El ombudsman nacional, Luis Raúl González, señala que es necesario replantear las políticas públicas en materia de seguridad y justicia, ante los altos niveles de inseguridad, violencia e impunidad, pero asegura que no será con el uso de la fuerza.

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de marzo del 2018.- Ante los inaceptables niveles de inseguridad, violencia, impunidad y corrupción que se viven en el país, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, planteó la urgencia de revisar y replantear nuestras políticas públicas en las áreas de seguridad y justicia, que deben realizarse de manera integral y multidisciplinaria, tomando como premisa el respeto y defensa de los derechos humanos de víctimas, servidoras y servidores públicos de esas áreas y de todas las personas.

“Centrar en el uso de la fuerza las esperanzas de que en México alcancemos verdadera seguridad y justicia es una perspectiva errónea”, puntualizó, en clara alusión a la Ley de Seguridad Interior, tan cuestionada legalmente por la sociedad civil mexicana, porque significa legalizar la militarización en tareas de seguridad pública.

Al clausurar la “Segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia: Hacia una Política de Estado Centrada en los Derechos Humanos”, González Pérez aseguró que México tiene una institucionalidad débil, por lo que es preciso desvincular la integración y operatividad de nuestras instituciones de coyunturas políticas o de cualquier otra índole.

“Requerimos estructuras burocráticas profesionales y capacitadas, que garanticen y den certidumbre a las personas sobre su operatividad y eficiencia, con independencia de quien asuma la titularidad de una dependencia o del Poder Ejecutivo”, advirtió.

El ombudsman nacional consideró posible revertir la situación que enfrentamos, pero se requiere reconocer la existencia de los problemas y actuar de manera decidida para solucionarlos, para recuperar la tranquilidad, detener la inseguridad, impunidad, dolor, violencia y muerte que atravesamos. Propuso apostar por el respeto de los derechos humanos, la paz y la legalidad como pautas que marquen nuestro futuro.

Tras mencionar que se debe fortalecer la cultura de la legalidad en autoridades y sociedad para lograr un México en que se exijan los derechos y se cumplan obligaciones, y donde la observancia y aplicación de la ley no se negocie o se realice de manera selectiva, dijo que no podemos seguir apostando a la reacción y al uso de la fuerza sobre la prevención. “La violencia no acabará con la violencia”.

Planteó los puntos concluyentes a que llegaron los 100 expertos y académicos de México, España, Brasil, Argentina, Alemania, Colombia, Reino Unido y los Estados Unidos de América participantes en el evento realizado en la Antigua Escuela de Jurisprudencia en la Ciudad de México, entre los que señaló que los problemas de inseguridad y violencia no pueden desvincularse de otras realidades y problemas que tiene nuestro país.

Aseguró que es preciso revindicar y fortalecer los derechos de las víctimas para lograr seguridad y justicia, y señaló que frecuentemente son invisibilizadas y revictimizadas por el propio sistema, lo que ha propiciado que se vea a las autoridades con desconfianza. Por ello, propuso que la revisión y reestructuración de nuestro sistema de inteligencia sea una prioridad, ya que está dividido, con poca coordinación y niveles de capacitación, profesionalismo y control de confianza que no serían los deseables.

En el combate a la impunidad y a la corrupción, señaló que se requiere atención urgente y prioritaria; explicó que en cada tema que se analizó aparecieron como elementos, que tienen incidencia negativa en los mismos, la impunidad y la corrupción, problemas que inclusive se clasificaron como endémicos, sistemáticos y que provocan muchos daños y víctimas. La corrupción viola derechos humanos y contribuye a que sean inoperantes nuestras instituciones y se vulnere el Estado Democrático de Derecho.

Luis Raúl González afirmó que las conclusiones y propuestas derivadas de los trabajos de esta Segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia: Hacia una Política de Estado Centrada en los Derechos Humanos, se integrarán a un documento que se entregará a candidatos y autoridades con el ánimo de que considere prioritario el tema en sus agendas, así como la opinión informada, objetiva y plural expresada en este encuentro.

Por su parte, la Abogada General de la Universidad Nacional Autónoma de México, Mónica González Contró, expresó que en esta conferencia se reflexionó sobre algunas de las preocupaciones más sentidas de la sociedad mexicana y se generaron propuestas para conformar una agenda de seguridad basada en derechos humanos.

Entre las primeras conclusiones, destacó que la situación actual de seguridad y justicia en México es preocupante; que lo que distingue una política de seguridad y justicia en un Estado democrático de derecho de una autoritaria, es el respeto irrestricto a los derechos humanos y colocar en el centro a las personas por encima de las instituciones, y las decisiones que se tomen para disminuir la violencia y la impunidad deben ser democráticas, inclusivas, holísticas e incluyentes.

En su momento, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte, expresó “es posible buscar la seguridad a través de las instituciones y de métodos autoritarios; y es posible hacerlo como nosotros lo proponemos, que se haga a través de instituciones orientadas en clave democrática y decantadas hacia la agenda sustantiva de los derechos de todas y todos”.