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27 septiembre, 2018 Comentarios desactivados en Frenar violencia contra periodistas, demanda CIDH al Estado mexicano Ciudadania

Frenar violencia contra periodistas, demanda CIDH al Estado mexicano

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condena asesinato del corresponsal chiapaneco, Mario Gómez, el noveno en 2018 “por motivos presuntamente vinculados a la labor periodística”. Profunda crisis afecta derechos humanos y seguridad de comunicadores.

WASHINGTON, D.C. 27 de septiembre del 2018.- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato del periodista Mario Leonel Gómez Sánchez en México e instó al Estado a redoblar esfuerzos para fortalecer sus políticas de prevención, protección y procuración de justicia en los casos de violencia contra periodistas.

De acuerdo con la información disponible, el 21 de septiembre dos personas no identificadas a bordo de una motocicleta asesinaron a tiros al periodista Mario Leonel Gómez. El crimen ocurrió al momento en que el periodista salía de su casa, ubicada en el municipio de Yajalón, estado de Chiapas. De acuerdo con los reportes, el periodista habría recibido varios impactos de bala.

El periodista era corresponsal de El Heraldo de Chiapas, diario de la Organización Editorial Mexicana (OEM), y se dedicaba a informar sobre diversos temas; entre ellos, cuestiones políticas. Asimismo, habría recibido amenazas en años anteriores y la última denuncia fue presentada en 2017. De acuerdo con información oficial, la Fiscalía General del Estado habría dispuesto medidas de protección ante esas amenazas, aunque no se especifica qué medidas se adoptaron y hasta cuándo se implementaron.

La Fiscalía de Chiapas manifestó en un comunicado de prensa que “condena enérgicamente” el asesinato. Además, señaló que la Fiscalía “[c]onsciente de la importancia del periodismo libre, reitera su compromiso de agotar todas las líneas de investigación que permitan esclarecer este reprobable crimen y llevar ante la justicia a los responsables”.

De acuerdo con información oficial publicada por la Fiscalía, esta institución inició la carpeta de investigación y el desahogo de las diligencias “en cumplimiento a los protocolos en la materia por lo que la Fiscalía a su cargo atrajo la indagatoria” y un grupo especializado del Ministerio Público y peritos se trasladó al lugar donde ocurrió el asesinato.

Además, señaló que “como parte del desahogo de las diligencias, personal ministerial analizó las imágenes retomadas de un circuito de video vigilancia donde se logró ubicar el momento en el que dos sujetos a bordo de una motocicleta pasan frente a la casa de la víctima, siendo el pasajero de atrás quien acciona un arma de fuego, mientras la motocicleta continúa en movimiento”.

El fiscal Luis Alberto Sánchez Sánchez mencionó en el comunicado, “a partir de las pruebas con las que cuenta esta autoridad ministerial, podemos determinar que la primera línea de investigación es la labor periodística, por lo que se llevan a cabo todas las acciones conducentes para esclarecer este reprobable crimen, para que los implicados sean llevados ante la justicia, trátese de quien se trate”. La Fiscalía confirmó en otro comunicado de prensa la detención de una persona y que se podrían presentar otros implicados.

De acuerdo con información brindada por el Estado, la Fiscalía de Homicidio y Feminicidio del Estado de Chiapas, en coordinación con la Procuraduría General de la República, realizó operativos en los que se detuvo a una persona que habría realizado funciones de vigilancia sobre la ubicación de la víctima. Asimismo, según la información provista por el Estado, la persona detenida pertenece a una banda de “narco-menudistas”.

Además, la Fiscalía General del Estado identificó a otra persona sospechosa y no descarta la participación de más sujetos implicados. Por otro lado, se encuentra en proceso, por parte de la Fiscalía Anticorrupción, las investigaciones relacionadas con miembros de la Policía Municipal, con la finalidad de determinar si hubo alguna conducta administrativa o penal relacionada con el hecho.

Con este homicidio, al menos nueve periodistas habrían sido asesinados por motivos presuntamente vinculados a la labor periodística. El 29 de agosto, fue asesinado Javier Enrique Rodríguez Valladares, reportero del Canal 10 de noticias, de Cancún, estado de Quintana Roo.

De acuerdo con el comunicado emitido el 29 de agosto por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, “de manera preliminar se tiene conocimiento que, el camarógrafo se encontraba fuera de su horario de labores y sin uniforme, por lo que, por el momento se descarta que su fallecimiento sea un ataque directo a la libertad de expresión. Sin embargo, están abiertas todas las líneas de investigación para determinar cómo se registró este suceso criminal”.

La Relatoría Especial reconoció los pronunciamientos de las autoridades respecto a los asesinatos de los periodistas y destaca los avances de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) en los procesos de investigación de los homicidios perpetrados contra los periodistas Javier Valdez y Miroslava Breach en 2017.

Sin embargo, esta Oficina volvió a resaltar que México enfrenta una profunda crisis de seguridad que afecta gravemente los derechos humanos y, particularmente, la seguridad de los periodistas. En consecuencia, llama al Estado a redoblar esfuerzos para fortalecer sus políticas de prevención y protección de violencia contra periodistas.

El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

 

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