La Función Pública hizo 8 auditorías a la administración de Alejandro Moreno y halló irregularidades en el ejercicio de recursos de convenios de reasignación del 2018, principalmente con la SCT, que ahora tiene que “aclarar, justificar o devolver” su sustituto Carlos Miguel Aysa.
Por Daniel Sánchez
CAMPECHE, Cam. 15 de febrero del 2020.- Durante el 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP) realizó ocho auditorías a la administración de Alejandro Moreno Cárdenas, determinando irregularidades en el ejercicio de 214.8 millones de pesos, principalmente de convenios de reasignación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
La dependencia federal presentó el Informe de Fiscalización de la Función Pública 2019, en el que revela que hizo 52 observaciones al gobierno de la entidad campechana por anomalías en la aplicación de los recursos de los convenios de reasignación del 2018, que ahora Aysa González tendrá que “aclarar, justificar o recuperar”.
Por el monto observado, el estado se ubicó en el décimo lugar nacional, sólo por debajo de Baja California, con 319.6 millones; Chiapas, con 357.1 millones; Chihuahua, con 262.8 millones; Guanajuato, con 458.5 millones; Sinaloa, con 681.5 millones; Sonora, con 230.2 millones; Tabasco, con 674.2 millones; Veracruz, con 683.2 millones, y Zacatecas, con 392.6 millones de pesos.
El documento también señaló que hasta el 30 de noviembre del 2018, la administración de Moreno Cárdenas tenía pendientes por aclarar, justificar o recuperar 81 observaciones, de las cuales ya fueron atendidas cinco hasta el 31 de diciembre del 2019, quedando pendientes de atender, 76.
La SFP manifestó que “a fin de revisar el correcto ejercicio de los recursos públicos, el cumplimiento de la legalidad y el desempeño de la acción gubernamental, realizó más de dos mil 500 auditorías, que permitieron realizar más de 10 mil observaciones asociadas a más de 544 mil millones de pesos, que han dado origen a más de 400 procedimientos de responsabilidades administrativas o informes de irregularidades determinadas”.
En las auditorías a la operación regional, la Secretaría de la Función Pública expresó que tiene como competencia fiscalizar el debido ejercicio de los recursos federales transferidos a los estados, mediante convenios de reasignación.
“En 2018, el monto asignado para la operación regional de 53 programas fue de 236 mil 430.7 millones de pesos”, citó.
“En este rubro, la SFP fiscalizó ocho programas: salud, educación, carreteras, agua potable, turismo, indígenas, personas con capacidades diferentes, así como cultura física y deporte”, precisó.
Aseguró que “el resultado de la fiscalización reveló irregularidades recurrentes. Al cierre de las auditorías, a los gobiernos estatales les fueron determinadas observaciones por un monto de seis mil 97.9 millones de pesos, que aún se encuentran pendientes de aclarar, justificar o recuperar”.
Detalló que “las observaciones más relevantes son las siguientes: destinar el presupuesto para fines distintos a los pactados (mil 453.7 millones); incumplimiento de la aportación estatal comprometida en los convenios (mil 58.8 millones); erogación de recursos sin acreditar su destino (758.2 millones); ejercicio del presupuesto en forma extemporánea (668.8 millones); falta de documentación comprobatoria del gasto (634.3 millones); inobservancia de disposiciones normativas en materia de adquisiciones y de obra pública (636.7 millones); retenciones por impuestos, derechos y cuotas no enteradas a la autoridad fiscal (278.4 millones); conceptos de obra pagados no ejecutados (248.2 millones); irregularidades en la ministración de recursos (218.7 millones), y otras irregularidades (142.1 millones de pesos)”.
Afirmó que “el programa con mayor riesgo de corrupción y de ineficacia es el destinado a apoyar a las instituciones de educación media y superior. El monto pendiente por aclarar, justificar o recuperar fue de cuatro mil 121.3 millones de pesos, el 67.6 por ciento del total”.
“Las irregularidades más relevantes son las siguientes: incumplimiento de la aportación estatal comprometida en los convenios (mil 292.6 millones); ejercicio de recursos sin acreditar su destino final (727 millones); erogaciones del gasto a fines distintos a los autorizados (572.7 millones); pagos improcedentes por plazas no autorizadas y gastos de operación no autorizados (439.9 millones); retenciones de derechos, no enteradas, por el pago de cinco al millar de las estimaciones de obra (275.8 millones); recursos no devengados ni comprometidos al 31 de diciembre (257.6 millones); falta de documentación comprobatoria del gasto (229.8 millones), y otras observaciones (325.9 millones)”, indicó.
Mencionó, finalmente, que “el gobierno de Veracruz presentó el mayor monto pendiente de aclarar, justificar o recuperar por 683.2 millones, seguido de Sinaloa por 681.5 millones, el 11.2 y 11.1 por ciento, respectivamente, del total”.
Consulta aquí el Informe de la SFP:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/534117/Informe_de_Fiscalizacio_n_de_la_SFP_2019.pdf
