Miguel Ángel Lozada era el titular de la empresa subsidiaria que llegaría junto con Petróleos Mexicanos a Ciudad del Carmen. Signó convenio por 82.9 millones con la UPCH, de Cárdenas, Tabasco, que subcontrató a 7 empresas “fantasmas” o irregulares, que no cumplieron con los servicios y desaparecieron los recursos.

Por Daniel Sánchez

CIUDAD DEL CARMEN, Cam. 31 de enero del 2019.- A menos de dos meses de haber sido nombrado, Miguel Ángel Lozada Aguilar, fue separado de su cargo en la dirección general de la empresa subsidiaria de Petróleos Mexicanos, Pemex Exploración y Producción (PEP), por estar involucrado en el magno desvío de recursos bautizado como La Estafa Maestra.

PEP es la compañía que acompañará al corporativo de Pemex en la instalación de las oficinas centrales en Ciudad del Carmen, como ofreció a mediados de diciembre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en una visita a la Isla, para anunciar el Plan Nacional de Producción de Hidrocarburos.

De acuerdo con la investigación periodística de Animal Político, Lozada Aguilar -quien habría llegado al puesto al calor de la secretaria de Energía, Rocío Nahle García- comenzó a trabajar en la empresa productiva del Estado en 2002.

En 2014, cuando fungía como administrador del Activo de Producción Cantarell, adscrito a la Subdirección de Producción Región Marina Noreste de Pemex Exploración y Producción, signó el convenio 422082806, para entregar 82.9 millones de pesos a la Universidad Popular de la Chontalpa, con sede en Cárdenas, Tabasco, para recibir servicios de asistencia técnica en materia de perforación y producción de pozos petrolíferos.

A su vez, la UPCH dio más de 80 millones de pesos a siete empresas que no cumplieron con los trabajos, y cobró una ‘comisión’ de un millón 982 mil pesos. Entre las compañías, está Maheca S.A.  de C.V., cuyos socios accionistas son prestanombres, como el conserje Francisco N., de una escuela en una ranchería pobre de Tabasco.

Las otras dos presuntas accionistas, Ofelia del Rosario Arce y Alejandra Pinete, no fueron localizadas.

Las otras seis empresas, denominadas Logistic Peninsular S.A. de C.V.; Apa Investments S.A. de C.V.; Construcción, Suministros y Arrendadora Lomax; Pacific Asistence S.A. de C.V.; Pen Comerce S.A. de C.V.; y Global Baker Oil S.A. de C.V., fueron clasificadas como “fantasmas” por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El otro involucrado de PEP

Héctor Salvador Salgado Castro, hasta hoy subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de PEP, como gerente de proyecto de Desarrollo Ayatsil-Tekel, en la subdirección de Desarrollo de Campos de PEP, signó el convenio 428813823 con el Instituto Superior de Comalcalco, por un monto de 90 millones 213 mil pesos.

La encargada de desaparecer 83.9 millones de los recursos fue la compañía Integrated Reservoird Management de México S.A. de C.V., que no cumplió y tenía entre sus socios a prestanombres de zonas pobres de Villahermosa, Tabasco. La escuela de Comalcalco cobró una “comisión” de 6.3 millones de pesos.

Salgado Castro, quien trabaja en Petróleos Mexicanos desde 1987, llegó a ocupar el cargo en 2017 de gerente de Administración de Proyectos.

También fue beneficiada la Unacar

Luis Galván Arcos, gerente de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística de Pemex, es el tercer involucrado en La Estafa Maestra, y estando como gerente de Suministros y Servicios Administrativos de Regiones Marinas en PEP, signó cuatro convenios, por un monto de 176 millones de pesos.

Uno de los contratos fue con la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar), con sede en Ciudad del Carmen, y los otros con la Universidad de la Chontalpa y el Instituto Tecnológico de Comalcalco. Los recursos fueron a dar a manos de nueve compañías “fantasmas” o irregulares, que los desaparecieron.

Entre las empresas favorecidas están MC Tecnologies S.A. de C.V., Global Baker Oil y Ruvari SA de CV, consideradas por el SAT como “fantasmas”, y otra vez aparece Maheca S.A. de C.V.

La SFP comprobó desvíos

En su conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que iba a pedir que los tres funcionarios petroleros dejaran sus cargos, mientras se termina la investigación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) sobre sus casos.

“No podemos nosotros tolerar nada que tenga que ver con corrupción, ni siquiera aceptar sospechas. El mandato que tenemos es acabar con la corrupción y con la impunidad y es cero corrupción y cero impunidad. No vamos a proteger a nadie, no vamos a tapar ningún acto de corrupción”, puntualizó.

En un comunicado, la SFP dio a conocer que los análisis de La Estafa Maestra confirman la participación de tres funcionarios de Pemex Exploración y Producción en la firma de 25 convenios que presuntamente resultaron en desvíos de recursos.

Entre los principales hallazgos de la Secretaría, “se desprende que el modus operandi de los convenios celebrados dispersaba los recursos recibidos, a través de subcontratar a instituciones públicas de educación superior que, a su vez, subcontrataban a otras empresas, lo que contravino el artículo 75 de la Ley de Petróleos Mexicanos y el 134 Constitucional, ya que permitieron la elevación de precios y no aseguraron las mejores condiciones para el Estado mexicano”.

“El análisis arrojó que las empresas beneficiadas de los recursos del Estado están ligadas a los propios servidores públicos o personas cercanas a ellos eran socios directos. Además, se localizaron empresas “fantasmas” o que simularon la realización de trabajos”, apuntó.

También mencionó que la SFP auditará al Órgano Interno de Control de Pemex Exploración y Producción para determinar si la autoridad fiscalizadora llevó a cabo diligencias correspondientes para detectar irregularidades o si hubo omisiones o negligencia de su parte.

La SFP expuso también que realizará auditorías a los convenios firmados después de 2013 señalados por la Auditoría Superior de la Federación como parte del esquema de la Estafa Maestra, para identificar a otros posibles funcionarios relacionados. Se realizarán también auditorías aleatorias sobre otros convenios en PEP y otras filiales de la empresa productiva.

Finalmente, citó que la SFP presentará ante la Fiscalía General las denuncias que resulten por probables delitos derivadas de las investigaciones que ya se iniciaron. En caso de detectarse probables hechos irregulares pudieran estar prescritos en el ámbito administrativo, no sería así en la esfera penal por lo que se harán del conocimiento de las autoridades competentes.