DDHPO emitió alerta temprana para la población de Unión Hidalgo/Se oponen a la instalación de un segundo parque eólico.

Por Nadia Altamirano/SemMéxico

OAXACA, Oax. 24 de junio de 2018.- La polarización social y el proceso electoral en puerta elevan el nivel de complejidad y riesgo que la sociedad civil identifica en el municipio de Unión Hidalgo, donde la empresa Electricité De France (EDF Group) busca instalar un parque eólico.

El coordinador del área de Justicia Trasnacional de Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), Juan Antonio López Cruz, celebró que en días recientes la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) haya emitido una alerta temprana por este caso.

Aclaró que esta medida no es exclusiva para las personas a quienes desde hace siete años acompañan en la defensa del territorio, sino para toda la comunidad a quien con anterioridad la DDHPO le otorgó medidas cautelares.

“La actuación del gobierno debe ser exclusiva para garantizar la seguridad de la comunidad, donde una gran parte es defensora de los derechos humanos, aunque hay algunos que apoyan y otros no la llegada de un segundo parque eólico”, precisó.

En 2010, la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex) instaló el primer parque eólico en Unión Hidalgo de 23 que existen en la región del Istmo de Tehuantepec. Fueron los abusos, engaños e incumplimientos de empresas y autoridades lo que llevó a los indígenas zapotecas del Istmo a defender su territorio y buscar acompañamiento de organizaciones como ProDESC.

Consulta, mero trámite empresarial

El proyecto eoloeléctrico de EDF Gunaa Sicarú comenzó con la firma de contratos de promesa de renta de tierras comunales, logró los permisos de la Comisión Regulatoria de Energía y debía empezar a desarrollarse el 1 de diciembre de 2017.

La realidad es que la empresa EDF ha visto la consulta como “un mero trámite y no como un derecho”, e incluso se presiona a la comunidad de apoyar la llegada del nuevo parque a cambio de que reciban apoyos para la reconstrucción de sus casas, “una obligación” que no terminan de asumir las autoridades.

López Cruz advirtió que la defensa de los derechos humanos en la región es cada vez más peligrosa porque se va en contra “de empresas con capitales altos” y “autoridades o representantes que tienen algún interés en apoyarlas”.

Tanto empresas como autoridades utilizan tácticas constantes de engaño o “compra” de los principales opositores y cuando “la defensa de la tierra es real” se tienen que recurrir a otras acciones como la violencia, como lo han documentado organismos internacionales en varias partes del mundo.

El riesgo ha aumentado porque han impedido que se instale un nuevo parque, han presentado diversas demandas y logrado amparos. Desde el 2014, el permiso de la comisión regulatoria de energía establecía que el parque se tenía que empezar a desarrollar el primero de diciembre de 2017 y la operación total el 1 de enero de 2019, se suponía tendría que haber una consulta previa, pero la realidad es que la empresa EDF inició la firma de contratos de promesa de renta en tierra que por decreto presidencial es comunal.

La empresa ha querido engañar a la genta para crearles supuestas escrituras públicas para firmar contratos de arredramiento.

A la fecha, ya tiene la medida de impacto ambiental y después piensan iniciar un proceso de consulta, ya no es un derecho, es un mero trámite, lo que hizo cuestionarse si la consulta estaba apegada a derecho.

Desde enero de 2017, la autoridad municipal anunció que iba a iniciar la consulta y las autoridades federales decían que abril y mayo la realizarían, pero no ocurrió así por la oposición de un sector de la comunidad. Intentaron iniciarla en marzo de 2018, por eso se presentaron varios amparos y una queja en la CNDH que derivo en la suspensión y una medida por falta de condiciones sociales y de seguridad en la comunidad de una consulta que fuera libre, sobre todo porque ya había permisos otorgados en la comunidad.

Llamar la atención

Como una manera de llamar la atención de las autoridades para que garanticen la seguridad de la comunidad, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió la semana pasada una alerta temprana, la segunda en este año y la número 35 desde el 2012.

El visitador general de la DDHPO, Juan Rodríguez Ramos, especificó que el Estado debe reforzar la seguridad en la comunidad y sobre todo evitar agresiones, incluyendo a las y los defensores comunitarios.

La alerta temprana fue emitida al gobernador Alejandro Murat; a las secretarías General de Gobierno; de Asuntos Indígenas; de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable; y de Seguridad Pública, así como a la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo y a la presidencia municipal Unión Hidalgo.

“Existe un riesgo, tanto para quienes defienden los derechos humanos, como para población en general”, advirtió.

El riesgo se incrementa porque hay un proceso electoral concurrente que incluye la renovación del ayuntamiento, la inconformidad por la falta de resultados en la reconstrucción tras los sismos de septiembre pasado y de quienes pueden estar a favor y en contra del nuevo proyecto eólico.

Medidas cautelares de la CNDH

Saber que la empresa Eólica de Oaxaca S.A.P.I. de C.V., filial de la transnacional francesa EDF, instalaría una nueva central eoloeléctrica en su territorio, hizo que la comunidad de Unión iniciara una nueva defensa y lograra que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) les otorgara medidas cautelares para suspender la consulta.

La Secretaría de Energía, a través de la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial, debió suspender el procedimiento de consulta convocada para el 11 de abril del presente año, así como el otorgamiento de las suspensiones provisionales y definitivas por parte del Juzgado Primero de Distrito con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, de la consulta y sobre la suspensión de la construcción de la central Gunaa Sicarú.

Para la coordinadora del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos (Código DH), Sara Méndez Morales, en torno a los parques eólicos existen grupos de interés y de poder que impulsan los proyectos que tienen una historia larga.

Si en años recientes se empezó a cuestionar abiertamente su implementación por el incumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas a la consulta.