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1 marzo, 2018 Comentarios desactivados en Ganan amparo histórico y obligan a reabrir caso por feminicidio Mujeres

Ganan amparo histórico y obligan a reabrir caso por feminicidio

La muerte de Yovanna Yaneth fue reportada como suicidio el 26 de mayo de 2013/Yadira Torres Briseño, hermana de la víctima, emprendió un pleito legal con ayuda del Observatorio de Violencia Social y de Género.

Por Redacción/SemMéxico/Diario Digital Femenino

TOLUCA, Edomex. 1 de marzo del 2018.-Se reabrirá el caso de Yovanna Yaneth Torres Briseño, tras cinco años de haberse registrado ante la Fiscalía como suicidio, a pesar de los señalamientos de sus familiares, quienes apuntaban evidencias de muerte violenta, por lo que se exigía se investigara con perspectiva de género y posible feminicidio.

El 18 de enero de 2018, el Octavo Tribunal con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, resolvió el amparo respecto a los actos reclamados a la Agente del Ministerio Público número Nueve, de la Dirección General de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, por la omisión de actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer en el caso específico; y la omisión de garantizar la regularidad en la integración y determinación de la averiguación previa.

La muerte de Yovanna Yaneth fue reportada como suicidio el 26 de mayo de 2013, lo que generó que el Ministerio Público número nueve determinara el no ejercicio de la acción penal contra el esposo de la víctima a quien se le señala como el presunto responsable.

Ante esto, Yadira Torres Briseño, hermana de la víctima, emprendió un pleito legal con ayuda del Observatorio de Violencia Social y de Género, con el cual se logra que el Juez Primero de Distrito señale que hubo una serie de omisiones en las que incurrió la Agente del Ministerio Público número nueve, así como el Tribunal Colegiado en la sentencia del recurso de revisión interpuesto por la familia, donde se pedía que además de investigar con perspectiva de género, se responsabilizara a las autoridades encargadas por las omisiones y negligencias cometidas, las cuales obstaculizaron el acceso a la justicia y a la verdad.

Entre algunas de las omisiones señaladas en la sentencia se encuentra:

– No se tomaron fotografías con acercamientos de todo el cuerpo, del lugar de los hechos y de los objetos utilizados para el supuesto ahorcamiento.

– No existe información que se haya practicado un estudio sobre el objeto constrictor con el que supuestamente se privó de la vida.

– No existen exámenes sobre huellas digitales en el cuerpo de la occisa.

– En el dictamen de criminalística no se tomó en cuenta la posición, huellas ni medidas del taburete que supuestamente utilizó la occisa para ahorcarse.

– No se realizaron pruebas periciales específicas destinadas a determinar si el cuerpo tenía alguna otra muestra de violencia, incluyendo la sexual.

– No se realizó un peritaje en medicina forense, con el propósito de determinar si la occisa presentaba signos o indicios criminalísticos de maltrato crónico anterior a su muerte; es decir, no se analizó si tenía el síndrome de mujer maltratada o el síndrome de indefensión aprendida.

– En el dictamen de necropsia no se mencionó la fractura de la tráquea de la occisa; ni se apoyó en material fotográfico.

– No se protegió la escena del crimen ni el cuerpo.

– No hay material probatorio que sustente el dicho de su esposo.

– No consta que se hubiera practicado un dictamen psicológico al esposo de la occisa.

Por parte del OVSGA, se puntualiza tratarse de una sentencia histórica que hace visibles las fallas de las autoridades en cuanto a la falta de investigación con perspectiva de género de las muertes violentas de mujeres, niñas y adolescentes en el Estado. Además, responsabiliza directamente al Ministerio Público por estas omisiones y abre un parteaguas en la búsqueda de justicia y verdad para las mujeres asesinadas.

“Exigimos que toda muerte violenta de una mujer, en donde también se encuentran las reportadas como suicidios, se investiguen como feminicidios y señalamos que es responsabilidad de las autoridades que las familias tengan acceso a la justicia, a la verdad, así como a una debida y oportuna diligencia”.

 

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