibles desde “otros imaginarios”.