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1 marzo, 2018 Comentarios desactivados en Espionaje en México, seria violación al derecho a la privacidad: ONU Ciudadania

Espionaje en México, seria violación al derecho a la privacidad: ONU

El Relator de la ONU, Michel Forst, señala que la vigilancia computarizada a defensores de derechos humanos, políticos, periodistas y activistas, conocido como #GobiernoEspía, también viola las libertades de expresión y asociación.

Por: R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de marzo del 2018.- El relator especial sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos de las Naciones Unidas, Michel Forst, calificó al espionaje a defensores de derechos humanos, políticos, periodistas y activistas, conocido como #GobiernoEspía, como una “seria violación al derecho a la privacidad y las libertades de expresión y asociación”.

De acuerdo con el informe del relator, surgido de su visita a México en 2017, Forst consideró como un nuevo y preocupante reto a la vigilancia secreta y sin supervisión de los defensores de derechos humanos.

Forst ve especialmente grave el uso de Pegasus en un contexto de débil supervisión judicial sobre la recolección, almacenamiento y compartición de datos personales obtenidos a través de la vigilancia digital, como en el contexto mexicano.

El relator especial reiteró el llamado al gobierno mexicano, hecho en julio de 2017, junto con otros cuatro relatores, para que garantice una investigación imparcial e independiente del caso #GobiernoEspía, ante las denuncias de vigilancia ilegal.

Un nuevo reportaje del diario The New York Times, publicado el 20 de febrero de 2018, reveló que la investigación del caso no había avanzado, que había perdido el apoyo del gobierno estadounidense por su falta de seriedad y que las autoridades mexicanas se habían rehusado a realizar importantes indagatorias a petición expresa de los denunciantes.

El 28 de febrero, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales presentó una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), firmada por 43 organizaciones internacionales, para apoyar la petición de que se haga un análisis preferente de una denuncia contra México por violaciones al derecho a la privacidad.

El reporte del New York Times

El 20 de febrero, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales dio a conocer que el diario The New York Times publicó un nuevo reportaje que revela la nula disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) para investigar a los autores de los intentos de espionaje con el malware Pegasus.

El texto, firmado por el periodista Azam Ahmed y publicado el 20 de febrero de 2018, señala que oficiales de Estados Unidos se negaron a respaldar la solicitud de apoyo hecha por el gobierno mexicano, por el temor a que su involucramiento fuera explotado por las autoridades mexicanas como un mecanismo de credibilidad.

También indicaron que, para responder las preguntas enviadas por la PGR, “apenas y era necesario un título básico de ciencias computacionales o informáticas”.

Al ser cuestionado sobre el avance de las investigaciones, el gobierno indicó que la pesquisa se encuentra en la etapa de “fase de agotar todas las líneas de investigación”. Sin embargo, el reportaje indica que las autoridades no han identificado qué funcionarios públicos utilizaban el programa, ni han visitado las instalaciones donde se alojaba el equipo de espionaje.

El texto también desmiente que la PGR se encuentre en contacto permanente con los investigadores del Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, instancia que realizó el análisis forense que expuso el uso de la infraestructura de Pegasus.

De acuerdo con John Scott Railton, investigador sénior del grupo canadiense, apenas han sostenido una reunión con las autoridades mexicanos y no ha existido un seguimiento posterior a dicha cita.

Otro de los cabos sueltos de la investigación es que la PGR no ha interrogado a Tomás Lucio de Zerón, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR.

Lucio de Zerón ha sido vinculado a la adquisición del malware Pegasus, además de haber sido responsable de la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero.

En julio de 2017, se reveló que un teléfono de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) –un equipo de investigadores internacionales asignado a supervisar la indagatoria del caso Ayotzinapa– recibió intentos de espionaje con Pegasus.

A la fecha, la PGR tampoco ha revisado los servidores desde los que se empleaba el software. Según NSO Group, firma israelí fabricante de Pegasus, los contratos son realizados a partir de la venta de un número específico de licencias, por lo que el sistema debe contar con un registro de cada ocasión en que ha sido utilizado.

La PGR insiste, por su parte, que requiere los teléfonos de las víctimas para someterlos a análisis, pese a que los antecedentes –la investigación sobre espionaje a opositores políticos en Panamá– demuestran lo contrario.

Para las personas que han sido objetivo de estos intentos de espionaje, esta inacción confirma sus sospechas de que la PGR es incapaz de investigarse a sí misma.

“Si no pasa nada, eso envalentona a quienes tienen este tipo de tecnología a seguir usándola de manera ilegal”, declaró Luis Fernando García, director ejecutivo de R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, a The New York Times.

Asimismo, Mario Ignacio Álvarez, otrora subprocurador de la PGR, apuntó que “lo más probable es que los actores políticos que usaron este software están frenando la investigación para que no progrese”.

El cuatro de diciembre de 2017, los relatores para la libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), David Kaye y Edison Lanza, respectivamente, pidieron al gobierno mexicano garantizar la independencia de la investigación.

Las víctimas de espionaje también han propuesto la creación de un panel de expertos independientes que conduzca las indagatorias y ayude a encontrar a los responsables.

 

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