La Comisión Nacional exhorta a autoridades del Estado mexicano que se implementen medidas para que no se perpetúe el quebranto del ingreso de las y los pensionados del ISSSTE y les sea respetado y garantizado su derecho a la seguridad social y otorgamiento de su pensión.

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de marzo del 2021.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las autoridades del Estado mexicano a implementar las medidas legislativas o administrativas que sean necesarias, a fin de que sea garantizado y respetado el derecho a la seguridad social de las personas jubiladas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en relación con el otorgamiento de su pensión, para que gocen de una vida digna.

El organismo nacional manifestó su preocupación de que se perpetúe la vulneración al ingreso de las y los trabajadores pensionados del ISSSTE, con la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se cuantifique el tope máximo de la pensión jubilatoria con base en Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no en salarios mínimos.

De igual forma, la CNDH consideró que esta circunstancia representa un detrimento significativo en las percepciones y, por supuesto, en la satisfacción de diversas necesidades de los trabajadores.

Señaló, además, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° constitucional, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

“En el caso particular, resulta crucial atender al principio de progresividad que establece la obligación del Estado de procurar todos los medios posibles para la satisfacción de los derechos, a adoptar las medidas legislativas, judiciales, administrativas, educacionales y sociales para tal efecto y, por supuesto, a la prohibición de cualquier retroceso o involución, aunado a que son derechos que las personas servidoras públicas generaron durante sus años de trabajo, es decir, su titularidad es inherente de su actividad laboral y no así un beneficio adquirido con posterioridad a su relación laboral”, expresó.

La Comisión Nacional observó que dicha interpretación, reitera la situación de vulnerabilidad a las personas a las cuales les sea disminuido su ingreso, además, partiendo del principio de interdependencia de los derechos humanos, pueden existir impactos negativos en el pleno goce de otros derechos como a la salud, a la vivienda o a la alimentación, por mencionar algunos.

En este sentido, la CNDH instó a las autoridades en los distintos órdenes de gobierno a impulsar escenarios que permitan el desarrollo del país y de las personas, con una perspectiva global y de derechos humanos que incentive la inversión, el trabajo formal, la equidad de género y los salarios dignos en el país, así como la creación de mecanismos adecuados para lograr el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos.