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26 enero, 2019 Comentarios Desactivados en Demandan a AMLO garantías a libertad de expresión e información Ciudadania

Demandan a AMLO garantías a libertad de expresión e información

Artículo 19 llama a iniciar un “diálogo con el nuevo gobierno, los gobiernos locales, los distintos poderes y los organismos autónomos que dé lugar a un Estado de libertades donde todas y todos podamos participar”.

Por Daniel Sánchez

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de enero del 2019.- La organización Artículo 19 insistió en que “México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina, donde los niveles de violencia a los que se enfrentan quienes buscan informar son sólo comparables con aquellos países en situación de guerra declarada, como Siria”.

“El nuevo gobierno debe satisfacer las necesidades de libertad que requiere cualquier persona en un país que aspira a llamarse democrático, es decir, las libertades de expresión, información, participación política, asociación y reunión como derechos que permiten ejercer otros derechos y que cierran las brechas sociales”, significó.

Por esto, Artículo 19 dijo que “fija las siguientes pautas para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información, basadas en los más altos estándares internacionales de derechos humanos, con el fin de iniciar un diálogo con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los gobiernos locales, los distintos poderes y los organismos autónomos que dé lugar a un Estado de libertades donde todas y todos podamos participar”.

Específicamente, se pronunció por la libertad de las y los periodistas, por el derecho de las mujeres a expresarse y recibir información, por el derecho al uso del espacio público para protestar, por el derecho a la libertad de información de todas y todos, por la promoción de medios libres y la información plural, por el derecho a la libertad de expresión e información en el ámbito digital y por el derecho a la verdad y el deber de recordar.

Al dar a conocer el documento “Pautas sobre libertad de expresión e información en el nuevo gobierno”, la agrupación civil, con 11 años de operar en México, citó que “a lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto, se registraron dos mil 375 agresiones y 47 asesinatos, y solo en 2018, documentó, hasta el 31 de julio, 389 agresiones, de las cuales 185 se dieron en el marco de las campañas electorales”.

“De manera paralela, las agresiones contra las mujeres y personas pertenecientes a pueblos indígenas que ejercen su derecho de acceso a la información y/o el periodismo permanecen invisibilizadas, abonando a la normalización de discriminación y violencia por motivos de género, adscripción étnica y de clase”, puntualizó.

Artículo 19 manifestó también que “aunado a esto y a pesar de los avances institucionales para garantizar la libertad de expresión e información, los cambios legislativos e institucionales han sido meramente cosméticos o simplemente no han sido implementados de manera cabal”.

“Muestra de ello, fue la aprobación de la llamada #LeyChayote, misma que derivó de un fallo de la Corte que buscaba regular el uso y asignación de la publicidad oficial bajo los parámetros del artículo 134, octavo párrafo de la Constitución Política”, agregó.

“El resultado fue una ley que normaliza las malas prácticas que permiten el control de los medios, promueve la censura sutil o indirecta y limita el acceso a la información de la sociedad”, asentó.

“Además, como correlato, encontramos que las leyes que criminalizan el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información proliferan en diversas entidades federativas. En principio existen una serie de normas que criminalizan la libertad de expresión, como lo son los llamados delitos contra el honor (en siete estados, entre ellos Campeche), las leyes anti halconeo (en 22 estados, entre ellos Campeche), o los delitos de ultrajes y faltas a la autoridad (en 24 estados, entre ellos Campeche)”, detalló.

“También encontramos que hay al menos 15 leyes vigentes en diversas entidades federativas que restringen el uso del espacio público para ejercer el derecho a la protesta social, ya sea habilitando el uso indiscriminado de la fuerza en manifestaciones y reuniones públicas, o bajo una sesgada óptica en la que prepondera el derecho a la movilidad frente a otros derechos como la libertad de expresión, reunión, asociación y participación política” (Como en la Ley de Vialidad de Campeche), apuntó.

Política de Estado para protección de periodistas

La organización civil también tocó el tema del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y manifestó que “con una amplitud de atribuciones, facultades y competencias legales, se ha enfocado en proteger la integridad y la vida de aquellos/as periodistas que solicitan medidas de seguridad física y, sin duda, ha logrado que las agresiones en contra de la mayoría de sus beneficiarios/as se disminuyan o neutralicen, aunque existen casos en que su función ha sido factor de re-victimización”.

“Sin embargo, el Mecanismo se ha convertido en una entidad meramente reactiva, dada la falta de construcción e implementación de medidas de prevención que deriven en una política de Estado en la materia. Artículo 19 ha señalado que la sustentabilidad del Mecanismo se pone en entredicho, en la medida en la que las agresiones se expanden a todo el territorio nacional y aumentan en variedad, e intensidad, pues se necesitan medidas más costosas económica y socialmente, como la extracción de las personas de sus lugares de origen”, abundó.

“La falta de recursos deriva en otras falencias como la falta de personal capacitado y de garantías para el trabajo de los/las analistas de riesgo. Cada vez son más las y los periodistas y personas defensoras que buscan protección, y también son más los recursos necesarios para cumplir con la labor”, indicó.

Igualmente, se refirió a la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión y mencionó que “cinco años después del fortalecimiento de su marco jurídico, los resultados han sido muy limitados”.

“A pesar de las reformas constitucionales y legales para mejorar su marco de actuación, la dependencia de la procuración de justicia al Poder Ejecutivo, la falta de independencia de los servicios periciales, la ausencia de capacidades técnicas de investigación para trazar hipótesis de investigación enmarcadas en contextos complejos de macrocriminalidad, la incapacidad para indagar sobre la autoría mediata/intelectual y responsabilidades de la cadena de mando, todo esto aunado al arraigo de prácticas burocráticas nocivas que revictimizan a las personas denunciantes y se enfocan en la mera integración formal de expedientes voluminosos, ha vuelto imposible hablar de la efectividad, exhaustividad, objetividad, autonomía e imparcialidad de las investigaciones”, advirtió.

“Por otro lado, no podemos olvidar las violaciones a derechos humanos, algunas de ellas graves, cometidas contra manifestantes, personas defensoras de derechos humanos y periodistas en protestas sociales que tuvieron lugar en la Ciudad de México durante 2012, 2013 y 2014; en Chalchihuapan, Puebla (2014); en Nochixtlán, Oaxaca (2016); o en diversos estados del norte y centro del país durante el contexto del “Gasolinazo” (2017). En el caso específico de las y los periodistas, tenemos registrado que durante 2017, fueron agredidos 51 en el contexto de protestas sociales”, citó.

Estado debe ser capaz de rendir cuentas

Respecto a la transparencia y acceso a la información, Artículo 19 expuso que “a pesar de que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2015) estableció obligaciones de transparencia, la mayoría de sujetos obligados, locales y nacionales, no las cumple y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha retrasado los procesos de verificación y sanción, que dan pauta al cumplimiento efectivo de esta provisión”.

Además, añadió, “la estrategia de acceso a información está completamente centrada en herramientas digitales, lo que inhibe la posibilidad de que comunidades indígenas, en particular mujeres, puedan ejercer su derecho a la información y, así, a otros derechos como la alimentación, salud, educación, entre otros”.

Asimismo, comentó, “la falta de cumplimiento de compromisos en materia de transparencia en materia del ejercicio de la facultad de vigilancia, sumado a los casos documentados en contra de periodistas y personas defensoras llevó a que el Núcleo de Sociedad Civil de la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA), de la cual forma parte Artículo 19, rompiera con el diálogo dentro del Secretariado Técnico Tripartita de la AGA en 2017, situación que se ha extendido debido a la falta de una política pública eficaz que prohíba este ejercicio ilegal y promueva controles judiciales; así como a la falta de una investigación independiente y exhaustiva”.

“Hoy nos pronunciamos, por el derecho que tenemos todas y todos a expresarnos, informarnos a participar en la vida pública. Hoy reconocemos que el mismo Estado que impulsó leyes de transparencia y creó instituciones de avanzada para garantizar el acceso a la información, ha sido incapaz de rendir cuentas”, expresó.

“Vemos con indignación cómo la verdad y la memoria sobre hechos atroces cometidos en los últimos 50 años, incluida la absurda “guerra contra el narcotráfico”, han sido ocultados, negados, o tergiversados. También observamos un bloqueo de información de interés público a través de un mal uso de la protección de datos personales en archivos históricos. Lamentamos que el avance democrático se trunque mediante un sistema viciado de medios de comunicación que dependen en gran medida del presupuesto de publicidad oficial del gobierno, consolidando una relación proclive al control estatal de los contenidos periodísticos”, aseveró.

“No es posible lograr un cambio ético-político radical sin medios de comunicación críticos e independientes, que se conciban como contrapoder, como una herramienta para el combate a la desigualdad y la pobreza. Un nuevo sistema democrático debe apostar por la justicia, la verdad y la memoria. Una sociedad activa y participativa requiere de instituciones de gobierno transparentes y organismos autónomos que garanticen el pleno acceso a la información pública; y espacios de deliberación, manifestación y movilización pública libres de miedo y represión”, estableció.

Consulta aquí el documento completo:

https://articulo19.org/wp-content/uploads/2019/01/Manifiesto-article19-02.pdf

 

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