El auditor superior de la Federación, David Colmenares, señala que la entrega de apoyos debe ser oportuna y sin opacidad, y que es necesario incluir un capítulo sobre emergencias sanitarias.
CIUDAD DE MÉXICO, 11 de junio del 2020.- Ante integrantes de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Rogelio Colmenares Páramo, sugirió modificar las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para que los apoyos sean oportunos y se elimine la opacidad.
Además, a fin de incluir un capítulo para emergencias sanitarias porque se va a tener que aprender a vivir con una epidemia. Asimismo, que los estados, en la medida de sus posibilidades, formen sus propios fondos con aportaciones vinculadas al peso fiscal; es decir, que aporten un máximo de 25 por ciento y los municipios el 5 por ciento, agregó.
Durante una reunión virtual, la presidenta de la instancia legislativa, diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández (Encuentro Social), destacó la importancia de conocer las acciones de fiscalización al Fonden y al Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden) emprendidas por la ASF.
En su participación, el auditor Colmenares Páramo se comprometió a seguir trabajando en el Fonden, porque es un tema central para la ASF.
“Hay un consenso para que sobreviva. No podemos, obviamente, desparecer un Fondo como éste; tenemos nada más que perfeccionarlo, mejorarlo y darle oportunidad”, indicó.
Por ello, resaltó la pertinencia de aprovechar la coyuntura de la crisis para “hacer un nuevo Fondo, otro tipo de instrumento presupuestal con nuevas reglas de operación, sin dejar de reconocer la importancia que ha tenido para atender los efectos de los desastres naturales”, porque México es una zona de terremotos, inundaciones y sequías.
Ante lo inédito y que nunca creímos vivir a causa del impacto de la pandemia, consideró que deben asignarse recursos presupuestales para enfrentar emergencias sanitarias, que podrían sumarse a los del Fonden, lo que permitiría cambiar que la aportación del Fondo, en el ámbito federal, estatal y municipal, sea de acuerdo con el peso fiscal, consideró.
Colmenares Páramo informó que la ASF avanzó tecnológicamente al crear un área de inteligencia, desde donde es posible hacer auditorías electrónicas a través de un buzón y otras herramientas.
Emilio Barriga Delgado, auditor especial del Gasto Federalizado en la ASF, dijo que la iniciativa de reforma a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios estableció como una de sus obligaciones la previsión de recursos para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal por la ocurrencia de desastres naturales.
“Esta ley no contempló jamás que habría una pandemia en el país, y el Fonden tampoco contempla el caso específico que estamos viviendo, que es el de una emergencia epidemiológica”, expuso.
Gerardo Lozano Dubernard, auditor especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, indicó que el Fonden fue establecido por el gobierno federal a finales de la década de los noventas como mecanismo presupuestario de atención a los daños ocasionados por fenómenos naturales.
Asimismo, es un instrumento que permite disponer de fondos a entidades y municipios de escasos recursos, afectados. Asimismo, la fiscalización que se deba ejercer al Fondo permitirá dar seguimiento a la correcta aplicación de los recursos.
Coincidió con los legisladores en que se deben fortalecer las reglas de operación. “Lo que uno requiere en una emergencia es tener los recursos lo antes posible, que haya oportunidad de su entrega; tener más control sobre quienes aplican los recursos y la manera en que se deben ejercer y transparentar”.
Agustín Caso Raphael, Auditor Especial del Desempeño de la ASF, señaló que la fiscalización superior a la aplicación de los recursos del Fonden mostró que es necesario rediseñar la forma en que se realiza y acredita el diagnóstico, evaluación, control, seguimiento y verificación de la reconstrucción y la rehabilitación de los sectores dañados, además de actualizar los protocolos de atención, a fin de garantizar que la población afectada sea asistida oportunamente.
Señaló que se debe evaluar, mejorar y sistematizar en su totalidad el Registro Catastral y el Registro Público de la Propiedad para que haya seguridad jurídica y se tengan los mecanismos para identificar inmuebles de alto riesgo en cuanto su ubicación geográfica, entre otras cosas.