La legisladora por Morena presenta iniciativa para establecer en la Ley de Protección de Adultos Mayores del Estado de Campeche, la obligación del Estado de otorgar créditos blandos a través de Bancampeche u otro programa, y proporcionar servicios básicos gratuitos a refugiados, desplazados o migrantes.

Por Daniel Sánchez

CAMPECHE, Cam. 27 de junio del 2019.- La presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables del Congreso del Estado, Sofía del Jesús Taje Rosales, demandó empoderar económicamente y amparar a los adultos mayores refugiados, desplazados internamente y trabajadores migrantes, con el otorgamiento de servicios públicos básicos gratuitos.

La diputada por Escárcega presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de Protección de Adultos Mayores del Estado de Campeche, a fin de generar políticas públicas para ayudar a este sector de la población, a través de Bancampeche o programas de créditos blandos.

Específicamente, la legisladora por Morena planteó adicionar las fracciones VIII y IX del artículo 5; las fracciones VI y VII del artículo 7; fracción X del artículo 12; artículo 15bis; la fracción XV del artículo 41, y la fracción XIV del artículo 46 de la Ley de Protección de Adultos Mayores para el Estado de Campeche.

Taje Rosales manifestó que “las personas mayores son responsabilidad de todos como sociedad, sin duda alguna lo son primeramente de sus familiares cercanos, pero también hay muchas responsabilidades que como gobierno debemos atender y que hemos olvidado, o mejor dicho, desatendido”.

“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido pronunciamientos al respecto, señalando derechos para nuestros adultos mayores, que deben ser atendidos, siguiendo los tratados internacionales a los que México se ha inscrito y a la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, expresó.

“Según la CNDH, durante la administración de Alejandro Moreno Cárdenas, Campeche tuvo una calificación de 64.21 por ciento, en el avance de la armonización normativa de la legislación estatal en materia de derechos de las personas mayores, principalmente por su falta de atención al empoderamiento económico y a la protección con el estatus de refugiadas, apátridas, internamente desplazadas y trabajadoras migrantes”, indicó.

Expuso que “la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos en la declaración “Envejecer con Dignidad y Derechos Humanos en Mexico: Nuestra Meta”, señala que, en cuanto a seguridad económica, se observan en México amplios sectores de la población en situación de vulnerabilidad económica y social, determinándose la situación económica de las personas mayores, según la posición que ocupan en la estratificación social en función de clase, género, etnia y tipo de localidad”.

“Los datos existentes confirman que tan solo el 31 por ciento de la población de personas mayores recibe una pensión contributiva (ENIGH, 2016) y el 41.1 por ciento se encuentra en situación de pobreza multidimensional (CONEVAL, 2016), denotándose así, la falta de cumplimiento por parte del Estado Mexicano, en cuanto a su deber de garantizar la seguridad económica de las personas mayores”, agregó.

“Ahora con el programa para el bienestar de los adultos mayores, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador busca amparar económicamente a este sector de la población tan desprotegido”, abundó.

Citó que de acuerdo con Mario Enrique Tapia, académico de la UNAM, en México, la población de 60 años o más es un sector social y económicamente vulnerable, pues se estima que cerca del 47 por ciento vive en pobreza, y entre 20 y 30 por ciento sufre violencia física, psicológica, económica o abandono.

“Esta situación representa un reto en términos de políticas públicas y de atención, pues el país atraviesa por un proceso de envejecimiento: actualmente, cerca del 8.9 por ciento de la población –unos 10 millones de personas– son ancianos, pero en el 2050, representarán casi el 30 por ciento”, comentó.

“En los últimos años, se ha invertido en organismos gubernamentales y no gubernamentales para su atención, pero sigue siendo insuficiente para el tamaño de esta población, que es vulnerable social y económicamente”, mencionó.

“Verónica Montes de Oca, otra académica de la UNAM, señala que en la actualidad, las familias mexicanas asumen la responsabilidad de cuidar y proteger a las personas mayores, cuando debe ser competencia del Estado; sus responsabilidades las han depositado en la familia, porque piensa que en su seno se pueden resolver los problemas”, añadió.

Dijo que uno de los orígenes del maltrato es la omisión gubernamental, y la situación es más compleja por la pobreza y desempleo que se vive en el país, la poca seguridad social y, lo más importante, el desconocimiento de la atención que requieren las personas envejecidas.

“A nivel local, el Consejo Estatal de Población (Coespo) estima que para el 2030, el 14 por ciento de la población de Campeche será de adultos mayores, lo que representará más de 150 mil ciudadanos, a quienes se les deben garantizar sus derechos”, advirtió.

La diputada local hizo un llamado a las autoridades estatales para que generen políticas públicas encaminadas a mejorar las condiciones de este grupo social.

“Los gobiernos estatales que no tienen políticas dirigidas a las personas mayores cometen omisión, negligencia y, por lo tanto, discriminación. No podemos seguir dejando a su suerte económica a los adultos mayores, que ya entregaron a la sociedad todo lo que pudieron”, aseveró.

“No podemos dejarlos en el desamparo, porque mañana, muy pronto, nosotros seremos esos adultos mayores a quienes hay que atender”, concluyó.