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25 junio, 2020 Comentarios desactivados en Estupefactos ante Covid-19, poderes Legislativo y Judicial en Campeche Campeche

Estupefactos ante Covid-19, poderes Legislativo y Judicial en Campeche

Han dejado un gran vacío para que el Poder Ejecutivo estatal, en manos del sustituto Carlos Miguel Aysa, ejerza la autoridad en estos tiempos de pandemia.

Por Daniel Sánchez

CAMPECHE, Cam. 25 de junio del 2020.- A los poderes Legislativo y Judicial de Campeche, los tomó por sorpresa el Covid-19 y a sus titulares, los ha mantenido estupefactos, sin atinar a no dejar un gran vacío y en solitario de ejercer la autoridad al Poder Ejecutivo del Estado, representado por el sustituto Carlos Miguel Aysa González.

De acuerdo con organizaciones civiles, como Visión Legislativa, Transparencia Mexicana y Tojil, Estrategia contra la Impunidad, la Junta de Gobierno y Administración del Congreso campechano, en manos del priísta Ramón Méndez Lanz, no ha sido capaz de implementar las sesiones virtuales en estos tiempos de Covid-19, ni de integrar comisiones legislativas para vigilar la aplicación de los recursos públicos estatales por la emergencia sanitaria.

Transparencia mexicana y Tojil, Estrategia contra la Impunidad, integradas en el mecanismo Susana Vigilancia, señalan también que el Tribunal Superior de Justicia del Estado, presidido por Miguel Ángel Chuc López, se mantiene impávido, y es uno de los pocos que no usan tecnologías de la Información para atender la demanda de justicia.

 

El último reporte de Susana Vigilancia ubica al Congreso de Campeche entre los 30 que no han creado una comisión especial para la sana vigilancia de los recursos destinados al Covid-19, ya que solo dos, Sonora y Coahuila, la han creado.

“Urge que el Senado de la República, la Cámara de Diputados federal y los 30 congresos estatales faltantes se apliquen a usar sus facultades de vigilancia”, indicó.

“Se analizaron las acciones de los 34 órganos legislativos del país (32 congresos locales y dos órganos federales) en términos del uso de sus facultades constitucionales y legales para dar seguimiento puntual de los recursos públicos y las acciones emprendidas tras la pandemia”, expresó.

“Aunque en materia de la emergencia sanitaria han comparecido funcionarios federales y estatales ante el congreso federal y locales, tras 100 días de la declaratoria de emergencia, sólo dos Congresos locales, el de Sonora y el de Coahuila, han creado comisiones especiales de seguimiento específico a temas relacionados con el Covid-19”, puntualizó.

El mecanismo recordó que una de las funciones del Congreso es vigilar las acciones del Poder Ejecutivo, incluso cuando un mismo partido controle ambos poderes. En nuestro país, la Cámara de Diputados y el Senado de la República, así como los Congresos estatales, tienen el mandato constitucional de vigilar y fiscalizar las acciones de los poderes ejecutivos del país.

Explicó que para atender la emergencia sanitaria, el gobierno federal y los gobiernos estatales han requerido suministros para hospitales y centros de salud, recibido donativos, e incluso negociado condiciones preferenciales con otros gobiernos y países para la adquisición de bienes.

“Para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, los gobiernos federal y estatales han activado mecanismos de deuda pública, créditos, apoyos económicos o estímulos fiscales, cuyo origen y destino también deben ser supervisados”, agregó.

“La Cámara de Diputados a nivel federal y los Congresos locales a nivel estatal tienen la obligación de asegurar que los recursos públicos destinados a la crisis sanitaria y económica se utilicen exclusivamente para esos fines”, apuntó.

Paralizados, poderes judiciales de Campeche, Hidalgo y Morelos

En cuanto a los poderes judiciales, Susana Vigilancia manifestó que hasta ahora, sólo Coahuila propone subir sus audiencias por livestream a Youtube para que cualquier persona pueda ver el juicio en materia penal en línea.

Entre los poderes judiciales estatales, hay 10 que cuentan con tribunales virtuales que permiten desarrollar juicios en línea y ocho estados piden firma electrónica FIEL/Firel u otras para acceder a la justicia digital.

Desde que inició el periodo de distanciamiento, algunos poderes judiciales han celebrado audiencias penales por videoconferencia, pero no es el caso de Campeche, que reactivará los plazos judiciales hasta el 30 de junio del 2020.

El Poder Judicial campechano, junto con el de Hidalgo y Morelos, son los únicos totalmente paralizados en el país, pues no han reactivado plazos judiciales, no permite presentación de demandas o solicitudes en línea, el juicio no se puede llevar en línea, ni las audiencias, ni permite publicidad digital de audiencias penales.

“Estamos en un cambio de época y los riesgos de comprometer el acceso a la justicia, entendida como un servicio público esencial para la población, debe convertirse en impulso para desarrollar mecanismos económicos, sencillos, transparentes, abiertos y accesibles al mayor número de personas”, señalaron Transparencia Mexicana y Tojil.

“Al día de hoy, solo el Poder Judicial de la Federación y 14 poderes judiciales estatales han reactivado sus plazos judiciales y habilitado la atención de todos los casos. Los otros 18 poderes judiciales de entidades continúan con suspensión de plazos y solo permiten la recepción de casos urgentes, aunque estos supuestos de urgencia se han ido ampliando”, mencionaron.

“En términos de uso de la tecnología, el Poder Judicial de la Federación permite la tramitación de todos sus casos en línea y a nivel estatal 16 poderes judiciales permiten la presentación de demandas o solicitudes vía remota, mientras que 9 permiten el seguimiento completo de sus casos a través del llamado “juicio en línea”, detallaron.

“El Poder Judicial Federal y 17 entidades federativas permiten el desarrollo de audiencias a través de videoconferencia. No obstante, pese a que las audiencias en materia penal deben ser públicas para todas las personas, al momento solo el Estado de Coahuila prevé normatividad que garantiza esa publicidad”, aseveraron.

Comentaron que como servicio público esencial en momentos donde se prevé un incremento en la conflictividad y la violencia, derivado de la emergencia sanitaria y sus efectos económicos y sociales, el acceso a la justicia penal debe ser transparente a todas las personas.

“La pandemia y sus efectos no pueden convertirse en justificación para limitar derechos sin motivación o fundamento, o de manera indefinida”, finalizó.

 

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