El diputado por Morena, Ariel Juárez, asevera que el esquema de corrupción con el que opera el gobierno federal no es ajeno a la actividad agrícola, como señaló la ASF, y lamenta que se deje fuera de créditos, apoyos o beneficios a microproductores.
CIUDAD DE MÉXICO, 7 de marzo del 2018.- El esquema de corrupción con el que opera el gobierno federal no es ajeno en el campo y prueba de ello es el destino incierto de más de mil millones de pesos asignados a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), según las últimas observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF), lo cual debe aclarar esa dependencia, señaló el diputado federal por Morena, Ariel Juárez Rodríguez.
El también presidente de la Comisión Especial de Alimentación de la Cámara de Diputados aseveró que la Sagarpa ha ejercido de manera indebida los recursos públicos en lugar de destinarlos al impulso agrícola.
Esta situación, agregó, ha provocado que decenas de microproductores de Hidalgo, Chiapas y Michoacán, entre otros estados, se vean obligados a utilizar aguas residuales para el riego de las áreas de siembra, cuyo método puede salinizar la tierra y perjudicar las cosechas.
Ante de iniciar la sesión ordinaria de dicha Comisión, lamentó que esos pequeños agricultores no hayan tenido acceso a créditos, apoyos económicos o beneficios de programas sociales, debido a que no son reconocidos por la propia Sagarpa y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), ni censados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
“Tampoco pueden acceder a ninguno de los programas gubernamentales porque no están reconocidos. Y la vez que se acercaron ellos con el delegado de Sagarpa allá en Michoacán, lo primero que hizo fue pedirles dinero”, reclamó.
En ese contexto, señaló que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, la dependencia a cargo de José Calzada Rovirosa aún no comprueba el destino de más de mil millones de pesos, ni aclarado cómo y por qué razón se duplicó el padrón de campesinos y productores, ya que incluso hasta personas ya fallecidas aparecen como beneficiarios.
“Este es el esquema que maneja el gobierno federal de corrupción, que al final del día aterriza en el sector alimenticio”, lamentó el legislador federal de Morena.
Juárez Rodríguez declaró que aunque existen instancias federales para promover el campo, sus políticas sociales se convierten en botines políticos. Ejemplo de ello, aseveró, es que el programa Procampo apoya con 90 pesos por hectárea a campesinos, mientras que latifundistas o personas fallecidas reciben hasta 200 mil pesos para sus proyectos.
