Guardan un minuto de silencio por la niña Fátima Cecilia/Exhorta a las autoridades a sumar esfuerzos para atender y erradicar el feminicidio/Pide revisar los protocolos de seguridad en el inicio y al término de la jornada escolar

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de febrero del 2020.- La Cámara de Diputados rechazó y condenó todo tipo de violencia, especialmente aquella que se ejerce contra las mujeres y niñas que vulnera gravemente sus derechos humanos, por ello, en voz de las y los legisladores federales, expresó su solidaridad con familiares de las víctimas.

El acuerdo suscrito por integrantes de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aprobado por 447 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, exhortó a todas las autoridades de los distintos órdenes de gobierno a sumar esfuerzos con la finalidad de implantar un plan de acción emergente a fin de prevenir, sancionar y erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres y las niñas, y en especial, atender y erradicar el delito de feminicidio.

A todas las autoridades, representantes del sector social y privado pidió que en el ámbito de su competencia y en amplia colaboración puedan realizar las acciones que sean necesarias para fortalecer las campañas de información, concientización y cultura que prevengan los factores de riesgo que generan violencia personal, estructural e institucional y cualquier otra forma reconocida por la ley en contra de las mujeres y las niñas.

La Cámara de Diputados exhortó a las autoridades educativas federales y de los estados a que revisen los protocolos vigentes y apliquen medidas eficaces para preservar la integridad, seguridad y dignidad de niñas, niños y adolescentes que asisten a las escuelas públicas y privadas, en especial, en el entorno educativo y al inicio y al término de la jornada escolar, con base en el principio del interés superior de las niñas y niños.

Solicitó a todas las autoridades de seguridad ciudadana y las de procuración e impartición de justicia cumplir con sus deberes generales y específicos en materia de derechos humanos para garantizar, tanto el derecho a una vida libre de violencia como los derechos a la vida, libertad e integridad personales, de acceso a la justicia pronta y expedita que aplique perspectiva de género y mecanismos de protección judicial, así como de verdad, reparación del daño y medidas de no repetición a favor de las mujeres.

También llamó a ampliar y actualizar los protocolos de investigación en el desarrollo de las capacidades policiales y del personal encargado de las indagatorias por denuncias de violencia contra las mujeres, de los protocolos en la persecución e investigación de los feminicidios, así como capacitar a todas las autoridades, a las y los agentes del Ministerio Público y al personal con perspectiva de género y derechos humanos y que se abstengan a difundir cualquier información relacionada con las carpetas de investigación, brindando seguimiento puntual y concreto al impacto de esas tareas de capacitación.

Asimismo, el acuerdo pidió impulsar mecanismos, reglamentos y acciones que permitan el acceso pleno a las instancias de justicia a estudiantes, docentes, académicas y trabajadoras, a fin de que en condiciones de libertad y protección puedan denunciar y recibir una investigación efectiva de los delitos relacionados con la violencia de género.

El pleno exhortó a los titulares de las Fiscalías de todas las entidades federativas, para que, en el ámbito de sus competencias y respectivas atribuciones legales, analicen la pertinencia de la creación de fiscalías especializadas en feminicidios.

Solicitó a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, a la Secretaría de Educación Pública, al Instituto Nacional de las Mujeres, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a las autoridades competentes, emprender de manera coordinada acciones para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia de género en las instituciones de educación superior, públicas y privadas.

De igual modo, llamó a todos los sectores, organizaciones y a la ciudadanía en general a participar plural y activamente en la convocatoria nacional para generar propuestas que actualicen el marco normativo para la prevención integral de la violencia de género, el fortalecimiento de las instituciones responsables de su atención, así como la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, derechos humanos que al ser de naturaleza universal, poseen la mayor relevancia en el orden jurídico mexicano para su pleno y permanente ejercicio.

México es un Estado feminicida

Al referirse al acuerdo suscrito por la Junta de Coordinación Política, que rechaza y condena todo tipo de violencia en contra de mujeres y niñas, la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo (PRD) sostuvo que México es un Estado feminicida y que la violación a los derechos humanos es una constante en lo público y en lo privado, conductas que llevan a la impunidad.

La diputada Ana Patricia Peralta De La Peña (Morena) preguntó: “qué más es necesario que pase para aceptar que la violencia contra las mujeres es una epidemia”. Afirmó que no hay lugar en México donde las mujeres “nos sentamos seguras, ni siquiera después de muertas se nos trata con dignidad”. Estimó que hoy más que nunca el Estado debe mandar un mensaje claro de “cero tolerancia”.

De Encuentro Social, la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz enfatizó que “México está viviendo una grave crisis de violencia feminicida”. Resaltó que matar a una mujer cumpliendo al menos una de las siete causales “es feminicidio y los feminicidios son el grado más extremo de las violencias”. Consideró que urgentemente se deben diseñar, implantar y promover acciones efectivas e inmediatas para detener estos terribles hechos.

La diputada Martha Tagle Martínez (MC) destacó: “lo que demandamos son acciones urgentes para acabar con esta violencia que está matando al día a 10 mujeres”. Planteó reunirse con el secretario de Seguridad y Participación Ciudadana para saber qué hará y convocar también a un encuentro con los fiscales de todo el país a fin de saber qué medidas emergentes van a emprender para investigar los feminicidios.

Del PT, la legisladora Claudia Angélica Domínguez Vázquez afirmó que el fondo del problema es la descomposición social que por décadas se instaló, por lo que “tenemos que trabajar para regenerar la vida pública. Si queremos terminar con la violencia debemos educar a los hijos, tenemos que cuidar lo que miran en Internet. Tenemos que trabajar junto con maestros, maestras y padres de familia para dejar una mejor niñez que viva en total plenitud para su desarrollo”.

La diputada Laura Barrera Fortoul (PRI) preguntó cuántas muertes más tiene que haber para gritar ¡basta! y aceptar que esto no es de colores, partidos y culpas, es de responsabilidades y políticas públicas en protección de la niñez. “A dónde se dirige México, en qué momento la autoridad decidió que la popularidad vale más que garantizar una vida libre de violencia. El caso de Fátima exige no ser una cifra más, clama a la unidad nacional y pide a las autoridades responder con altura”.

Del PAN, la legisladora Martha Elena García Gómez exigió resultados, seguridad, justicia y respeto para las víctimas. Consideró necesario priorizar a la niñez, de conformidad con el marco constitucional y realizar acciones que protejan sus derechos. “La violencia contra las mujeres se resuelve con prevención, justicia y acción contundente del Estado. Tenemos que resolver y dar respuesta a la sociedad”.

El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) señaló que la oposición actúa de manera canalla, al usar la tragedia de Fátima para golpear al Presidente. “Es miserable que no entremos a una discusión seria, a fondo, profunda para crear las instituciones que protejan la vida de los mexicanos, por lo que consideró que es tiempo de que dejen de usar de forma partidaria a estas tragedias”.