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11 marzo, 2018 Comentarios desactivados en Declarar emergencia nacional por feminicidio y activar Alerta de Género Mujeres

Declarar emergencia nacional por feminicidio y activar Alerta de Género

Familias de víctimas de asesinato también demandan la atención de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, y denuncian que cada vez más, se utilizan los métodos más crueles, lo que evidencia odio de género.

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de marzo del 2018.- Familiares de víctimas de feminicidios acusaron, en el Senado, a las autoridades de proteger más los derechos humanos de los homicidas que de las familias que perdieron a una madre, hija o hermana, esposa, por crímenes de odio, que se han extendido en calles de las ciudades del país.

Durante el foro Violencia Contra La Mujer, que presidió la secretaria de la Mesa Directiva, senadora Lorena Cuéllar Cisneros, los familiares solicitaron ser atendidos por la Comisión para la Igualdad de Género, a fin de que actúe para revertir el aumento de feminicidios; incremento advertido por estudios internacionales, como La Violencia Feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016, realizado en coordinación con la Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En el estudio, se destaca la preocupación de que los homicidios por género se realizan con mayor frecuencia en las calles y alcanzó 49 por ciento, en 2012; descendió a 35 por ciento, en 2014, y aumenta a 41 por ciento, en 2016.

Otro aspecto que destaca es la crueldad con que se agrede a las mujeres, factor para determinar feminicidio.

“Es más frecuente el uso de medios más brutales para asesinar a las mujeres: en los últimos cinco años los objetos cortantes se usaron 1.3 veces más en los homicidios de mujeres que de hombres. Se recurre tres veces más al ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación, ahogamiento e inmersión, el uso de sustancias y el fuego son el doble que en el caso de los hombres”, señala el documento.

En el foro, Wendy Verónica Vázquez Ramírez; Sacrisanta Mosso Rendón, María de Lourdes Corona Santiago y Arturo Ibarra Serrano, entre otros familiares de mujeres asesinadas, entregaron a la senadora Cuéllar Cisneros una carta, en la cual solicitan a la Comisión para la Igualdad de Género atiendan sus demandas, para que se hagan respetar sus derechos humanos.

Aseguran que los asesinos o imputados, “tienen más derechos que las víctimas. Nuestras leyes los protegen para que nadie atente contra ellos y sus derechos humanos”, por lo que no pueden decir sus nombres ni acusarlos públicamente, mientras no se demuestre su culpabilidad, aun cuando existen pruebas de ésta, o bien de que las investigaciones han sido alteradas”.

Exigieron se declare al feminicidio como una emergencia nacional; la activación de la “Alerta de Género” en todo el país; capacitación de policías, jueces y peritos en materia de género; garantizar al 100 por ciento los derechos de las familias de las víctimas; cumplir con los protocolos y evitar la pérdida de pruebas y contaminación de las mismas.

Flexibilidad de las autoridades fomenta la impunidad

La impunidad es el principal elemento a favor del crecimiento de los feminicidios en México, afirmó la senadora Lorena Cuéllar, al presidir el Foro Violencia Contra la Mujer, durante el cual familiares de las víctimas exigieron a las autoridades de justicia “actúen ya”.

Cuéllar Cisneros subrayó que la ONU Mujeres ha señalado que México registra un elevado índice de asesinatos por género con 7.5 al día, razón por la cual es el país con más recomendaciones en la materia por parte de los organismos internacionales de derechos humanos, “y el que más ha sido omiso en asumirlas”.

La ONU Mujeres refiere que, entre 2007 y 2012, hubo un repunte de 138 por ciento de feminicidios, el más elevado en la historia del país.

Entre 2012 y 2015, se registra una disminución, hasta llegar a 35 casos, valor inferior al de 1985, pero que aún representa casi el doble del de 2007.

En 2016, la tasa aumenta ligeramente por encima de la registrada en 2013, implica un promedio de 7.5 asesinatos de mujeres por día.

Lorena Cuéllar dijo que presidió el foro, como una víctima más del feminicidio: “Hace 15 años viví el asesinato de mi madre, en su domicilio; después de una gran lucha de la familia, nunca pudimos saber la verdad, por eso entiendo el dolor, no es desconocido. El 17 de diciembre de 2002, es la fecha que marcó mi vida, no es nada sencillo seguir día a día luchando para que su memoria no quede impune. Entiendo el reclamo, y lo que pueda hacer, lo haré”.

Magdalena Valverde expuso el asesinato de su hija Fernanda Sánchez Velarde, de 18 años, con cuatro meses de embarazo, en enero de 2014, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Denunció que le negaron el derecho de entrar a la casa de Fernanda, de reconocer su cadáver, sólo se permitió acceder a la familia del esposo, de quién no puede dar su nombre, por motivos de protección de sus derechos humanos.

El acta de defunción fue elaborada por una familiar del esposo, la agente del Ministerio Público, María Díaz, dictaminó suicidio. Cuando finalmente le entregaron el cuerpo de su hija, presentaba golpes y rasguños en todo el cuerpo, y cortes en las venas realizadas después de muerta.

Magdalena comenzó a exigir justicia, a participar en marchas; tres años después, sus hijos asisten a una fiesta en Cuautitlán Izcalli, donde fueron “levantados”, se localizan y capturan a tres sospechosos, a los que las autoridades policiacas del Estado de México pretenden dejar en libertad.

Aroldo Jiménez de la Cruz denunció que su hija de 15 años, Daniela Jiménez Covarrubias, fue asesinada, en octubre de 2016, en Montemorelos, Nuevo León; sufrió seis heridas de arma punzo cortante en la cara y cuello, golpes en la cabeza y fractura de los dedos de las manos.

Diego “N”, compañero de la escuela de Diana se declaró culpable del asesinato; hasta febrero de 2017 fue sujeto, mediante procedimiento abreviado, sólo a dos años en un internamiento de menores; pero el 31 de agosto de ese mismo año fue trasladado a la Ciudad de México, pues la familia pretende que le sea reducida la condena, “por buena conducta”.

“La pregunta es ¿por qué el sistema de justicia penal es tan favorable frente a delitos tan graves? ¿Por qué se argumenta que son menores de edad, para que queden impunes estos asesinatos?”, cuestionó Aroldo Jiménez.

Rosa Isela Rivero García, cuestionó también la flexibilidad de las autoridades, al relatar que su hija Fátima Quintana Gutiérrez, de 12 años, fue asesinada en febrero de 2015, en Lerma, Estado de México.

Los tres presuntos responsables, los hermanos Luis Ángel y Misael Ataide Reyes, y José Juan “N”, estaban drogados al momento de violarla y dañarla con decenas de heridas punzo cortantes, arrancarle un ojo, y romperle la dentadura.

Fueron detenidos por el pueblo que quería lincharlos, pero los padres de Fátima pidieron los entregaran a las autoridades. Sólo los hermanos fueron sentenciados a cinco años de prisión, “y el que maquinó la violación y feminicidio, fue puesto en libertad por la juez Jeannette Patiño García, tras la intervención del Colegio Sierra Nevada”.

Rosa Isela y su familia fueron desplazadas del Estado de México, porque se encuentran amenazados de muerte.

En el foro también participaron Francisco Javier Romagnolli Luna, Rosa Isela Rivero García, y la periodista Frida Herrera, quienes también dieron testimonios de feminicidios y desapariciones forzadas.

 

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