Malas investigaciones derivan en impunidad para víctimas y familiares/Imagen del archivo de CIMAC

Por Hazel Zamora Mendieta/Cimacnoticias

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de abril del 2018.- De 2014 a 2017, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) documentó en 22 estados de México un total de 8 mil 904 mujeres asesinadas, pero únicamente un 24 por ciento de los casos (2 mil 188) fueron investigados como feminicidio.

Ayer, el Observatorio Ciudadano del Feminicidio, formado por 40 organizaciones civiles, presentó en conferencia de prensa su último informe “Implementación del tipo penal de feminicidio en México: desafíos para acreditar las razones de género”.

La tipificación del feminicidio se inició en 2010, las primeras entidades en incluir este delito en sus Códigos Penales fueron Guerrero y la Ciudad de México; más tarde, en 2012, el feminicidio quedó asentado en el Código Penal Federal y describe siete razones de género para acreditarlo:

Sin embargo, indica el OCNF en su reporte, aunque algunos estados retomaron este tipo penal, otras hicieron sus propias versiones con circunstancias subjetivas imposibles de acreditar.

Esto sucede en 13 entidades del país: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Durango, donde se pide demostrar “la intencionalidad del agresor” particularmente los motivos de “odio o aversión hacia las mujeres”, lo cual es innecesario ya que el delito de feminicidio siempre se realiza de forma dolosa, recuerda el OCNF.

O bien, en otros casos, no se considera la relación que existe entre la víctima y victimario, ni los contextos de violencia previa que vivían las mujeres. Como resultado, en Aguascalientes, por ejemplo, la Procuraduría local reportó al Observatorio solo un feminicidio de los 12 asesinatos de mujeres ocurridos de 2015 a 2016.

En 19 entidades restantes, contar con una definición clara de las razones de género no asegura que los casos se acrediten e investiguen como feminicidio por parte de las autoridades.

De ahí que 2014 a 2017, de los 6 mil 297 asesinatos de mujeres, únicamente 30 por ciento, mil 886 casos, fueron indagados como feminicidio, de acuerdo con información que proporcionaron las Fiscalías y Procuradurías de 25 estados al OCNF, por medio de solicitudes de información.

De estos casos clasificados como feminicidio, la mayoría de las mujeres tenían entre 21 a 30 años de edad. Un tercio, fue hallada asesinada en su hogar y el resto en lugares públicos (carreteras, terrenos baldíos, hoteles, bares, restaurantes). Las formas de asesinato fueron brutales, tales como golpes, estrangulamientos, quemaduras, mutilaciones, envenenamiento y armas de fuego.

Por su parte, la red de organizaciones de la sociedad civil que conforman al Observatorio del Feminicidio documentó en 22 estados de México un total de 8 mil 904 mujeres asesinadas, solo 2 mil 188 investigados como feminicidio.

El OCNF destaca que las Procuradurías siguen sin registrar mayor información de las víctimas; por ejemplo, en 2017 en Sinaloa, de las 85 mujeres asesinadas, la Procuraduría local desconoce en 94 por ciento de los casos al victimario; y en Jalisco, ocurre en 54 por ciento de los 153 asesinatos registrados de 2014 a 2017.

Además, la organización especializada en feminicidio agrega que la tipificación de este delito es insuficiente si no va acompañada de un protocolo acorde a los estándares más altos de investigación “ya que se requieren diligencias específicas para acreditar las razones de género establecidas en el tipo penal”, indicaron.

No obstante, encontraron que seis entidades no cuentan con protocolos especializados para la investigación del feminicidio: Baja California Sur, Durango, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas y Tlaxcala.

El resto de los estados que cuentan con protocolo, no los actualizaron a los estándares de debida diligencia y perspectiva de género con la sentencia que dictó en 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el caso Mariana Lima Buendía, en el que precisa que todas las muertes violentas de mujeres (incluyendo presuntos suicidios o accidentes) deben investigarse como feminicidio.

“La ruta de la impunidad”

El Observatorio Ciudadano del Feminicidio no solo ha dedicado su labor a la documentación de los asesinatos de mujeres en el país, acompaña legalmente a las víctimas y en este documento lo plasmaron a través del testimonio 14 madres y familias de jóvenes asesinadas, quienes además de recordar los anhelos de sus hijas, ayudaron a trazar la “Ruta de la Impunidad”, es decir, las violaciones de derechos y negligencias que enfrentaron en el proceso de búsqueda de justicia.

El primer obstáculo es la resistencia de las autoridades ministeriales para reconocer, y por lo tanto, investigar el asesinato como feminicidio. A esto le continúa la revictimización, a partir de la difusión de imágenes e información –filtrada por las autoridades- sobre las víctimas a medios de comunicación, en las que se expone la forma que fueron encontradas, las desacreditan con el uso de estereotipos de género o bien las criminalizan.

Una vez en el proceso de investigación del feminicidio, el manejo del lugar del hallazgo y la pérdida de evidencias es un factor constante, seguido de los errores en dictámenes periciales, los cuales tienen inconsistencia sobre cómo ocurrieron los hechos y no existe un análisis del contexto de violencia estructural contra las mujeres en el que se encuentran inmersos estos asesinatos.

En los casos que son judicializados, la organización encuentra que las sentencias no son emitidas con perspectiva de género, pues se reclasifican los casos de feminicidio a homicidio o se justifica la violencia ejercida por los agresores.

Por último, en experiencia del Observatorio, señala que no se garantizan los derechos de los familiares de las víctimas para coadyuvar en las investigaciones, no se les proporciona asesores jurídicos que les brinden atención adecuada y el derecho a la reparación integral es inexistente.

Durante la presentación de este informe estuvieron presentes las madres y hermanas de víctimas de feminicidio que participaron en su elaboración, de Lesvy Berlín Osorio Rivera, Victoria Pamela Salas, Mariana Lima, Nadia Muciño Márquez, Karen Sánchez Gochi, María Jun Borrego, entre otras.