Rosario Ibarra de Piedra: La búsqueda que no termina

Defensa de derechos, “tarea extremadamente peligrosa”: CIDH

28 febrero, 2018 Comentarios desactivados en En 23 años, más de 1 millón de millones para seguridad y sin resultados Ciudadania

En 23 años, más de 1 millón de millones para seguridad y sin resultados

La CNDH señala que la violencia y la inseguridad existentes demuestran el fracaso del Estado mexicano en materia de seguridad pública, en la inauguración de la Segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia.

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de febrero del 2018.- La inseguridad, violencia e impunidad que se viven, con especial gravedad en algunas regiones de país, son expresión clara de que el Estado mexicano ha fracasado en su función básica de procurar protección a la vida, integridad y bienes de quienes habitamos este país, afirmó el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, quien destacó que las acciones emprendidas y los cuantiosos recursos destinados para atender ese problema no han encontrado la solución en una década, lo que implica violación a los derechos o la posibilidad de que tales vulneraciones se presenten.

“Sin seguridad, jamás habrá una vigencia real de los derechos humanos y sin respeto a estos derechos, las medidas de seguridad que se adopten no podrán ser aceptables, por autoritarias”, “la violencia no reducirá la violencia”, expresó.

Subrayó que sostener que la ley no se aplica, porque los derechos humanos se oponen a ello, es mentira y excusa falaz ante la falta de respuestas pertinentes frente a una realidad que desafía y confronta.

Nuestro país –dijo— requiere seguridad, pero no a cualquier costo, ni por cualquier medio, sino la que corresponde a un Estado Democrático de Derecho, sustentada en el respeto irrestricto a los derechos humanos y en el cumplimiento y aplicación oportuna y debida de la ley.

“Una seguridad que se construye desde un vínculo de confianza, cercanía y cooperación entre autoridades y sociedad civil, concediendo a esta última un papel relevante en los mecanismos de supervisión y control de la misma”, aseveró.

Al participar en la Segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia: Hacia una Política de Estado Centrada en los Derechos Humanos, que inauguró el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, González Pérez enfatizó que los recursos que desde 1996 a la fecha se han destinado al ámbito de seguridad superan el millón de millones de pesos, mientras que los resultados no son siquiera aceptables.

“Lo anterior –apuntó ante todos los reunidos en la Antigua Escuela de Jurisprudencia de la UNAM—, es un indicador claro de que la situación de inseguridad pública que hoy vivimos no es consecuencia de una baja asignación presupuestaria, sino de que no hemos tomado las mejores decisiones en la manera de hacer frente y prevenir que el delito y la violencia crezcan”.

Señaló que recurrir a las Fuerzas Armadas en apoyo a tareas de seguridad de las personas ha ocasionado el abandono de las policías y que el postulado constitucional de seguridad pública esté lejos de ser una realidad en el país, ya que mientras los operativos de la Sedena crecieron 400 por ciento entre 2007 y 2014 y el número de efectivos militares desplegados aumentó en 70 por ciento entre 2007 y 2013, la formación profesional, real y verificable de las policías civiles, así como la dotación de recursos y generación de capacidades no presentaron esas tasas de crecimiento o desarrollo.

Tras mencionar que el gasto federal en seguridad pasó de aproximadamente 130 mil millones de pesos en 2006 a casi 264 mil millones en 2016, refirió que subyace la necesidad urgente de hacer frente y abatir la impunidad y corrupción. Puntualizó que la respuesta a la violencia e inseguridad no radica en reducir o eliminar derechos y libertades a las personas, ni en el uso indiscriminado de la fuerza o la aplicación arbitraria de la ley.

“Nuestro país –aseguró— no podrá contar con la institucionalidad fuerte y legitimidad social que se requiere si cada seis años reinventamos la administración pública y sus mandos se designan bajo criterios políticos o de conveniencia personal, ajenos a parámetros de profesionalismo y eficacia en el servicio”.

Al inaugurar esta Conferencia, el rector Graue Wiechers mencionó que no podrá haber seguridad en México si persiste la impunidad, “ahí que la seguridad, justicia y derechos humanos deben de estar vinculados. Ésta ha sido siempre la única forma de vivir en paz. Por lo que más que una política de Estado, es una obligación del Estado y nuestro deber que así suceda”, añadió.

Dijo que México exige justicia ante la impunidad, donde exista un sistema judicial en que los mexicanos estén exentos del riesgo de ser privados de su libertad, amedrentados o violentados por las mismas instituciones responsables de procurar su seguridad y bienestar. Por ello, la importancia de revisar la nueva Ley de Seguridad Interior, porque si se quieren imponer el orden, marcos legales o procesos institucionales inapropiados se puede perder la legitimidad necesaria para respirar la paz y la confianza que le urgen a México para restaurar su tejido social.

 

Comparte esta nota:

Comments are closed.