La ASF también detecta en 2016 atrasos, pago de obras no ejecutadas, penas convencionales no aplicadas e incumplimiento a la normativa de obra pública en contratos para construir edificios, como el del Servicio Médico Forense en Escárcega o la Sala de Juicios Orales, en Campeche.
Por Daniel Sánchez
CAMPECHE, Cam. 21 de febrero del 2018.- En el 2016, el año en que se dispararon los índices delictivos de alto impacto en Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas no ejerció 26 millones 384 mil 600 pesos de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP).
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que la administración de Moreno Cárdenas “no cumplió con los objetivos del FASP”, por “un saldo pendiente de devengar por 26 millones 384.6 mil pesos, volúmenes de obra pagados no ejecutados y penas convencionales no aplicadas” por un monto de 212.2 mil pesos, a las compañías constructoras contratadas para la construcción de edificios.
Hace dos años, de acuerdo con el “Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016”, hubo un “alza en la tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes de 18.0 por ciento” y precisó que “los índices delictivos del estado presentaron variaciones a la alza con respecto de 2015, en robo de vehículos, 168.5 por ciento; homicidios, 39.3 por ciento; lesiones, 34.7 por ciento y robo a negocios, 21.2 por ciento”.
Al realizar una auditoría financiera con enfoque de desempeño al gobierno del estado de Campeche, el organismo fiscalizador federal expresó que “la Federación transfirió a la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado de Campeche (Sefin) a una cuenta bancaria productiva y específica un monto de 130 millones 579.4 mil pesos de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 2016 en tiempo y forma, la cual administró el ejercicio de dichos recursos; adicionalmente, se generaron rendimientos financieros por cinco millones ocho mil 900 pesos”.
La ASF concluyó que “los recursos del FASP, del estado de Campeche, tuvo una contribución parcial en los objetivos establecidos en la política pública, ya que algunos de los indicadores y metas vinculados con éstos, registran insuficiencias”.
“Lo anterior se estableció como resultado de las observaciones financieras establecidas durante los trabajos de auditoría, como son: la inoportunidad en el ejercicio de los recursos del fondo, que al 31 de diciembre de 2016 y a la fecha de la auditoría, sólo devengó el 54.2 y 83.6 por ciento, respectivamente”, puntualizó.
La Auditoría manifestó que “revisó una muestra de 101 millones 812.2 mil pesos, que representó el 78 por ciento de los 130 millones 579.4 mil pesos transferidos al estado, mediante los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal”.
“Al 31 de diciembre de 2016 y 31 de mayo de 2017, la entidad federativa no había devengado un monto de 59 millones 829.3 mil pesos y 22 millones 83.3 mil pesos, que representó el 45.8 y 16.9 por ciento de los recursos del fondo, respectivamente”, reiteró.
“En el ejercicio de los recursos, la entidad fiscalizada registró inobservancias a la normativa principalmente en materia de destino de los recursos que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 212.2 miles de pesos, que representó el 0.2 por ciento de la muestra revisada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes”, apuntó.
Precisó que “los recursos del fondo se asignaron principalmente a las siguientes dependencias: a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ); al Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP), al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), al Centro Estatal de Control de Confianza (CECC), y el Centro de Prevención y Readaptación Social (CERESO); la mayor asignación de recursos fue para la SSP, con 42 millones 136.7 mil pesos; a la PGJ, 31 millones 103.7 mil pesos; al SECESP, 22 millones 671 mil pesos; al TSJ, 20 millones de pesos; al CERESO, 13 millones 926.9 mil pesos; y al CECC, 741.2 miles de pesos”.
La administración de “Alito” intentó aclarar o justificar el subejercicio y el daño a la hacienda pública, pero “el oficio número SC/DGAG/EASF/2017/03435, de fecha 28 de julio de 2017, mediante el cual se presenta información con el propósito de atender lo observado” resulto insuficiente.
“Derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 4, 10 y 11 se consideran como no atendidos”, asentó.
A detalle, los recursos del FASP
Sobre el destino de los recursos, el organismo fiscalizador expuso que “al gobierno del estado de Campeche le fueron transferidos 130 millones 579.4 mil pesos del FASP 2016, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de mayo de 2017, se reportaron como devengados 70 millones 750.1 mil pesos y 108 millones 496.1 mil pesos, montos que representaron el 54.2 y 83.6 por ciento, respectivamente, de los recursos transferidos, por lo que a dichas fechas, existían recursos por devengar por 59 millones 829.3 mil pesos y 22 millones 83.3 mil pesos, que representaron el 45.8 y 16.4 por ciento, respectivamente; así como cinco millones ocho mil 900 pesos de rendimientos financieros generados, de los cuales se devengaron 707.6 mil pesos, para un total pendiente de devengar por 26 millones 384.6 mil pesos”.
Ante esto, la ASF hizo un pliego de observaciones, en el que señala que “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 26 millones 384 mil 583.09 pesos, por la falta de aplicación de los recursos y rendimientos financieros correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, que el gobierno del estado de Campeche deberá demostrar la aplicación de los recursos no devengados a la fecha de la revisión en los objetivos del fondo, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal y las leyes locales aplicables”.
Atrasos y pagos de obras no ejecutadas
En el programa de implementación y desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios, la Auditoría Superior de la Federación “constató mediante la revisión de los contratos, con números SEDUOPI-SSOP-039-2016 y LO-904012996-E45-2016, que se presentó un atraso en la conclusión de los trabajos y no se aplicaron las penas convencionales por 28.4 mil pesos. Adicionalmente, de los contratos con números LO904012996-E45-2016 y LO-904012996-E46-2016, se realizaron pagos de volúmenes de obra y que no fueron ejecutados por 183.8 mil pesos”.
Ante ello, se emitió el pliego de observaciones, en el que “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 212 mil 156.83 pesos, más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del Fondo, por la falta de aplicación de penas convencionales por el atraso en los trabajos de los contratos números SEDUOPI/SOP/AD/045/2016, SEDUOPI/SOP/AD/039/2016”.
“Adicionalmente, de los contratos números LO-904012996-E45-2016 (construcción del Servicio Médico Forense en Escárcega) y LO-904012996-E46-2016 (construcción de sala de juicios orales en Campeche), se realizaron pagos de volúmenes de obra y que no fueron ejecutados; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación”, indicó.
SDUOPI incumple normativa de obra pública
También mencionó que “con la revisión de las operaciones llevadas con cargo al FASP 2016, se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de obra pública, que consisten en lo siguiente:
- a) De los contratos de obra números SEDUOPI/SOP/AD/045/2016, SEDUOPI/SOP/AD/036/2016, no se acreditó la garantía de vicios ocultos.
- b) Del contrato de obra número SEDUOPI-SSOP-039-2016, no se acreditó la estimación finiquito, ni el acta de entrega-recepción.
- c) Del contrato número LO-904012996-E45-2016, no se acreditó la estimación finiquito.
- d) De los contratos de obra números LO-904012996-E46-2016 y LO-904012996-E45-2016, no se acreditaron las actas de entrega-recepción”.
Ante esto, se inició la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria “para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión incumplieron la normativa en materia de obra pública”.
Consulta aquí el informe completo de la ASF:
http://informe.asf.gob.mx/Entrega3/Documentos/Auditorias/2016_0605_a.pdf
